Editorial La sociedad argentina debería ser informada sobre la propuesta iraní de aportar información a la causa AMIA y su factibilidad
16-8-2011
El 16 de julio pasado se conoció la noticia de la existencia de una inesperada comunicación oficial del gobierno de Irán en la que expresaba su intención de colaborar en el esclarecimiento de la causa AMIA. La cancillería de la teocracia iraní aseguró ahora, por primera vez en 17 años, que estaría dispuesta a entablar un “diálogo constructivo” con nuestro país porque, señaló, “condena todas las acciones terroristas”.
Viniendo de un Estado como Irán que en su momento reaccionó desmesurada, irrespetuosa y duramente contra los magistrados judiciales argentinos a cargo de la investigación del aberrante atentado de 1994 y que además es probablemente el Estado que más apoya a los movimientos terroristas en el mundo, el anuncio de su disposición a “cooperar con el gobierno argentino para que se haga toda la luz” parecería muy poco creíble y obliga a adoptar una actitud más bien escéptica.
Recordemos que la Justicia argentina ha emitido una serie de órdenes de arresto, incluidas las correspondientes contra cinco ex altos funcionarios iraníes. Entre ellos están el actual ministro de defensa, Ahmad Vahidi, que recientemente hizo una visita oficial a Bolivia absolutamente inexplicable, considerado el autor intelectual del atentado que produjo 85 muertes, y el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani.
En declaraciones que también fueron públicas, el canciller Héctor Timerman manifestó que el anuncio iraní conformaba “un hecho auspicioso”. Dijo, además, que se trataba de un avance “inédito”, como si no hubiera gobiernos en el mundo que colaboran naturalmente con la justicia de otros Estados.
Cabe esperar que nuestro canciller advierta que la manera sincera de cooperar, para Irán, supone simplemente entregar a los acusados, lo cual no ha sido sugerido jamás. Más aún, cuando por años Irán ha ignorado el requerimiento argentino y despreciado la ley, sin preocuparse siquiera por las vidas inocentes que tronchó el atentado, con las que recién ahora ha decidido “solidarizarse”.
Es cierto lo dicho por el canciller en el sentido de que “los gobiernos deben dialogar”, pero en este caso ocurre que la Justicia es el camino y esto debió haber sido advertido por un funcionario como el canciller, de baja credibilidad y hasta propenso a actuar, casi en el plano de lo ridículo, como inspector de aduana o piquetero, dependiendo del caso, para así adquirir visibilidad o ganar posiciones políticamente.
En este caso, quien debiera tomar las decisiones finales pertinentes es la Justicia, sin que haya interferencias extrañas por parte de nuestro canciller. Ya con anterioridad, Irán había ofrecido negociar, aunque sólo a cambio de que se dejaran sin efecto las órdenes de captura contra sus funcionarios o ex funcionarios. Peor aún, ahora mismo Irán ha reiterado “su malestar por la continuación de estos hechos [presuntos engaños] por quienes ha venido actuando en el Poder Judicial argentino desde aquella época”, algo absolutamente inaceptable.
Quizás los funcionarios iraníes no adviertan que, en la Argentina, la Justicia, como ocurre en las democracias reales, es uno de los tres poderes del Estado que debe, por definición, funcionar con toda independencia e imparcialidad, a diferencia de lo que sucede en la teocracia iraní, donde es apenas un apéndice más del liderazgo religioso que circunstancialmente conduce a ese país. Por ello, desde otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, no se negocian sus decisiones, sino que se pide simplemente que ellas se cumplan.
Dado el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta la enorme trascendencia de la cuestión, sería prudente que el canciller informe a sus conciudadanos acerca de cuál es, si lo hubiera, el contenido concreto de la propuesta iraní y cuál su factibilidad real en el sentido de que ella pueda finalmente obtener que quienes están siendo requeridos por nuestra justicia comparezcan finalmente ante ella..
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