13-7-2011
RECLAMO. COMISIÓN HONORARIA DEL MEC NO HA ELEGIDO REPRESENTANTES Y «NO ESTÁ FUNCIONANDO» Los abogados aseguran que cada vez hay más denuncias por discriminación. Una de ellas involucró a Fernando Frontán, que también fue expulsado de un pub «exclusivo». Su caso está en manos de la Justicia, que pena estos hechos con cárcel. Piden la reactivación de la Comisión contra la Discriminación para los casos no judicializables.
Una pareja de jóvenes gay fue expulsada del boliche Viejo Barreiro el sábado a causa de un beso. Hay 15 testigos del hecho, que ha cobrado notoriedad gracias a Facebook, donde el grupo de amigos ha propuesto una «chuponeada masiva» que se realizará en la puerta del local entre las últimas horas del próximo sábado y las primeras del domingo.
La abogada Michelle Suárez Bertora, que asesora a la pareja sobre los pasos judiciales a seguir, relató que el año pasado recibía entre una y dos consultas mensuales por discriminación, mientras que ahora le llegan entre tres y cuatro por semana. Algunos de estos casos involucran a personas notorias, como Fernando Frontán, conocido por sus participaciones en televisión y también por su orientación sexual, que no oculta. En mayo Frontán acudió a un «pub de moda y con un perfil de exclusividad». Prefiere no decir cuál es para «no regalarle publicidad, porque hay algunas personas que prefieren sentirse especiales en lugares donde no se aceptan a las personas por el color de su piel, su estatus social o su orientación sexual». Luego de abrazarse reiteradamente con un amigo que, irónicamente, es heterosexual, aclaró-, un guardia de seguridad le pidió que se retirara. Alegó que usaba caravana. Frontán salió por sus propios medios y afuera fue increpado por el «jefe de seguridad» que, según supo después, era el dueño del local. Inició una causa penal pero se negó a armar un «escrache».
«Solo dan publicidad. Sirven si hay un vacío legal o si la Justicia no actúa, pero en este caso hay un marco legal muy amplio que protege los derechos, empezando por el digesto municipal», sostuvo. Cuando se comete un acto de discriminación se puede recurrir a la Justicia. En nuestro país se penan tanto la instigación al odio, violencia y desprecio público como los actos de violencia física y moral causados por la discriminación a una persona por diversas causas, incluyendo su orientación sexual o identidad de género (artículos 149 bis y ter. del Código Penal). El primer delito se castiga con entre 3 y 18 meses de prisión, y el segundo con entre 6 y 24.
Sin embargo explicó Suárez-, en casos delicados, como el de uno de sus clientes que ha sido acosado en su trabajo como docente por su orientación sexual, la persona opta por descartar la vía judicial. Entonces es posible recurrir a la Comisión Honoraria contra el Racismo, instalada en 2007 en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Sus integrantes elegidos por diversos colectivos que suelen ser objeto de discriminación- deben ser electos cada dos años. No obstante, eso no ha ocurrido durante la actual administración y, en la práctica, «sus miembros te atienden de onda», dijo Frontán. El grupo que representa la Comisión de Justicia Global-, junto a Ovejas Negras y Amnistía Internacional, dialogó con el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, para solicitarle que se reactivara la Comisión. El ministro «se mostró dispuesto», aseguró Frontán. La comisión no penaliza a infractores, pero sí tiene entre otros fines, que incluyen el monitoreo y el impulso de políticas- carácter de mediadora. LA REPÚBLICA intentó obtener datos de la Comisión hace dos meses, pero no obtuvo respuesta.
Una larga espera
Según pudo saber LA REPÚBLICA de parte de colectivos gay y Mundo Afro, algunos casos presentados ante la Comisión contra la Discriminación no han sido tratados desde hace más de un año y medio y se la considera «totalmente inoperante», por lo que los abogados desaconsejan recurrir a ella.
Diego Sempol, de Ovejas Negras, puso como ejemplo el de unas jóvenes trans que ejercen la prostitución en una zona delimitada de Trinidad. Aunque cumplen lo que les indicaron las autoridades, la Policía también las expulsa de los boliches a las que van cuando no trabajan. «Es como si ejercieran la prostitución estén donde estén», dijo Sempol. El activista contó que hace un año y medio elevaron la denuncia a la Comisión con la esperanza de que intermediaran frente al Ministerio del Interior y todo se resolviera rápidamente. No han obtenido respuesta.
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