«Me prohibieron hablar del caso», responde al otro lado del teléfono Jinoos Sharif Razí, la abogada de Zahra Bahramí, la mujer irano-holandesa que fue ejecutada la semana pasada en Irán «por tráfico de drogas». La hija de Bahramí ni siquiera tiene tiempo de responder a las preguntas. La línea se corta y no vuelve a enganchar. Como en otros muchos casos, las autoridades iraníes levantaron un muro de silencio en torno a esta historia. No quieren versiones diferentes de la oficial, mucho menos en un momento en que las organizaciones de defensa de los derechos humanos les acusan de estar intensificando la presión sobre la sociedad con un aumento de las ejecuciones, casi tres al día en lo que va del año.
