El atentado contra la AMIA, que no ha sido esclarecido 20 años después de haber sido perpetrado, volvió a convertirse ayer en el campo de una batalla judicial y política. La metáfora es desafortunada, pero inevitable: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra varios encumbrados funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre los que se encuentra Cristina Kirchner, por haber negociado con Irán la provisión de petróleo a cambio de la impunidad de los acusados por el ataque terrorista, es una bomba de profundidad. Sus efectos irán aflorando con los días. Tiene, por supuesto, una gravedad institucional extrema: ningún jefe de Estado en ejercicio fue acusado de ser cómplice de un atentado terrorista.
