15-6-2011 Alcance. El diputado blanco Gonzalo Novales afirma que hay «reparto de cargos»
El Parlamento contará con un Instituto Nacional (Inddhh) de Derechos Humanos, una institución que contratará a 41 funcionarios, pero no podrá tomar resoluciones, dado que, según sus cometidos, solo se limitará a «recomendar» acciones a tomar.
Con dudas de algunos legisladores y un rechazo tajante por parte de otros, la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados considerará hoy el tema y luego pasará al Plenario. El organismo nuevo fue creado por ley durante la legislatura pasada, pero en esa instancia no se podía asignar gastos debido a que era año electoral.
Ahora el Parlamento tiene a consideración un nuevo proyecto de ley que reglamenta el instituto, considerado «vital» por algunos y «totalmente innecesario» y un mero «reparto de cargos» por otros diputados.
El instituto funcionará bajo la orbita del Parlamento y tendrá como objetivo «la defensa, promoción y protección» de los derechos humanos «en toda su extensión». Pero de todos modos la propia ley impone limitaciones. «Las resoluciones del Inddhh tendrán carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales», según aclara la iniciativa.
Entonces, ¿qué pasa si en el futuro el flamante instituto hace una observación a una institución pública? Nada. Así lo reconoció el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, uno de los defensores de la iniciativa. «Las consecuencias eventualmente pueden ser políticas», agregó el legislador y defendió que el modelo sigue la misma lógica que el comisionado parlamentario para las cárceles.
Posada defendió la creación del organismo que busca tener «voz y oídos» para defender a los más débiles. «El funcionamiento de la sociedad y del Estado hace que muchas veces los derechos humanos sean violados. Es una necesidad frente a los abusos que en muchos casos realiza el propio Estado», aseguró.
Pero la infraestructura con la que contará la oficina y los gastos que implicará son duramente cuestionados por otros. El diputado blanco Gonzalo Novales (Alianza Nacional) dijo a El Observador que crear un nuevo instituto «no es necesario» y lanzó que detrás de todo hay un reparto de cargos entre partidos políticos.
«A determinados partidos seguramente les han ofrecido determinados cargos para que sin consultar se termine aceptando algo», dijo. De acuerdo a la ley, el nuevo organismo funcionará con cinco miembros como directorio (con un sueldo nominal de $ 81.750 cada uno), 20 cargos administrativos, tres técnicos y 10 funcionarios en pases en comisión.
El único salario estipulado en la ley es el de los directores, pero de acuerdo a un documento que redactó el diputado Novales, el instituto tendrá un costo mensual de $ 1 millón (US$ 54.000 al valor actual por mes). Para llegar a esa cifra, Novales calculó un salario para los cargos administrativos de $ 20 mil por mes y $ 40 mil para los técnicos.
Comisionado
Uno de los aspectos que generó más cuestionamientos fue que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario pasará a funcionar dentro del nuevo instituto. De todos modos, el proyecto de ley que será considerado hoy en la comisión prevé que eso será a partir de 2015. El diputado del FA, Estaban Pérez, admitió que votará el proyecto aunque con ciertas resistencias. «Tengo la duda de que se corra el riesgo de convertirse en un consejo de notables y se burocratice, pero eso lo dirá la práctica», dijo el legislador respecto a que cuando la gestión recae sobre una persona es más fácil hacer el seguimiento. Por el contrario, en un consejo de cinco miembros la responsabilidad se diluye.
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