Han pasado siete décadas desde el fin del
horror nazi y en Austria sigue aún abierta la herida causada por el expolio de
obras de arte que, en muchas ocasiones, acabaron colgadas en museos públicos, y
cuya restitución fue durante décadas ignorada por el Estado y aún hoy es motivo
de polémica.
El debate recobró fuerza este mes con la negativa
a devolver el Friso de Beethoven, un mural de Gustav Klimt, robado y devuelto
luego a la familia propietaria y comprado por el Estado en 1972 en una
operación que los herederos denuncian fue forzada. En ese asunto, como en todo
lo que tiene que ver con su pasado nazi (1938-45), la actitud del Estado
austríaco estuvo marcada durante años por la tesis de que no fue un colaborador
sino la «primera víctima» de Adolf Hitler.
Una interpretación de la Historia
cuestionable, pero reconocida en el derecho internacional, y que no comenzó a
cambiar hasta mediados de la década de los años 1980. Y en el arte, el cambio
vino forzado desde afuera.
A finales de 1997, la Justicia estadounidense
confiscó dos obras de EgonSchiele, propiedad del Museo Leopold de Viena, que
formaban parte de una exposición en el MOMA, bajo la sospecha de que habían
sido robadas por los nazis. La batalla legal por una de las piezas, «Retrato de
Wally», sólo se resolvió en 2010 cuando el Leopold, una entidad privada, pagó
14,8 millones de euros para recuperar el cuadro.
El Gobierno austríaco se apresuró a aprobar en
1998 una norma que obligaba a los museos públicos a investigar sus fondos para
detectar piezas robadas, generalmente a familias judías. «Austria realmente ha
hecho muchas cosas mal hasta la década de los años 1990. Hubo muchas
negligencias. En todo lo que respecta a restituciones e indemnizaciones no
había buenas condiciones previas», opina Eva Blimlinger, rectora de la Facultad
de Bellas Artes de Viena. «Pero de la ley de restitución del arte de 1998 se
puede decir que tiene un carácter modélico», asevera en declaraciones a Efe.
Blimlinger coordina la Comisión de
Investigación de la Procedencia, creada con la ley de 1998 para analizar
sistemáticamente la «limpieza» de las colecciones públicas. Esa norma acabó con
la indiferencia que Austria mostró durante décadas sobre el asunto de la
restitución, cuando las leyes dejaban en las víctimas toda la responsabilidad
de buscar los bienes robados. La Comisión actúa de oficio y tras analizar cada
caso, formula al Ministerio una recomendación no vinculante, pero que siempre
se cumple, sobre si procede o no, como en el Friso, la restitución.
En sus 17 años de vida ha recomendado la
devolución de miles de objetos, entre ellos cuadros, libros, fotografías,
muebles, sellos, cartas, porcelanas, vehículos y hasta animales disecados.
Aunque los expedientes que afectan a obras de arte muy conocidas son los más
llamativos, Blimlinger asegura que el hecho de que un museo público pueda
perder un tesoro artístico no afecta su trabajo. «Lo primero es la
responsabilidad de devolverle a los dueños lo que les pertenece, así sea la
catedral de San Esteban», asegura. De hecho, niega que la Comisión sufra
presiones políticas: «Si así fuera, saldría inmediatamente» de la misma.
SophieLillie, por su parte, una de las mayores
expertas en arte robado por los nazis, asegura que Austria ha hecho «un trabajo
muy importante pero aún hay cosas por hacer». Explica que más que un bloqueo
consciente o malintencionado de las restituciones, la actitud austríaca fue
durante décadas la de «no hacer nada» y ser lo que llama «activamente pasivos».
Pese a reconocer que la ley de 1998 ha
mejorado la situación, Lillie advierte de que está lejos de ser perfecta como,
a su juicio, demuestra el caso del Friso de Beethoven. «Creo con toda seguridad
que el Friso debería haberse restituido», opina sobre un caso en el que la
Comisión decidió por unanimidad que no hubo relación entre el veto a sacar la
obra del país tras su restitución en 1945 y su venta al Estado en 1972 por un
precio inferior al del mercado.
El principal problema -afirma la experta- es
que las decisiones de la Comisión no son apelables ni se puede acudir a la
Justicia común. «Es una ley de autorización, lo que significa que el Ministerio
puede devolver propiedades de las colecciones estatales, pero yo, como
afectado, no tengo ninguna opción de opinar», explica. Además, Lillie denuncia
que se trata de un «proceso que tiene lugar a puerta cerrada» mientras que su
opinión, Austria es «juez y parte» a la hora de decidir sobre si se restituye o
no una pieza. Por eso, la experta asegura que aún hay asignaturas pendientes,
como las colecciones privadas como la del Museo Leopold, que no caen bajo la
jurisdicción de la ley al no ser de propiedad pública.
Ese museo expone la colección particular de su
fundador, Rudolf Leopold, al que muchos expertos acusan de haber adquirido
piezas sin preocuparse de su origen. Hasta la fecha, el Museo Leopold ha
declinado restituir ninguna obra y ha optado siempre por llegar a un acuerdo
financiero con los dueños originales de las piezas.
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