En su propia versión de la artimaña palestino de «pago por asesinato», Hezbollah ha utilizado las instituciones estatales libanesas para canalizar fondos públicos hacia las bajas del grupo terrorista, la reconstrucción y las redes de atención médica, preservando al mismo tiempo sus propios recursos financieros. Foto: Nabi Berri (Tasnim News Agency CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons)
El Consejo para el Sur del Líbano (Majlis al Janoub) es un claro ejemplo de cómo el sistema estatal-sectario libanés se ha convertido en un canal financiero para determinados grupos políticos y paramilitares.
El Consejo fue establecido en 1970 durante la presidencia de Charles Helou y el mandato de Rachid Karami. Su creación respondió directamente al aumento de las tensiones transfronterizas. A finales de la década de 1960, terroristas palestinos entraron en el sur del Líbano, lo que llevó a que la zona fuera conocida como «Fatahland». El sur comenzó a sufrir frecuentes ataques militares israelíes en represalia. Los ciudadanos chiís del sur se enfrentaron a la peor inestabilidad, exigiendo protección estatal y ayuda financiera. Esto impulsó al Gobierno a crear un fondo público autónomo y específico.
Legalmente, el Consejo es una institución pública que rinde cuentas directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue creado para sortear la lentitud de los ministerios burocráticos y brindar ayuda rápida al sur. Sus funciones incluyen proporcionar compensación inmediata a los civiles que sufren daños o pérdidas materiales a causa de las acciones militares israelíes, financiar ayuda de emergencia y reconstrucción (como la reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras y redes de agua), y llevar a cabo proyectos de infraestructura a largo plazo en las olvidadas gobernaciones fronterizas del sur.
Si bien técnicamente es un órgano estatal financiado por el Tesoro libanés, el Consejo ha estado totalmente controlado por el Presidente del Parlamento, Nabih Berri, y su Movimiento Amal desde el fin de la Guerra Civil Libanesa en 1990. En el sistema confesional del Líbano (Acuerdo de Taif, 1990), las instituciones públicas se convirtieron en feudos políticos entre caudillos sectarios. El Consejo para el Sur del Líbano se convirtió en la principal fuente de financiación y herramienta de clientelismo interno de Amal. Durante décadas, el Consejo ha estado dirigido por el multimillonario empresario Kabalan Kabalan, alto funcionario de Amal y miembro del Parlamento por el valle de Bekaa, cercanos a Berri. A través de él, el Consejo decide quién recibe contratos de construcción, qué aldeas se benefician del desarrollo de infraestructuras y quiénes tienen derecho a recibir ayudas económicas. Este control permite a Amal mantener una base electoral profundamente leal en el sur, utilizando recursos estatales. Durante la guerra civil de la década de 1980, Amal y Hezbollah libraron una sangrienta batalla por el control de la comunidad chií (la «Guerra de los Hermanos»). En aquella época, Amal utilizó el Consejo para el Sur del Líbano para contrarrestar el creciente poder de Hezbollah en los servicios sociales financiados por Irán, ofreciendo ayuda estatal alternativa. Sin embargo, al darse cuenta de que ninguno podía eliminar al otro, formaron una férrea alianza política.
Bajo este pacto, se estableció una división del trabajo según la cual Hezbollah domina la confrontación militar y el aparato de seguridad, mientras que Amal se encarga de la captación y distribución de los recursos administrativos estatales. Mediante esta alianza, Hezbollah se apoya en el control de Amal sobre el Consejo para financiar su infraestructura de conflicto:
- Subvención de indemnizaciones por bajas: Hezbollah utiliza el Consejo, dirigido por Amal, para asegurar una compensación estatal de 20.000 dólares por cada baja para las familias de sus combatientes, protegiendo así sus propios fondos. Finanzas
- Reconstrucción de daños de guerra: Cuando las operaciones militares destruyen aldeas o corredores logísticos en el Sur, el Consejo actúa como la entidad financiera del Estado para la reconstrucción de la infraestructura. Estos proyectos inevitablemente abastecen a las mismas ciudades y redes donde Hezbollah almacena y lanza armamento táctico.
Al operar bajo el amparo administrativo de Nabih Berri, Hezbollah obtiene los beneficios financieros y estructurales de un fondo estatal multimillonario, manteniendo al mismo tiempo una total negación plausible ante auditorías administrativas directas. Por absurdo que parezca, el Estado libanés paga una indemnización por cada combatiente de Hezbollah muerto en el conflicto con Israel (y anteriormente durante la guerra civil en Siria), el mismo Hezbollah al que intenta convencer de que se desarme. Desde esa perspectiva, Rudolph Heykal, jefe del Ejército libanés, respondió a una pregunta del extinto senador Lindsey Graham, afirmando que Hezbollah no es considerada una organización terrorista en el contexto libanés.
No se debería omitir el hecho de que, al analizar cómo un combatiente herido o la familia de un mártir recibe atención médica, cuando los combatientes de Hezbollah resultan heridos o sus familias requieren procedimientos médicos complejos, son enviados casi exclusivamente a la red privada de salud de Hezbollah. Esta red es administrada por la Asociación Islámica de Salud (Al Haya al Sihhiyah al Islamiyah) e incluye importantes centros médicos, como el Hospital del Gran Profeta (Al Rasoul al A’zam) en los suburbios del sur de Beirut. Para el combatiente o la familia, la atención es totalmente gratuita. Se gestiona bajo el amparo de la Fundación de Mártires o la Fundación de Heridos de Hezbollah, que garantiza una cobertura completa. Aquí es donde la influencia política del Ministerio de Salud Pública libanés resulta beneficiosa. Durante años, Hezbollah ha priorizado colocar a sus propios burócratas o aliados políticos cercanos al frente del Ministerio de Salud. Bajo su dirección, el ministerio amplía sus contratos de cobertura pública y los límites de facturación (saqf mali) específicamente para los hospitales afiliados a Hezbollah. Cada vez que el conflicto se intensifica, el Ministerio de Salud emite directivas oficiales que ordenan que todas las lesiones relacionadas con la guerra sean tratadas íntegramente a expensas del Estado libanés.
Esta realidad coincide con la percepción de que Hezbolá administra los hospitales, mientras que los contribuyentes libaneses asumen los costos. Actuando como intermediarios administrativos, las fundaciones Shahid y Jarha garantizan que las familias reciban un acceso privilegiado, ágil y gratuito. Los pagos reales por cirugías intensivas, medicamentos y cuidados a largo plazo se obtienen del erario público mediante transferencias del Ministerio de Salud.
Esto permite a Hezbollah alcanzar su objetivo político final: aparentar ser un proveedor benevolente para su base principal. Protege sus reservas de efectivo (y los subsidios iraníes) de ser agotadas por enormes facturas médicas. Obliga al Estado libanés, en bancarrota, a subsidiar los costos médicos de una guerra privada. En definitiva, esto deja al Gobierno libanés en ridículo; ese mismo Gobierno, que intenta deshacerse de los tentáculos del pulpo que lo estrangulan, paga por los combatientes de Hezbollah que mueren en la guerra con Israel y sufraga los gastos médicos de esa misma organización, que intenta derrocar al régimen libanés.
Fuente: The Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs
