La Justicia investiga la operación de infiltración de un
agente de inteligencia de la Policía Federal en la comunidad judía, nada menos
que a lo largo de catorce años, entre 1986 y 2000. La causa quedó en manos del
juez federal Sebastián Ramos luego de que el fiscal especial del caso AMIA,
Alberto Nisman, formulara la denuncia. El agente, Juan Alberto Pérez, confesó
que, con el nombre de Iossi Pérez, en todo ese período llegó a ser secretario
de actas de la Organización Sionista Argentina, estuvo a cargo de actividades
de seguridad en el propio edificio de la AMIA y otras instalaciones de la
comunidad judía y se casó con A.L., que es secretaria de un altísimo cargo de
la embajada de Israel. En ese marco, admitió haber entregado a sus jefes los
planos del edificio de la AMIA en la época previa al atentado; formuló la
hipótesis de que hombres de la Federal debían saber del ataque porque la
custodia no estaba en su puesto y contó que trabajó luego entre los escombros y
que no le consta que se haya encontrado el motor de la Trafic que –según la
Justicia– se usó en el atentado contra la mutual judía. Nisman señala que Pérez
sólo aportó hipótesis, no datos reales sobre el atentado, pero dispuso medidas
de prueba.
Iossi Pérez empezó su trabajo de infiltración en 1986,
pero, según contó en su declaración, en el año 1998 ya estaba preocupado porque
podría haberse usado la información que le dio a su jefa en la Federal –una tal
Laura, a la que no identifica– para perpetrar el ataque contra la AMIA. Fue
entonces que decidió contactar con el periodista Horacio Lutzky, de larga
trayectoria en los medios de la comunidad judía, y a la periodista Miriam
Lewin, que trabajaba en Telenoche. A ambos les contó la verdad. Lutzky y Lewin
hicieron gestiones antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e
incluso con el American Jewish Committee para que declarara como testigo
protegido porque, según siempre afirmó, su vida correría peligro. La existencia
del agente fue hecha pública en las últimas semanas por el periodista Gabriel
Levinas en la reedición de su libro sobre el atentado contra la AMIA.
Desde el punto de vista del ataque contra la mutual
judía, Iossi revela los siguientes datos:
– Que por su trabajo de infiltración en la OSA y debido a
la mudanza que se iba a hacer al edificio de la AMIA, tuvo acceso a los planos
de la sede. Les sacó copias y se los entregó a sus jefes de la Federal. Que
esos planos –elucubra– pudieron ser usados en el atentado.
– Que Inteligencia de la Federal no sólo usaba sino que
vendía datos y que pudo haberlos vendido a algún grupo terrorista.
– Que supone que alguna información tenían en la Federal
sobre el atentado porque no estaban los dos policías asignados a la custodia de
la AMIA en el momento del ataque.
– Que acompañó a los rescatistas israelíes en la remoción
de los escombros en los días posteriores y que en su presencia no encontraron
el motor de la camioneta Trafic que, según el Tribunal Oral, fue usada en el
ataque. Estuvo con los israelíes 48 horas y deduce que, si no se encontró el
motor en ese período, no existió. El fiscal Nisman, en cambio, sostiene que el
motor fue encontrado después y que hay abundante prueba de ello.
– La hipótesis formulada por Pérez es que el atentado fue
cometido por sectores nazis de las fuerzas de seguridad argentinas.
Más allá de lo que dijo o no dijo Iossi, los familiares
agrupados en Memoria Activa reclamaron ayer que se allanara la Policía Federal,
se secuestraran todos los archivos y, además, suponen que, “si hubo un
infiltrado en la comunidad judía, debió haber otros infiltrados de la Federal
entre los iraníes, los sirio-libaneses u otras comunidades, lo que debe estar
registrado y tienen que existir los archivos”, le dijo Diana Malamud, referente
de Memoria Activa, a Página/12.
La actividad de inteligencia interior es ilegal y por
ello se abrió la causa judicial que está a cargo del juez Ramos. El sujeto se
infiltró en todas las áreas de la comunidad judía, estuvo casado hasta 2004 con
la secretaria del número 2 de la embajada de Israel y le entregó al fiscal
Nisman la credencial que lo acredita como espía de la Federal. Como estaba
preocupado por su seguridad, en 2006 grabó un video que está en poder del fiscal,
en el que relató todos sus trabajos de inteligencia.
La investigación ahora irá por dos caminos. Por un lado,
verificar si hay algún aporte real que tenga que ver con los atentados en sí
mismos. Eso estará a cargo de Nisman. En el terreno del espionaje ilegal
interno, la iniciativa estará en manos del juez Ramos. Por ahora, el agente fue
incorporado al programa de testigos protegidos porque supone que no faltarán
quienes quieran silenciarlo. Pérez trabajaba en inteligencia de la Federal, en
Paraná, Entre Ríos, hasta hace una semana.
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