Política dura y comercio fácil con la Argentina Por Diego R. Guelar | Para LA NACION
21-9-2011
El 18 de julio de 1994, un coche bomba conducido por un chofer suicida impactó en el frente del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Fue, entonces, el mayor atentado ocurrido en el mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el prenuncio de una ola de terrorismo internacional que llegaría hasta el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
La investigación local, plagada de irregularidades, terminó en un fallo absolutorio de los 22 sospechosos de participación y/o encubrimiento por falta de pruebas en septiembre de 2004. Ese año, en sustitución del juez Galeano, el Gobierno designó a Alberto Nisman como “fiscal especial a cargo de la causa AMIA” y la Corte Suprema de Justicia declaró su imprescriptibilidad.
En octubre de 2006, Nisman dio a conocer el dictamen que presentó al juez Rodolfo Canicoba Corral, por el cual imputó como actores intelectuales y/o partícipes directos a nueve funcionarios iraníes, incluyendo al ex presidente Akbar Ashemi Rafsanjani.
Canicoba Corral solicitó la captura de esos funcionarios a Interpol, que en noviembre de 2007 incluyó a seis de los requeridos en sus “circulares rojas” de captura internacional (se excluyó al ex presidente iraní, al ex ministro de Relaciones Exteriores Ali Velayati y al ex embajador en la Argentina Hadi Solemainpour por inmunidad diplomática). El gobierno argentino avaló plenamente estas decisiones judiciales y así lo expresó en reiteradas oportunidades, incluyendo tres discursos frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. También, propuso al gobierno iraní juzgar a los imputados en un tercer país que ofreciera garantía de imparcialidad.
Esta propuesta no sólo fue rechazada, sino que, además, Irán acusó a la República Argentina de “colaborar y financiar a la organización terrorista Muyahidim Jalq, responsable de matar a miles de civiles iraníes inocentes”.
En síntesis, la Argentina ha procesado a nueve importantes funcionarios iraníes (incluyendo a un ex presidente y al actual ministro de Defensa) y pedido su detención a Interpol como autores intelectuales y/o materiales del atentado contra la AMIA, e Irán replicó acusando a la Argentina de financiar y estimular atentados terroristas en su territorio y en el exterior.
Recientemente, por primera vez, los iraníes comunicaron su predisposición a “colaborar” con los argentinos en la “búsqueda de la verdad” respecto del atentado y el gobierno argentino declaró su beneplácito.
¿Qué ocurrió, efectivamente, en la relación argentino-iraní durante los últimos 17 años y con anterioridad a 1994? A mediados de la década del 80 -gobierno de Alfonsín- comienza una creciente relación económica entre los dos países, con una fuerte corriente exportadora de arroz, aceite y granos. Al mismo tiempo se firmaban importantes “acuerdos nucleares confidenciales” con transferencia de tecnología argentina. Al inicio de los años 90 -gobierno de Menem- se suspendió la cooperación nuclear, pero se mantuvo el flujo comercial, que alcanzó, en 1993, un intercambio de 250 millones de dólares.
En 1994, producto del atentado y las sospechas sobre el vínculo de Irán con ese luctuoso episodio, se retira al embajador argentino de Teherán e Irán hace lo propio con el suyo en Buenos Aires. Sin embargo, la relación diplomática continúa hasta la fecha a nivel de “encargados de negocios” (este estatus no significa de ninguna manera un deterioro a la plena relación diplomática entre ambos estados).
En el campo comercial, el intercambio se incrementó en 1995 (510 millones) y llegó a 660 millones en 1997. Después de una caída del flujo comercial, que llegó en 2005 a representar sólo 1,5 millones de dólares, en 2007 saltamos a 320 millones, para llegar progresivamente a los 1660 millones del año 2010. ¡Un crecimiento de 1500% en 5 años!
Brasil es el único país de América latina que nos supera en términos de intercambio con Irán: alcanza los 2300 millones. Incluso los países que están estrechamente ligados a Irán tienen flujos de menor cuantía: Ecuador, 9 millones, y Bolivia, 0,45 millones. En los casos de Venezuela, con 11 millones, y Cuba, con 27, el 90% de esos flujos son exportaciones iraníes.
La mayoría de los argentinos y los iraníes pensamos que hemos sido severamente agredidos por el otro, mientras los sucesivos gobiernos (y algunas empresas amigas) hacen pingües negocios mientras se intercambian retóricas agresiones.
Habrá quienes pretendan separar el comercio de las relaciones políticas internacionales aduciendo motivos de real politik o de “independencia” entre la política y los negocios privados. Importantes medios de prensa iraníes asimilan nuestra relación a la existente entre el Reino Unido y la Argentina, donde conviven el conflicto por las islas Malvinas y relaciones diplomáticas y comerciales normales.
Sin embargo, nada impidió que el Congreso Nacional sancionara, a velocidad de la luz, la ley 26.659, discutida y aprobada por ambas cámaras durante marzo pasado y promulgada el 12 de abril. Dice su artículo 2°: “Se prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y a sus accionistas a: (…) contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina”. En el artículo 3° se indica que aquellos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 2º serán inhabilitados por un plazo de 5 a 20 años para realizar toda actividad en el territorio argentino. Esta norma, obviamente, está destinada específicamente a las empresas privadas argentinas y extranjeras que pretendan tener relaciones comerciales de cualquier tipo con las autoridades y/o empresas que operan en las islas Malvinas y sus aguas adyacentes.
El Gobierno aplica también medidas de restricción a las importaciones -licencias no automáticas- y a las exportaciones -cupos, retenciones y prohibiciones- como reguladores de su política comercial externa, y ha presentado al Congreso una “ley de tierras” que limita el acceso por parte de extranjeros.
El Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas decide sanciones -embargos y condicionamientos a exportaciones, congelamiento de cuentas, etc.- a países que incurren en actos de agresión armada contra otros Estados, o que apañan a grupos terroristas, o que violan los embargos decididos por su propia autoridad.
En el caso que nos ocupa, ninguna de estas medidas ha sido aplicada unilateralmente ni se ha solicitado una colectiva para ser considerada por Naciones Unidas, ni la OEA, ni el Mercosur, ni la Unasur, como consistentemente lo hemos hecho respecto de Malvinas.
En conclusión, la Argentina e Irán tienen, en lo declarativo, un virtual “estado de guerra” acorde con la gravedad de los cargos cruzados y, en la práctica, una creciente relación diplomática y comercial (recordemos que a raíz del ataque japonés del 7 de diciembre de 1941 a la isla de Hawai, Roosevelt le declaró la guerra al Imperio del Japón, y Bush a Afganistán después del ataque a las Torres Gemelas).
No proponemos juzgar el sistema político imperante en cada país para fijar nuestra política comercial, sino decidir nuestra respuesta -siempre pacífica- ante semejante agresión.
Como bien diría Hamlet, “hay algo que huele mal en Dinamarca”. Si este nuevo “globo de ensayo” de acercamiento cordial entre ambos países no trae como resultado la concreción del tan ansiado juicio a los señalados como máximos responsables del atentado a la AMIA, deberemos romper toda relación diplomática y/o comercial con Irán. Si así no lo hiciéramos, deberíamos concluir que tienen asidero las permanentes versiones que han circulado sobre una negociación a espaldas de ambos pueblos, que, seguro, no tienen ninguna responsabilidad en el acto criminal invocado. © La Nacion
El autor es secretario de relaciones internacionales de Pro
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