Irán lleva adelante desde hace décadas una estrategia sostenida —una “guerra larga”— contra el pueblo judío a nivel global, que trasciende los conflictos militares tradicionales y se expresa también en redes, atentados y alianzas regionales.
Tres semanas después del inicio de la guerra con Irán, se ha abierto un segundo frente que recibe mucha menos atención que los misiles y la crisis del petróleo, pero que podría tener consecuencias más graves para la seguridad de las democracias occidentales.
El 12 de marzo, un hombre estrelló un camión cargado de explosivos contra la sinagoga Temple Israel en los suburbios de Detroit, una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos, mientras 140 niños se encontraban en su preescolar. Entre el 9 y el 16 de marzo, un grupo hasta entonces desconocido bombardeó e incendió sinagogas en Bélgica, los Países Bajos y Grecia. Tres sinagogas de Toronto fueron atacadas a tiros en una sola semana. Dos israelíes-estadounidenses que hablaban hebreo fueron golpeados a plena luz del día en San José. El 22 de marzo, pirómanos incendiaron cuatro ambulancias de la comunidad judía en Golders Green, Londres. Bélgica ha tenido que desplegar soldados frente a las escuelas judías. Tropas italianas patrullan el barrio judío de Roma.
Todo esto, tan solo en lo que va de marzo de 2026.
Me dedico a estudiar cómo los Estados destruyen a las comunidades minoritarias. Los mecanismos varían, pero la secuencia es siempre la misma: la comunidad es definida como agente de un enemigo extranjero; la vigilancia y el acoso se vuelven rutinarios; la violencia se subcontrata a actores que garantizan la negación de la autoría; cada escalada es respondida con declaraciones de “preocupación” y acciones insuficientes, que los perpetradores interpretan correctamente como una autorización para continuar.
La República Islámica de Irán ha estado aplicando esta secuencia contra las comunidades judías en todo el mundo durante más de treinta años. La guerra no creó la campaña; la aceleró. Y la respuesta occidental —designaciones de grupos como terroristas, expulsiones, declaraciones conjuntas— aún no ha llegado a asumir lo que, según cualquier análisis honesto, es una guerra dirigida por un Estado contra una población civil, llevada a cabo en cinco continentes.
Consideremos la doctrina. En 1994, un carro bomba destruyó el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, matando a 85 personas. El fiscal argentino Alberto Nisman dedicó años a construir un caso que demostraba que el atentado había sido aprobado en los más altos niveles del gobierno iraní y ejecutado por Hezbolá. Nisman fue hallado muerto en su apartamento en 2015, la noche anterior a la presentación de sus conclusiones ante el Congreso argentino. En abril de 2024, el Tribunal de Casación argentino dictaminó que Irán planeó el ataque. El hombre que Nisman identificó como el responsable de aprobar la operación fue Ahmad Vahidi, entonces comandante fundador de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Vahidi es buscado por la Interpol. Posteriormente, ocupó los cargos de ministro de Defensa y ministro del Interior de Irán, y está sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. El 1º de marzo de 2026 fue designado comandante en jefe de la IRGC.
Irán lo niega todo. Siempre lo hace. Pero el historial operativo no es una mera alegación. Es un asunto de sentencias judiciales, evaluaciones de inteligencia y organismos oficiales. En octubre de 2025, el Mossad identificó públicamente al comandante de la Fuerza Quds que dirige la actual campaña contra los judíos en todo el mundo: Sardar Ammar, jefe de la “Unidad 11.000”, compuesta por aproximadamente 11.000 agentes desplegados contra objetivos judíos e israelíes en Europa, Norteamérica y Australia.
El Mossad describió el funcionamiento de la red como “terrorismo sin huellas iraníes”. El caso australiano demostró con exactitud lo que esto significa. Tras el ataque incendiario a un restaurante kosher en Sydney y el atentado con bombas incendiarias contra una sinagoga de Melbourne a finales de 2024, la ASIO (Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia) rastreó el financiamiento directamente hasta la Guardia Revolucionaria Islámica, que había utilizado a figuras locales del crimen organizado como autores materiales. Quienes encendieron la mecha quizá incluso desconocían quién les estaba pagando.
En octubre de 2025, el Mossad identificó públicamente al comandante de la Fuerza Quds que dirige la actual campaña contra los judíos en todo el mundo: Sardar Ammar, jefe de la “Unidad 11.000”, compuesta por aproximadamente 11.000 agentes desplegados contra objetivos judíos e israelíes en Europa, Norteamérica y Australia
Australia expulsó al embajador de Irán en agosto de 2025, la primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Se desbarataron operaciones similares en Atenas, Berlín y Londres. En julio de 2025, catorce gobiernos firmaron una declaración conjunta condenando los complots iraníes de asesinato, secuestro y acoso. En enero de 2026, la UE designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Irán calificó la decisión como “ilógica”.
Todo esto ocurrió antes del 28 de febrero. Entonces comenzó la guerra, y apareció un nuevo elemento. Entre el 9 y el 16 de marzo, un grupo autodenominado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (“Movimiento Islámico de los Compañeros de los Justos”) reivindicó cinco atentados en Europa: un ataque con bomba contra una sinagoga en Lieja, otro en Grecia, un incendio provocado en una sinagoga de Rotterdam, una explosión en una escuela judía de Ámsterdam y un atentado incendiario contra un edificio de oficinas en la misma ciudad. El grupo no tenía antecedentes, ni presencia en redes sociales, ni declaraciones previas. Sin embargo, los videos del ataque circularon en cuestión de horas por los canales de Telegram de Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica, editados y subtitulados, como si la infraestructura hubiera estado lista y esperando el contenido.
El Ministerio de la Diáspora de Israel lo considera una organización fachada iraní. El gobierno neerlandés afirma estar investigando. Cualquiera que haya seguido la doctrina de los grupos interpuestos iraníes reconoce el patrón: organizaciones que existen solo el tiempo suficiente para reivindicar un ataque antes de disolverse sin dejar nada que identificar, nada que sancionar, y la ambigüedad justa para que los gobiernos eviten actuar con decisión. La respuesta de Bélgica —cincuenta soldados custodiando veinte sinagogas y cuatro escuelas judías— demuestra la seriedad con que los gobiernos europeos se toman la amenaza. La ausencia de medidas más allá de despliegues defensivos evidencia el retraso en la respuesta.
El ataque de Michigan pone de manifiesto algo que el debate político no ha abordado adecuadamente. Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano, permaneció sentado en el estacionamiento de Temple Israel durante dos horas antes de irrumpir con su camioneta. Llevaba gasolina y fuegos artificiales de uso comercial. Una semana antes, un ataque aéreo israelí había matado a dos de sus hermanos en Líbano; el ejército israelí afirmó que uno de ellos era comandante de Hezbolá. Su ex esposa había llamado a la policía esa mañana, para informar que él estaba «inestable» y que le había pedido que cuidara de sus hijos.
Cualquiera que haya seguido la doctrina de los grupos interpuestos iraníes reconoce el patrón: organizaciones que existen solo el tiempo suficiente para reivindicar un ataque antes de disolverse sin dejar nada que identificar, nada que sancionar, y la ambigüedad justa para que los gobiernos eviten actuar con decisión
El FBI no ha vinculado formalmente a Ghazali con ninguna organización terrorista. Pero la cuestión fundamental no es si recibió órdenes de Teherán, sino si una campaña de tres décadas que trata la vida civil judía como un objetivo militar legítimo —una campaña ahora dirigida por un hombre buscado por el atentado contra un centro comunitario judío— ha creado la arquitectura ideológica en la que un hombre afligido con vínculos con Hezbolá concluye que una sinagoga llena de niños es un objetivo apropiado para su ira.
La misma pregunta se aplica al tiroteo de mayo de 2025 en el Museo Judío de Washington, donde Elías Rodríguez asesinó a dos empleados de la embajada israelí y publicó un manifiesto en el que afirmaba que la acción armada contra objetivos judíos era «lo único razonable que podía hacer». Rodríguez no tenía ningún contacto iraní. No lo necesitaba. La lógica ya estaba presente.
La Liga Antidifamación (ADL) ha documentado veinte complots o ataques terroristas antisemitas en Estados Unidos desde 2020; trece de ellos ocurrieron tan solo en los últimos veinte meses. La Red de Comunidades Seguras informa de un aumento del 95% en las amenazas violentas en línea contra la comunidad judía en los primeros seis días de la actual guerra. Las comunidades judías estadounidenses gastan ahora más de 760 millones de dólares al año en seguridad. La inteligencia occidental ha sido eficaz en la detección: el Mossad expuso a la “Unidad 11.000”, la ASIO rastreó la cadena de financiación de Melbourne, y la policía británica arrestó a los agentes que vigilaban sedes judías en Londres.
La respuesta política también se ha intensificado: catorce gobiernos emitieron una condena conjunta, la UE designó a la CGRI como organización terrorista y Australia expulsó a un embajador. Pero desde que todo esto sucedió, los ataques se han acelerado. La falla no está en la inteligencia ni en el idioma. Está en la disrupción operativa: la campaña trasfronteriza sostenida necesaria para desmantelar la infraestructura que conecta a un oficial del CGRI en Teherán con un sindicato del crimen en Melbourne y una organización fachada desechable en Lieja. La Guardia Revolucionaria Islámica lleva a cabo su campaña a través de las fisuras del sistema occidental: redes criminales, canales encriptados, organizaciones efímeras. Un marco antiterrorista diseñado para la jerarquía rígida de al-Qaeda no ha logrado contrarrestar a un adversario que libra la guerra mediante delincuentes de poca monta y marcas fantasma.
La Guardia Revolucionaria Islámica lleva a cabo su campaña a través de las fisuras del sistema occidental: redes criminales, canales encriptados, organizaciones efímeras. Un marco antiterrorista diseñado para la jerarquía rígida de al-Qaeda no ha logrado contrarrestar a un adversario que libra la guerra mediante delincuentes de poca monta y marcas fantasma
En concreto, esto implica varias cosas. Los gobiernos occidentales deben tratar los ataques contra las comunidades judías con la misma urgencia operativa que aplican a las amenazas contra instalaciones gubernamentales: no como un problema de delito de odio que debe ser gestionado por la policía local, sino como un frente en una campaña dirigida por el Estado que requiere inteligencia coordinada, aplicación de la ley y desarticulación financiera en todas las jurisdicciones.
Los ecosistemas criminales que explota la Guardia Revolucionaria Islámica (redes de narcotráfico, operaciones de lavado de dinero, sindicatos del crimen organizado) deben ser atacados como infraestructura antiterrorista, no tratados como asuntos criminales aislados. Los ecosistemas de Telegram, que sirven como canales de mando y plataformas de propaganda para operaciones como Ashab al-Yamin, requieren capacidad de monitoreo y desarticulación en tiempo real. Y los catorce gobiernos que firmaron la declaración de julio de 2025 deben pasar de la política declarativa al ritmo operativo: una desarticulación trasfronteriza diaria que haría que la red de aliados de Irán fuera tan costosa de mantener como de soportar.
Ningún alto funcionario iraní rindió cuentas por el atentado contra la AMIA. Eso fue en 1994. El hombre acusado de aprobar ese ataque comanda ahora la Guardia Revolucionaria Islámica. La impunidad no es casualidad respecto a lo que ha sucedido después, sino su fundamento. Cada sinagoga incendiada, cada operación de vigilancia frente a una escuela judía, cada organización fachada desechable que aparece y desaparece en una semana, cada camión estrellado contra un templo donde estudian niños, todo se basa en un único cálculo: que el costo para Irán de atacar a civiles judíos nunca superará el beneficio. Treinta y dos años de evidencia no han demostrado que este cálculo sea erróneo. Así estamos ahora, en Golders Green, donde las ambulancias aún permanecen humeantes.
*El Dr. Omar Mohammed es un historiador de Mosul, Iraq conocido recientemente como el bloguero anónimo “Mosul Eye”. A través de ese seudónimo, Omar se propuso informar al mundo sobre la vida bajo el Estado Islámico en su ciudad. Es el director de la Iniciativa de Investigación sobre Antisemitismo dentro del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington. Presenta el podcast “Mosul y el Estado Islámico”, que narra historias inéditas del reinado de terror de ISIS, la búsqueda de justicia tras su caída y la lucha constante del pueblo de Mosul por un futuro mejor. Además, presenta “36 Minutos sobre Antisemitismo”, una serie que analiza el auge del antisemitismo en todo el mundo y cuenta con la participación de responsables políticos y funcionarios internacionales.
