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La noche del tres de marzo pasado, cuatro “neonazis” chilenos, encabezados por un matón apodado Pato Core, encontraron tumbado en las cercanías del Parque Borja, de Santiago, a Daniel Zamudio, un joven y activista homosexual de 24 años, que trabajaba como vendedor en una tienda de ropa. Durante unas seis horas, mientras bebían y bromeaban, se dedicaron a pegar puñetazos y patadas al maricón, a golpearlo con piedras y a marcarle esvásticas en el pecho y la espalda con el gollete de una botella. Al amanecer, Daniel Zamudio fue llevado a un hospital, donde estuvo agonizando durante 25 días al cabo de los cuales falleció por traumatismos múltiples debidos a la feroz golpiza.

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Una explosión dañó, por decimocuarta vez desde la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak, un tramo del gasoducto que suministra gas natural a Israel y Jordania. El atentado terrorista tuvo lugar en el norte de la península de Sinaí, a la entrada de la ciudad de Al Arish, ubicada sobre la costa del Mediterráneo. Habitantes de la localidad dijeron que escucharon una fuerte explosión.

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En la edición de “El Escolar” (suplemento para niños del diario “El País” de Montevideo) del pasado 4 de abril se hace mención a la Pascua. Tanto la judía (denominada Pesaj) como especialmente la cristiana. Más allá de ciertas inexactitudes que “podrían pasar”, se dice en relación a la Pascua cristiana en dicha publicación (pg. 10), entre otros conceptos los siguientes (las cursivas en este artículo son personales): “Jesús…en el primer día de esa festividad cenó con sus discípulos. Al día siguiente fue apresado y llevado ante el gobernador romano, Pilatos, que no lo encontró culpable. Sin embargo, el pueblo judío proclamó su crucifixión porque no creía que fuera ‘el enviado’ que habían estado esperando.”

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Los motivos para incluir un vez más a Venezuela son, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe presentado en Washington, por una parte «estructurales», referidos a cuestiones como «modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos» en el país, en particular la ya anteriormente criticada Ley Habilitante. A ello se une, agrega, la «provisionalidad» de jueces y fiscales en Venezuela o el «uso abusivo del Derecho Penal y la afectación a la libertad de expresión». Además se dan «situaciones coyunturales» como las «graves situaciones de inseguridad ciudadana» y la violencia en los centros penitenciarios, añade la CIDH, que entre sus recomendaciones prioriza que Venezuela garantice el «pleno ejercicio de los derechos políticos» de todos los venezolanos y se «abstenga de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política».

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