Los motivos para incluir un vez más a Venezuela son, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe presentado en Washington, por una parte «estructurales», referidos a cuestiones como «modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos» en el país, en particular la ya anteriormente criticada Ley Habilitante. A ello se une, agrega, la «provisionalidad» de jueces y fiscales en Venezuela o el «uso abusivo del Derecho Penal y la afectación a la libertad de expresión». Además se dan «situaciones coyunturales» como las «graves situaciones de inseguridad ciudadana» y la violencia en los centros penitenciarios, añade la CIDH, que entre sus recomendaciones prioriza que Venezuela garantice el «pleno ejercicio de los derechos políticos» de todos los venezolanos y se «abstenga de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política».
