Por la gravedad de la acusación, la denuncia que en su momento formuló Nisman contra Cristina Kirchner debe reabrirse e investigarse.
Dos enormes deudas tiene la justicia argentina con el caso del fallecido fiscal Alberto Nisman: determinar sin lugar a dudas si se suicidó o lo asesinaron y animarse de una vez por todas a investigar con objetividad e independencia la denuncia que el fiscal presentó, horas antes de su muerte, ocurrida hace ya más de un año y medio, contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, el entonces canciller Héctor Timerman y otras figuras allegadas al anterior gobierno, por encubrir a los autores del atentado a la AMIA.
Esas dos deudas abarcan todo el caso Nisman por la relación que podría existir entre la denuncia y la muerte. A ello hay que sumar los 22 años de escasos avances en la investigación del atentado a la AMIA, que causó la muerte de 85 argentinos.
La DAIA ha pedido que se desarchive la denuncia de Nisman, mientras que el fiscal Germán Moldes solicitará que se anule el escandaloso fallo de cámara que confirmó el archivo e impide una investigación. La decisión del juez Claudio Bonadio de aceptar como querellantes a dos familiares de víctimas de la AMIA en una causa en la que investiga por encubrimiento a Timerman va en una dirección similar.
Nisman consideraba que la entonces presidenta y los demás acusados habían encubierto a los iraníes acusados de la voladura de la AMIA y que el instrumento para llevar a cabo ese encubrimiento era el indefendible Memorándum de Entendimiento suscripto por los gobiernos de Irán y la Argentina para que un tribunal ad hoc revisara lo actuado por la justicia argentina en la causa AMIA, cuya investigación estaba delegada en Nisman. A cambio, se firmarían con Teherán acuerdos de cooperación comercial que incluirían ventas de granos y compras de petróleo.
El hecho de que el memorándum no llegara a aplicarse, pues el Parlamento iraní, a diferencia del argentino, nunca lo aprobó, y que no se dieran de baja los pedidos de captura internacionales de los iraníes no le quita gravedad a la acusación, que el camarista de casación Juan Carlos Gemigniani y luego el fiscal Moldes consideran que debería incluir la figura de traición a la patria. Desde esa óptica, no sería un mero delito común, sino un ataque contra el Estado argentino, y la ayuda a los autores de ese ataque constituiría el delito de traición. No sería extraño que en su presentación Moldes argumentara que en su momento el juez no contempló esa situación y que por ende debe dictarse un nuevo fallo que expresamente diga si además de encubrimiento se cometió o no traición.
Lo cierto es que una imputación de semejante envergadura jamás debió archivarse, como lo hizo el juez federal Daniel Rafecas, siempre presto en favorecer al kirchnerismo. Ese archivo dispuesto sin una investigación no constituye cosa juzgada, aunque la decisión de Rafecas haya sido confirmada por la cámara. Nuevas pruebas también permitirían la apertura, pues, como sostuvo el fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz, no existe cosa juzgada «porque no se juzgó nada». Eso es lo más cuestionable, que no se juzgara nada. El archivo de la denuncia, que supuestamente beneficiaba a la ex presidenta, terminó perjudicándola, debido a las sospechas que recrudecieron ante la falta de investigación.
La inusitada gravedad de la denuncia de Nisman y la jerarquía de aquellos a quienes acusó, sumadas a su muerte, acaecida menos de 48 horas antes de que brindara un informe ante los diputados sobre sus imputaciones, dieron pie a las fundadas sospechas.
El 16 de enero del año pasado, un día antes de su muerte, decíamos en esta columna que su imputación «es de una gravedad inédita y requiere que la Justicia actúe con absoluta independencia y responsabilidad, además de celeridad. Es de esperar que no termine, como los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994, cubiertos por un nuevo manto de impunidad que impida una responsable investigación judicial».
Por desgracia, aquel deseo no se cumplió. La entonces presidenta tendría que haber sido la primera en exigir la investigación. La inocencia que ella proclama debe ser ratificada por la Justicia. Los pedidos de desarchivo son pedidos de investigación, no de condena, y considerarlos parte de una campaña de hostigamiento es no reconocer el enorme error que fue archivar sin más una imputación de aquel calibre.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado argentino reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de resultados en la investigación del atentado a la AMIA. Si el propio Estado admitió que violó su deber de investigar, también debe perseguir a los que obstruyeron aquella investigación. El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, calificó el atentado como un acto de lesa humanidad. Con más razón, el Estado está obligado a esclarecer su encubrimiento. El inicio de la investigación a Cristina Kirchner y los demás imputados permitirá valorar las pruebas y decidir si los comprometen o no. Fuera cual fuere, la causa de la muerte de Nisman está estrechamente vinculada con su denuncia. Es otra razón para que la Justicia haga ahora lo que deliberadamente no quiso hacer hace un año y medio.
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