7-4-2011 Pese a estar en camino a presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Uruguay y su gobierno han quedado fuertemente cuestionados en este campo por su abstención en la decisión votada por el organismo de investigar las reiteradas y notorias violaciones en Irán. Los 22 votos a favor de designar un relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la nación persa incluyeron los de Brasil, Argentina y México. Uruguay, en cambio, optó por alinearse con los que se abstuvieron, entre los que estaban países con flancos muy vulnerables en esa área, como Cuba, Rusia y China. Empeoran la posición uruguaya las frágiles excusas intentadas por el canciller Luis Almagro y Laura Dupuy, nuestra representante en los organismos de derechos humanos en Ginebra.
Dupuy reconoció el rechazo del gobierno uruguayo a las lapidaciones, la pena de muerte, la negación del holocausto y el maltrato a las minorías en Irán. Y, a renglón seguido, agregó contradictoriamente que “primero debemos examinar” cómo se protegen y se promueven los derechos humanos. Si se quiere examinar las formas de proteger y promover, ¿por qué el gobierno se abstuvo de apoyar el nombramiento de un representante de la ONU para que cumpla dicha función?
Lo de Almagro fue todavía más desacertado, al fundamentar la abstención en dos factores. Uno es que “había una intención de marcar políticamente a Irán” en la propuesta de Estados Unidos sobre el relator. ¿Pero puede alguien objetar que se marque a un Estado responsable no solo de groseras violaciones a los derechos humanos sino también de respaldar al terrorismo islámico, desarrollar un programa nuclear después de haber prometido borrar a Israel del planeta y ser primordial gestor del belicismo y las convulsiones en Medio Oriente? Como si fuera poco, agregó que “si creemos en los procesos especiales, al menos una media docena (de países) merecerían un relator ad hoc”.
El argumento es como si la Policía encontrara a un delincuente con las manos en la masa pero, como no puede aprehender a todos los malhechores del país, se abstuviera de arrestarlo. La tristeza del papel uruguayo en este caso se agrava por provenir de un gobierno y una fuerza política que han hecho de los derechos humanos una de sus principales banderas. El Frente Amplio, a través de sus dirigentes y de organizaciones afines, permanentemente trae al primer plano la defensa de esos derechos. Pero su horizonte parece limitado a un aspecto parcial, relacionado con las desapariciones de personas durante la dictadura militar. Muestra notoria inconsistencia defender los derechos humanos en forma selectiva, en unos casos sí y en otros no, según convenga.
El hecho de que Irán sea un buen cliente comercial de Uruguay y que el canciller esté por visitar dicho país no pueden ser factores pertinentes al momento de evaluar la abstención uruguaya en la ONU, ya que el gobierno frenteamplista ha sostenido que los derechos humanos no son negociables. Pero después de lo ocurrido en el Consejo de la ONU y de los enredados intentos oficiales de explicarlo, surgen dudas justificadas sobre la afirmación de Almagro de que el gobierno no se maneja con un doble estándar.
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