En la 9
edición del Encuentro de Parlamentarios del continente, organizado en Buenos
Aires por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), representantes de las
naciones debatieron sobre el funcionamiento de las normativas en sus países de
origen para encontrar puntos en común y lograr que estas sean más efectivas.
En la apertura
oficial del acto, el presidente del CJL, Adrián Werthein, reclamó que se
adopten modelos europeos frente a este problema internacional, y puso como
ejemplo la inmediatez de las detenciones producidas tras los últimos ataques
yihadistas en el Viejo Continente.
La reunión
tuvo lugar en la víspera del 23 aniversario del atentado contra la mutua judía
AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, y en ella los
ponentes exigieron también avances en la investigación de aquella matanza.
El presidente
del CJL valoró como «negativo» el papel de los últimos gobiernos
argentinos en relación a la investigación sobre el atentado del AMIA, con
«etapas en que no fue muy efectiva y etapas con un poco más de
movimiento», pese a mostrar su satisfacción por el «importante
compromiso» mostrado por Macri en este punto.
El embajador
de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, lamentó que Irán, país al que apuntó
como culpable del ataque, continúe teniendo relaciones diplomáticas con todos
los países de América Latina e, incluso, su situación internacional esté
«mejorando», mientras «sigue cometiendo actos de terror».
No obstante,
dedicó palabras de agradecimiento al presidente de Argentina, Mauricio Macri,
por la cercanía y compromiso que a su juicio demostró su Gobierno con el estado
israelí.
El titular de
la unidad especial de investigación de la causa del AMIA, Mario Cimadevilla,
pidió que se acabe con la tradición jurídica argentina que impide llevar a cabo
un juicio en ausencia de los acusados, ya que los sospechosos del caso residen
en Irán, país que se niega a colaborar con la investigación.
Cimadevilla,
de la Unión Cívica Radical, puso en duda la «dedicación» del anterior
Gobierno (presidido por Cristina Fernández) en el caso, y criticó que
considerasen a los jueces parte «del poder».
Tras anunciar
mejoras en la digitalización de las pruebas existentes, se mostró esperanzado
en la futura desclasificación de documentos que puedan aportar luz al crimen
contra la comunidad judía.
Por su parte,
Juan Patricio Furlong, subsecretario de Investigación del Delito Organizado y
Complejo, subrayó la importancia de la cooperación internacional y aseguró que
al llegar al Gobierno se encontró al país «aislado del mundo».
Por ello, sus
esfuerzos se centran en la actualidad en «reconstruir los puentes»
con el resto de naciones, para comenzar a compartir y recibir información de
inteligencia.
Según Furlong,
el marco legal argentino para luchar contra el terrorismo es
«anacrónico», por lo que apuesta por la creación de unidades fiscales
y judiciales especializadas en este tipo de delincuencia.
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