El lenguaje diplomático tiene sus particularidades intransferibles; en el día de ayer, precisamente 65 años después de que se aprobara la partición del protectorado británico de Palestina que dio lugar a la formación del Estado de Israel, las Naciones Unidas han declarado, por abrumadora mayoría, que Palestina «es un Estado no miembro» de la organización.
El sentido común parecería indicar que esa calificación excluye a los palestinos de la comunidad de naciones, pero resulta que es exactamente lo opuesto; la resolución convierte lo que hasta el momento era designado como una «entidad» en una institución reconocida como «Estado», aunque se le mantenga el estatuto de «observador». Se reconoce, además, el derecho del pueblo palestino a su «autodeterminación e independencia», a partir de las fronteras de 1967.
Las consecuencias prácticas de este cambio son confusas; en principio, el nuevo Estado puede hacerse oír en la Corte Penal Internacional, lo que le permitiría llevar ante esta a Israel, acusada de todos los males del universo, incluso de un supuesto envenenamiento de Yasser Arafat. Palestinos y judíos valoraron el hecho desde ópticas prácticamente antitéticas, lo que demuestra cuán difícil es arribar a una situación que garantice la paz en la tormentosa región.
Mientras en Ramala hubo algarabía y festejos, y se exhibieron carteles en los que se podía ver una llave (símbolo de los palestinos que abandonaron sus lugares de origen), y en tanto el líder Mahmud Abás subrayaba que «Palestina viene hoy ante la Asamblea General porque cree en la paz y porque su pueblo, como se ha probado en los últimos días, la necesita desesperadamente», el representante israelí en la ONU Ron Prosor se quejaba de que «una vez más, los palestinos le han dado la espalda a la paz».
¿Quién entiende semejante galimatías? Hace ya tiempo que la opinión mayoritaria, en Israel, favorece la admisión de un Estado palestino independiente, pero de acuerdo a lo convenido en Oslo en 2000, este solo podría surgir de negociaciones directas entre ambas partes, y nunca -como acaba de declarar el primer ministro Benjamin Netanyahu- a través de «decisiones unilaterales de la ONU». A lo que agregó, amenazante: «Los palestinos han violado los acuerdos con Israel e Israel actuará en consecuencia».
El meollo del tema, en opinión de quien esto escribe y a la luz del sentido común, no es determinar quién tiene o deja de tener razón en este caso, sino si lo decidido en la comunidad de naciones mejora o empeora las perspectivas de lograr una paz duradera. Todo parece indicar que las empeora, y que las cosas serán, a partir de este momento, más difíciles, no solo para Israel sino también para el pueblo palestino.
Esto no necesariamente implica una crítica a los procedimientos escogidos por la autoridad palestina, porque los acuerdos de Oslo se convinieron hace 12 años, y no es mucho lo que se ha avanzado en la negociación bilateral. Pero tampoco es posible prescindir del tormento que Israel padece desde hace décadas como consecuencia del terrorismo de Hamas y de organizaciones radicales similares.
Es bastante lógico suponer que mientras te están bombardeando con misiles en sedicente defensa de los derechos de tu adversario, no te muestres demasiado abierto a hacer concesiones. En general, se ha saludado la resolución de la ONU como una victoria diplomática de los palestinos, e incluso en la interna del Estado judío -única democracia en el concepto occidental del término, hecho que muchos olvidan con increíble liviandad- se han generado contradicciones.
La respetada exministro de Relaciones Exteriores, Dra. Tzipora (Tzipi) Malka Livni, ha criticado duramente a Netanyahu, señalando que «todo está patas arriba: un gobierno que negocia con terroristas y congela todo diálogo con aquellos que trabajan para prevenir ataques». Convendría detenerse un momento a meditar qué pasaría en cualquiera de los países musulmanes del entorno si un político se atreviera a juzgar a su gobierno con esa contundencia.
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