La Justicia francesa imputó ayer a la empresa de cemento Lafarge por los delitos de financiación terrorista y complicidad en crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la acusación, la compañía pagó cerca de 15 millones de dólares a grupos armados como el yihadista Estado Islámico (EI) entre 2013 y 2014 para mantener activa una planta en Siria. Lo hizo mediante el pago de tasas al transporte y la compra de materias primas, según el documento judicial. La cementera también es acusada de poner en peligro la vida de los empleados que trabajaban en esa filial siria y de la violación de un embargo vigente.
