Los ánimos cambian rápido en Teherán. En octubre del año pasado, el gobierno iraní presentó una dura carta a las Naciones Unidas en respuesta a la solicitud argentina de juzgar a los oficiales iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la AMIA en la cual acusaba a Buenos Aires de cooperar con grupos terroristas -“en particular con la conocida Organización Muyahidin Jalq” (¿¡conocida por quién, además de Ahmadinejad!?)- decía que la comunidad musulmana “continúa aislada y discriminada en la Argentina”, pedía que las autoridades desistan “de reiterar las improcedentes hipótesis y lugares comunes inventados”, e instaba a que se protegiesen “los derechos fundamentales” de los iraníes acusados. Unos nueves meses más tarde, el gobierno-ayatollah ofreció a la Argentina participar en un “diálogo constructivo” y extendió la cooperación para “aclarar las circunstancias” de un atentado que la fiscalía nacional atribuyó al propio Irán. La propuesta era tan transparentemente falsa y provocativa que AMIA y DAIA emitieron un comunicado conjunto afirmando, correctamente, que las declaraciones iraníes “no resultan creíbles”.
