25-3-2011
LA DISIDENCIA DEBIÓ SOPORTAR UNA DURA REPRESIÓN POLICIAL; DENUNCIAN QUE HAY UNOS 100 MUERTOS La sucesión de protestas en varias ciudades llevó al gobierno a anunciar una serie de reformas. Después de algunas semanas la oposición se hizo sentir como en Túnez, Egipto y Libia
La ola de cambios en el mundo islámico se desarrolla ahora también con fuerza en Siria. Luego de semanas de protestas opositoras y decenas de muertos, el gobierno anunció que habrá reformas para contemplar a los disidentes. Unas 3 mil personas salieron ayer nuevamente a las calles de la ciudad de Deraa para reclamar más libertades, bajo el desafío de una violenta represión policial como sucedió el miércoles durante los funerales de los fallecidos durante las manifestaciones anteriores. Fue la gran marcha que faltaba para que la administración del presidente Bachar al Asad tomara medidas al respecto.
Las revueltas en la región están de moda desde principios de año. En Túnez y Egipto ya cayeron los presidentes; Libia vive una guerra con intervención extranjera; en Marruecos hay una anunciada reforma constitucional; en Yemen el presidente prometió que se irá a fin de año; en Baréin existe una tensa calma luego de semanas de protestas; en Argelia, Jordania y otros países islámicos como Irán, las cosas tampoco están fáciles para los gobernantes.
El gobierno sirio decidió, entonces, hacer anuncios pertinentes para que la bola de nieve no crezca en su país. Reconoció que las reivindicaciones del pueblo son “legítimas” y que formará una comisión para investigar lo sucedido en Deraa, epicentro del descontento popular y ciudad cercana a Jordania. La oposición afirma que en esta y otras ciudades, entre las que se encuentra la capital Damasco, fallecieron unas 100 personas a causa de la dura represión de las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía secreta y las unidades especiales. El Ejército está cumpliendo un papel secundario por orden gubernamental. Las inéditas protestas en Siria reclaman libertades políticas y el fin de la corrupción.
La consejera de la Presidencia Buzeina Shaaban señaló que el Ejecutivo estudiará el levantamiento del Estado de emergencia en el que vive la nación árabe desde 1963, una ley que permite encarcelar sin juicio ni orden judicial e impide las manifestaciones, pero que, después de todo, no consiguió contener las protestas de febrero y marzo en esta nación árabe. Shaaban agregó que se suspenderán “las detenciones arbitrarias”, en alusión al arresto de decenas de activistas, opositores y manifestantes en los últimos días.
El paquete de reformas no se quedó ahí. El gobierno indicó que prepara nuevas leyes respecto a los partidos políticos y la prensa, y tiene previsto cambios en el poder judicial, así como generar mecanismos para combatir la corrupción que carcome el sistema político y económico sirio. No faltarán, tampoco, esas medidas de efecto inmediato: aumento de los salarios de los funcionarios públicos y la dedicación de recursos para la creación de nuevos empleos.
El presidente Al Asad padece su peor momento desde que asumió el poder en el año 2000, a la muerte de su padre, Hafez al Asad. En ese instante, la oposición esperaba una apertura democrática. No sucedió y, difícilmente, acontezca ahora pese a la proclama de reformas y a los ánimos caldeados de la sociedad siria y de Medio Oriente.
El gobierno sirio supo sostenerse gracias al sofisticado trabajo del omnipresente servicio secreto sirio -acusado de matar al ex premier libanés Rafik Hariri en 2005, lo que obligó a Siria a retirar sus tropas de Líbano-. El discurso antiisraelí también funcionaba, como el continuo reclamo por los altos del Golán, que perdieron en la guerra de los seis días de 1967, y el apoyo explícito al grupo chiita libanés Hezbollah y al grupo extremista Hamas, dos organizaciones enemigas de Israel.
Ese mensaje unificador ya no surte efecto entre la oposición que quiere más cambios y no palabras.
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