La historia suele
demorarse, pero nunca desaparece. Los dos atentados terroristas más importantes
que sufrió la Argentina en los últimos 30 años (los que volaron la sede de la
AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires) siguen impunes, aunque producen
novedades de tanto en tanto. Esos actos criminales colocaron a la Argentina en
el centro del conflicto de Medio Oriente, a pesar de que Cristina Kirchner dice
que el país todavía no forma parte de él. Los dos ataques dejaron más de un
centenar de muertos. Por la bomba que estalló en la embajada murieron 29
personas. En la AMIA, el atentado más importante de la historia argentina dejó
85 muertos (86, si se sumara la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman). La
escasez de progresos en ambas investigaciones y el tiempo transcurrido
interpelan a un Estado ciertamente impotente, cuando no cómplice explícito o
implícito de masacres instigadas por el odio y la segregación.
Ayer, la Corte Suprema
volvió sobre el atentado contra la AMIA cuando le ordenó al Gobierno el pago de
una millonaria indemnización a familiares de un muerto. En verdad, el tribunal
sólo hizo cumplir una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
En 2005, ese tribunal
condenó al gobierno argentino por no haber impedido el atentado, por el
encubrimiento posterior y por no haber investigado. Una parte notable de este
caso es que el gobierno de Néstor Kirchner se comprometió entonces ante la
Comisión Interamericana a confeccionar una ley para reparar a las víctimas del
atentado contra la mutual judía. Nunca se escribió esa ley. Peor que eso: ahora
el gobierno de Cristina Kirchner se negaba a pagar la indemnización con el
argumento de que la causa había prescripto. La Corte sentenció que la causa no
había prescripto, mucho menos cuando fue el propio Estado el que no cumplió con
su compromiso internacional de reparaciones a las víctimas.
Tal vez estamos ante otro
ejemplo de un gobierno que busca eludir sus responsabilidades o tomar atajos
que no llevan a ningún lado. Es el caso de la famosa «pista siria»
que buscaría la Presidenta para salvar su tratado con Irán, que ayer entró en
un camino judicial en el que, posiblemente, se confirmará su
inconstitucionalidad. La «pista siria» y la «pista iraní»
son la misma cosa. Ambos países, Irán y Siria, tienen un viejo acuerdo que aún
está vigente. Los dos son protectores financieros o geográficos de Hezbollah,
que habría perpetrado los dos atentados argentinos, en alianza con Jihad
Islámica. Estas dos organizaciones político-terroristas son antiguos socios en
la escandalosa misión de aterrorizar al mundo. El compromiso de Irán en la
voladura de la AMIA, y la presunta complicidad del actual gobierno argentino en
su encubrimiento, era el trabajo y la obsesión del fiscal Nisman cuando una
bala le perforó el cerebro.
El martes 17 de marzo se
cumplirán 23 años del atentado contra la embajada de Israel. La vieja
representación diplomática de ese país, en la calle Arroyo, fue dinamitada de
tal manera que de ella quedó sólo una plaza, que es lo que hay ahora. En los
próximos días arribará al país una importante delegación del gobierno de Israel
para asistir a las ceremonias de homenaje a las víctimas y recordación de aquel
acto criminal. En su reciente discurso de apertura del año judicial, el
presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cometió un error parcial
cuando dijo que la investigación de ese atentado era «cosa juzgada».
Fue un párrafo que el juez improvisó sobre un texto escrito. Sin embargo, un
día después Lorenzetti y la propia Corte decidieron no repetir el error común
en la política argentina de no aceptar las equivocaciones propias. Un documento
de la Corte reconoció el error de Lorenzetti.
La causa por el atentado
contra la embajada de Israel es «cosa juzgada» sólo en dos aspectos:
fue un atentado y su autor fue la organización Jihad Islámica. Ésa es la
decisión que tomó la Corte Suprema anterior, en 1999. Ahora puede parecer obvio
que fue un atentado, pero durante varios años se barajó la posibilidad de una
implosión dentro de la sede diplomática. Incluso, tres peritos del Centro de
Ingenieros dictaminaron que había explotado un artefacto que estaba dentro del
edificio. Cierto antisemitismo embadurnó las primeras investigaciones. El
tiempo perdido en esas naderías fue inmenso e irrecuperable.
El caso de la embajada
nunca debió ser investigado por la Corte Suprema, porque sencillamente ese
tribunal no tiene los recursos ni la experiencia para hacer una investigación.
Aunque los delitos que suceden en sedes diplomáticas son competencia directa de
la Corte, ésta estará siempre en condiciones de delegar la investigación en un
juez, que podría quedar bajo el estricto control del tribunal. La anterior
Corte evaluó esa posibilidad, pero su entonces presidente, Ricardo Levene, se
negó rotundamente a delegar esas funciones. «Yo fui juez de instrucción.
Ustedes, no. Ésa es la diferencia», les dijo el viejo juez a sus colegas
en el máximo tribunal.
No son «cosa
juzgada», en cambio, las responsabilidades personales de los terroristas,
porque los supuestos autores nunca fueron capturados por la justicia argentina
y ni siquiera indagados. En diciembre de 2006, la actual Corte Suprema dispuso
seguir adelante con la investigación, declaró improcedente un pedido sobre la
prescripción de la causa y reiteró los pedidos de capturas internacionales para
los prófugos Imad Mughniyah y José Salman El Reda Reda. Mughniyah habría muerto
en un atentado en Damasco el 12 de febrero de 2008.
HEZBOLLAH E IRÁN
Un aspecto sobre el que
la actual Corte indagó mucho fue sobre la relación entre Hezbollah y el
gobierno de Irán. Pidió la colaboración de los Estados Unidos, Gran Bretaña,
Alemania y Francia. En noviembre de 2013, el gobierno británico informó a la
Corte argentina que toda la asistencia posible sobre el tema ya había sido dada
y que cerraría los archivos del caso. El gobierno norteamericano se negó a
suministrar datos por el carácter «clasificado» o secreto que tiene ese
expediente en Washington. La administración alemana también se negó a trasladar
información a Buenos Aires, porque consideró que ella supera el marco del
atentado contra la embajada de Israel en la Argentina. Francia respondió que no
tenía elementos que probaran la relación entre Hezbollah y el gobierno iraní.
También la Corte
investigó la pista del diplomático iraní Jaffar Saadat Ahmad Nia, que se
desempeñó como agregado civil en la embajada de Irán en Brasil entre junio de
1991 y diciembre de 1993. El atentado de Buenos Aires ocurrió en marzo de 1992.
La pista se disolvió porque el diplomático no viajó, con su nombre real al
menos, a Buenos Aires.
Con todo, la justicia
norteamericana condenó en febrero de 2008 al gobierno iraní a pagarle 33
millones de dólares a la familia del diplomático israelí David Ben-Rafael,
muerto en el atentado de la embajada en Buenos Aires. La Corte Suprema pidió a
los Estados Unidos una copia de esa sentencia, pero luego concluyó que no
aportaba nada nuevo a lo que ya se sabía aquí.
A uno de los prófugos, El
Reda Reda, se lo persigue porque en su momento fue detenido con 30.000 dólares
falsos, que resultaron ser los «superdólares» que fabricaba,
falsificados, el gobierno iraní para financiar atentados terroristas. El servicio
de inteligencia argentino le informó a la Corte, además, que el iraní Hussein
Mohamad Suleiman fue detenido en Jordania y que allí confesó que él había
ingresado a la Argentina los explosivos con los cuales se perpetró el atentado
contra la embajada de Israel. Los Estados Unidos se comprometieron a aportar
información sobre Suleiman y su paradero actual, pero no lo hicieron hasta
ahora. La SI (ex SIDE) le informó a la Corte que insistió en ese pedido al
servicio de inteligencia norteamericano hasta por teléfono.
Más de dos décadas han
pasado desde los dos atentados. Uno de ellos, el de la AMIA, sigue
proporcionando muertos (Nisman, en este caso) a esa historia de impunidades y
complicidades. La mitad de ese tiempo ha estado gobernado por los dos presidentes
Kirchner y el peronismo, en una versión u otra, controló el Estado durante más
de los 20 años transcurridos. Es demasiado tarde para eludir la responsabilidad
o para buscar pistas que, si existieron alguna vez, ya han desaparecido.
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