Nueva institución de derechos humanos en 2011

Nueva institución de derechos humanos en 2011
Funcionará en la órbita del Poder Legislativo
EDUARDO DELGADO
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se ha puesto como prioridad el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, creada en la ley 18.446 aprobada en 2008.
Con ese fin, su director Javier Miranda, inició una ronda de contactos con dirigentes políticos de los partidos con representación parlamentaria. Miranda solicitó a los órganos de dirección de los partidos ser recibido para explicar la posición de la comisión que dirige sobre la necesidad de que se instale el instituto.
Mañana lunes, tendrá una reunión con el Directorio del Partido Nacional; el martes será recibido por la dirección del Partido Independiente, y aguarda respuesta de las direcciones del Frente Amplio y el Partido Colorado.
Miranda ya mantuvo contactos con parlamentarios frenteamplistas y blancos y mañana lunes prevé un encuentro con legisladores colorados.
Consejo Directivo. La ley estableció que la Institución de Derechos Humanos dependa del Poder Legislativo, con funcionamiento autónomo, destinada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el convenios internacional.
Estará integrada por un Consejo Directivo de cinco miembros elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, que tendrá amplias potestades de investigar y realizar recomendaciones.
Además, este Consejo Directivo deberá presentar un informe anual a la Asamblea General, con recomendaciones, propuestas, estudios y relatorías que a su juicio sean reveladores de la situación de los derechos humanos en Uruguay, y de las medidas que se tomaron o que se deben tomar.
Fuentes del MEC indicaron que los planteos de Miranda refieren a los pasos que considera necesarios tomar para que la nueva institución de Derechos Humanos esté en funciones en 2011.
Entre ellos están la conformación de una Comisión Especial, integrada por legisladores de todos los partidos, que defina el procedimiento de elección del Consejo Directivo.
También la recepción de candidaturas, la elección por parte de la Asamblea General de los miembros del Consejo Directivo y la dotación a la institución de la estructura administrativa y de los recursos para su funcionamiento dentro del presupuesto quinquenal del Poder Legislativo