Los obispos de Uruguay propusieron en una carta pastoral que se dé validez legal al casamiento religioso, tal como sucede con legislaciones de otros países como Italia. Pero el Estado conservaría la potestad de conferir el divorcio, una posibilidad no admitida por la Iglesia Católica. El documento, elaborado por la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) con motivo del Bicentenario, subraya que el Estado «debería respetar y tutelar el fundamental derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio, según su conciencia y de acuerdo con la libertad de religión».
