Libertad de expresión y discurso de odio

18/Abr/2022

Por Marcos Israel, Presidente del CCIU

Por Marcos Israel, Presidente del CCIU

Continuando con la narración de lo más importante que pasó en el Foro Estratégico para Líderes de Comunidades Judías Iberoamericanas desarrollado en Panamá, Marcos Israel nos comenta sobre el panel “Antisemitismo y Desinformación”, que contó entre otros panelistas con la participación del Comisionado de la OEA contra el Antisemitismo Fernando Lottenberg. En la foto, Marcos Israel junto a Fernando Lottenberg.

En el marco del Foro Estratégico para Líderes de Comunidades Judías Iberoamericanas recientemente realizado en Panamá por el American Jewish Commitee, se desarrolló el panel sobre “Antisemitismo y Desinformación”, con la participación de Fernando Lottenberg –Comisionado de la OEA para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo-, y Eduardo Quiros –especialista en derecho constitucional, libertad de prensa e información-, ambos con extraordinaria currícula tanto académica como en el desempeño de importantes cargos. Moderó el panel, Sabrina Bacal, politóloga, y directora y conductora de TVN de Panamá.

El primer tema abordado fue el de las “repercusiones de las redes en los actos de antisemitismo en la vida real”. El consenso es que el contexto generado por las nuevas tecnologías representa una realidad apremiante, que pone en riesgo derechos fundamentales reconocidos. Las nuevas tecnologías no estaban presentes cuando esos derechos fueron definidos ni cuando las leyes que lo protegen fueron enunciadas. Hay coincidencia en que no se puede permitir cualquier cosa y que los actos de discriminación o las expresiones de odio deben ser penalizadas.

Un aspecto interesante que puso de relieve Quiros fue que las redes sociales no son “la plaza pública”, porque están mediadas por algoritmos que conducen el debate. Esa conducción tiene por resultado una polarización muy marcada que deviene en campo fértil para expresiones extremas de diferente naturaleza. Sabemos por nuestra experiencia cotidiana que las críticas a Israel se vuelven con mucha facilidad en discurso de odio hacia ese país y hacia todos los judíos del mundo.

Lottenberg señaló que recientemente la Universidad de San Pablo definió el discurso de odio como aquel que ataca a las personas, las descredita, las disminuye en su dignidad o imagen. La libertad de expresión no puede proteger este tipo de expresiones. En ese sentido, Lottenberg afirmó que actualmente hay 49 países en el mundo que están tratando de legislar sobre la libertad de expresión. Obviamente, es un trabajo de mucho cuidado, de modo que tales leyes no sean aprovechadas por dictadores o líderes autoritarios.

Interesante me pareció la afirmación de Lottenberg de que la regulación debe abarcar desde el discurso de líderes de opinión hasta un meme de cualquier persona en las redes.

Otra preocupación grande refiere a la banalización de temas importantes, como por ejemplo el nazismo; cualquier cosa está siendo calificada de nazi y así se desdibuja el verdadero sentido histórico que tuvo la ideología nazi. ¿Qué se puede hacer con la banalización? Últimamente la ONU recomendó algunas medidas, y la OEA se va a ocupar de diseminar la aplicación de las mismas. Básicamente se dirigen a la moderación de contenidos más algunas regulaciones.

Otro aspecto de la problemática de las redes refiere a que la polarización muchas veces conduce a la creación de realidades alternativas, como si fueran mundos paralelos, en los que convergen los que piensan de determinada manera. ¿Qué se está haciendo con esta cuestión? No hay respuestas todavía, pero hay una gran preocupación en cuanto a cómo puede incidir en los valores y en la noción de democracia para que sean estos valores los que prevalezcan y regulen las relaciones.

En general se propone hacer convenios con los proveedores de plataformas de redes sociales que permitan que existan determinadas señales para controlar contenidos. Por ejemplo, en Brasil, la Corte Electoral propuso a YouTube y otras plataformas, determinadas medidas para tener elementos de control sobre fake news. Solo Telegram se rehusó, hasta que desde la Suprema Corte se le dijo que se le iba a bajar la plataforma y entonces se avino al convenio.

En Brasil, ya existe una ley sobre las fake news. Es un tema súper importante para la colectividad judía. Y esto no solo refiere a las redes sociales sino a todos los medios de difusión. Es una vieja lucha en la que hemos tratado de hacer entender a los medios que las propias agencias de noticias internacionales son generadoras de fake news –en cantidades industriales- especialmente sobre el conflicto árabe-israelí, y que esas noticias falsas nos inciden porque generalmente son difamatorias de Israel e indirectamente (o también directamente) difamatorias de todos los judíos. Es particularmente interesante pues que en Brasil se haya dado un paso adelante en el sentido de vigilar desde lo jurídico esta cuestión.

Una vieja preocupación que he tenido es que la caracterización de delito penal de todas estas cuestiones pone una vara muy alta para los fiscales y jueces, que muchas veces no están dispuestos a superar para condenar determinados hechos. Pregunté a Lottenberg si no había alguna vía civil para penalizar la difamación colectiva –tal se puede considerar el discurso de odio-, y me respondió que en Brasil ya existe jurisprudencia en ese sentido, habiéndose penalizado con indemnizaciones pecuniarias expresiones de odio. Me parece un gran avance que hay que seguir muy de cerca.

Otra preocupación que surgió del debate tiene que ver con la poca formación que tienen fiscales y jueces en materia de racismo y discriminación. Esta es una vieja inquietud de la colectividad judía uruguaya así como de otros colectivos, que pude comprobar que no solo ocurre en Uruguay. Es una tarea que se debe comenzar en las Facultades de Derecho, pero habría que incluir también a todos los operadores actuales de la justicia. Es necesario generar el conocimiento que falta y también la sensibilidad que la temática requiere. Existe un divorcio a esta altura injustificable entre el sentimiento de las víctimas y el de quienes tienen que impartir justicia.