PCHR, el Centro Palestino para los Derechos
Humanos, celebró el mes pasado un seminario titulado “Consecuencias de la
Suspensión del Sueldo de los Prisioneros sobre sus Derechos Económicos y
Sociales”.
La conferencia se centró en unos 277 ex
prisioneros en Gaza (todos ellos pertenecientes a Hamas), cuyos salarios
permanentes fueron anulados por la Autoridad Palestina. En cualquier caso,
miles de prisioneros y ex-prisioneros siguen recibiendo subsidios por parte de
la Autoridad palestina, incluidos aquellos con delitos de sangre, ocupando una
parte importante del presupuesto anual de la AP.
El área de trabajo fue inaugurado por el
Dr. Fadel Muzeini, investigador de la Unidad de Derechos Económicos y Sociales
del PCHR. Muzeini enfatizó que el PCHR ha prestado especial atención a los
prisioneros y ex presos durante sus años de trabajo y siempre ha apoyado sus
causas justas. También subrayó que la decisión de la Autoridad Palestina de
suspender los salarios de los ex prisioneros es injusta y viola el derecho de
los ex prisioneros y de sus familias a una vida digna. Agregó que la decisión
es inconstitucional y viola explícitamente la Ley Básica y Prisioneros y
Ex-Prisioneros Ley N ° 19/2004 y sus enmiendas, que garantizan a los ex-prisioneros
el pago mensual de un salario según un sistema específico.
El abogado Raji Sourani, Director del PCHR,
examinó la posición del PCHR sobre la suspensión de los salarios de los ex
presos. Para Sourani la decisión de suspender los salarios de los ex
prisioneros produce un “impacto para los prisioneros, sus familias y todos los
palestinos, ya que es ilegal, inmoral y viola la Ley Fundamental y la ley
internacional de derechos humanos”. Sourani también exigió a la Autoridad
Palestina que se disculpara por esta injusta decisión, diera fin a esta
situación anormal y comience a pagar de nuevo los salarios de los ex
prisioneros, considerando todo esto como un derecho legal para los prisioneros
y ex prisioneros.
Sourani suele viajar regularmente a nuestro
país, invitado incluso por organismos públicos, dependientes del Ministerio de
Asuntos Exteriores, como es Casa Àrabe. El director de una ONG de “derechos
humanos”, ampliamente financiada entre ellos por España, dice que “la ley
internacional de derechos humanos” exige que las personas que asesinan a judíos
deben recibir un salario vitalicio por sus esfuerzos.
La Ley Fundamental Palestina establece que
los terroristas deben ser recompensados en el siguiente articulado:
Artículo 22
El seguro social, de salud, de invalidez y
de jubilación se regulará por ley.
Mantener el bienestar de las familias de
mártires, prisioneros de guerra, heridos y discapacitados es un deber que debe
ser regulado por la ley. La Autoridad Nacional garantizará a estas personas la
educación, la salud y el seguro social.
Y al parecer hay otras leyes palestinas más
detalladas que garantizan sus salarios también.
Sin embargo, PCHR va más allá, afirmando
que el derecho de las personas que intentaron o lograron asesinar a judíos a
recibir salarios “está protegido por el derecho internacional”. No sólo eso,
sino que esta ONG dice que no pagarles es inmoral.
Recompensar a los terroristas es moral. No
recompensarlos es inmoral. Esa es la posición de tal vez la más ONG palestina
que más fondos recoge a nivel mundial.
La lista de los donantes a PCHR es
impresionante. Incluye la Unión Europea, la OCHA de las Naciones Unidas,
Irlanda, Noruega, Finlandia, la Secretaría de Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario (financiación conjunta de los gobiernos de Suiza,
Suecia, Países Bajos y Dinamarca), España, Open Society Foundations de George
Soros), Christian Aid (Reino Unido), Grassroots International (EE.UU.), Kvina
Till Kvina (Suecia), Oxfam Novib (Países Bajos), Consejo Noruego de Refugiados
(Noruega), Trocaire y DanChurchAid (Dinamarca). Y España.
España contribuye regularmente con notables
subvenciones, bien a través de entes públicos como AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo), como indirectamente a través de
proyectos con ONG´s que reciben a su vez cuantiosas ayudas del erario español
(municipales, autonómicos o del Gobierno central):
Todos estos donantes y naciones están
apoyando indirectamente incentivos financieros para asesinar a judíos.
De todas las acciones atroces e inmorales
de los grupos de “derechos humanos”, ésta es la más impactante. Las respuestas
deben ser exigidas a cada uno de sus financiadores, en nuestro caso, al
Ministerio de Asuntos Exteriores, que no puede desviar la mirada ante ésta
ignonimia. Dichas respuestas no deben ser caer de nuevo en equidistancias que
evaden la realidad ni volver a sucumbir ante las declaraciones timoratas de
disculpa de un grupo de que dice defender los “derechos humanos” cuando vuelve
a demostrar que es su antítesis absoluta. Un colectivo entre tantos que no
busca sino seguir sufragándose a través de la sangría de nuestros impuestos.
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