30-3-2012
DIPLOMACIA Y DERECHOS HUMANOS: LOS CASOS DE IRÁN E ISRAEL
El compromiso con la promoción y la defensa de los derechos humanos en el mundo es uno de los objetivos proclamados de la política exterior nacional. La elección de Uruguay para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde setiembre de 2011 refuerza ese objetivo, pero también expuso a la diplomacia uruguaya a un mayor escrutinio público sobre lo que hace y deja de hacer en cada foro internacional y en cada votación en la que se adopta una posición frente a los gobiernos más cuestionados en la materia.
EDISON LANZA
Como ha ocurrido casi siempre desde que Uruguay estrechó sus vínculos comerciales con Irán en los ochenta, en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la representación uruguaya se abstuvo de votar la ampliación por un año adicional del mandato del relator especial para la situación de los derechos humanos en Irán. Días después, la misma delegación pronunció un voto favorable a cuatro de cinco iniciativas que se presentaron para monitorear la vigencia de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel, incluyendo la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre la ocupación de los territorios palestinos. Se abstuvo en cambio en la votación de una misión para la franja de Gaza.
Las posiciones adoptadas por Uruguay avivaron las críticas de la oposición, la embajada israelí en Montevideo y de instituciones judías, algo que ya había ocurrido el año pasado. Más allá del uso doméstico que cada cual hace de estas posiciones, la cuestión de la vara que utiliza el país para medir la situación de los derechos humanos en distintos países puso en foco un dilema no resuelto por el sistema político: la necesidad de repensar una política de Estado que deje atrás la diplomacia del pragmatismo para dar paso a una diplomacia comprometida con la defensa de los derechos humanos.
RAZONES DE UNA ABSTENCIÓN. El canciller Luis Almagro, consultado por Brecha sobre las recientes votaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, explicó que desde que asumió el cargo Uruguay tiene una “posición crítica en relación con la situación de los derechos humanos en Irán”. A su juicio la situación del gobierno de Majmud Ajmadineyad “es muy similar a la que exhiben varios países de Medio Oriente” a los que nunca se les ha votado un relator especial.
Tanto en 2011 como en 2012, a la hora de posicionarse sobre la cuestión iraní, la delegación uruguaya fue crítica en el discurso. Incluso Almagro recuerda que en las sesiones de 2011 por primera vez en la historia un gobierno uruguayo advirtió a Irán sobre los “riesgos de encubrir o alentar al terrorismo”. No obstante, a la hora de pronunciarse sobre la propuesta de un relator especial la decisión fue abstenerse. “Creemos en el valor de tomar medidas incrementales con aquellos países que no cooperan con l sistema internacional de derechos humanos, pero no apoyamos saltar etapas con la idea de marcar políticamente a un país”, explicó el canciller. “Irán ha invitado a la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas a visitar al país, por lo que no creímos conveniente nombrar un relator especial que obviamente no iba a ser bienvenido y contribuía a aumentar la distancia”, añadió.
Con respecto a Israel, Almagro recordó que la posición del actual gobierno guarda continuidad con la línea histórica del país, contraria a la ocupación por la fuerza de los territorios palestinos: “se crea un mecanismo independiente para revisar el impacto de esa ocupación, un procedimiento habitual del Consejo de Derechos Humanos para este tipo de situaciones”. En su visión, la relación con Israel es muy buena y el gobierno no está de acuerdo con el desequilibrio que existe en la cantidad de resoluciones impulsadas por distintos grupos de países contra el Estado judío, por eso Uruguay no acompañó la propuesta de enviar una nueva misión a la franja de Gaza.
UN REPORTE AGOBIANTE. Abordar la situación de Irán es un asunto complejo, no sólo por ser un tradicional violador de derechos, sino por el clima generado con la amenaza hacia Israel y el creciente bloqueo por el desarrollo de una industria atómica que declara para fines pacíficos. El reporte que presentó en 2011 el relator especial para los derechos humanos Amed Saheec da cuenta de una situación estructural y permanente de violación de derechos en Irán. A través de entrevistas y consultas con diversas fuentes –el gobierno iraní no le permitió ingresar al país- describió un cuadro de situación preocupante.
“Las cuestiones más apremiantes que se han señalado a la atención del relator especial se refieren a múltiples deficiencias en la administración de justicia, ciertas prácticas que podrían considerarse tortura o trato cruel o degradante dispensados a los detenidos, la imposición de la pena de muerte sin salvaguardias judiciales adecuadas, la condición de la mujer, la persecución de las minorías étnicas y religiosas, y la erosión de los derechos civiles y políticos, más concretamente, el acoso e intimidación a los defensores de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil”, concluye el reporte.
“Las ejecuciones públicas, que según las autoridades iraníes han sido eficaces para prevención de los delitos, también continúan ocurriendo”, añade el relator especial y agrega que el 19 de julio de 2011 “una gran multitud, incluyendo a niñas y niños, asistieron a una ejecución”. En ese año se produjeron doscientas ejecuciones anunciadas oficialmente. El reporte también se hace eco de un informe presentado por el Comité de Protección de los Periodistas (CPI, por su sigla en inglés), reconocido por su rigurosidad, que informó sobre 34 periodistas que permanecían detenidos a fines de 2010, a los que “solían imponerse fianzas exorbitantes, a veces de hasta 500 mil dólares”. A muchos se les impuso una prohibición de por vida para desarrollar cualquier clase de actividad social y política, acusados de “intentar poner en marcha una ‘revolución de terciopelo’”.
Persisten además las barreras a la igualdad entre los géneros. Por ejemplo, el testimonio de una mujer en un tribunal de justicia tiene la mitad del valor que el de un hombre. Los hombres tienen derechos absolutos al divorcio, mientras que las mujeres pueden iniciar un procedimiento sólo si cumplen ciertas condiciones, algunas de las cuales deben ser estipuladas en un contrato matrimonial. Nunca se conceden a las madres derechos de custodia de sus hijos, ni siquiera en caso de muerte del marido. “Igualmente preocupantes son las afirmaciones de algunas autoridades que culpan a las víctimas de inducir a los atacantes a violar su integridad física, como es el caso de informes de funcionarios gubernamentales en los que se cita el atuendo de la mujer como causa de los ataques registrados en Isfahan en junio de 2011, en que 14 mujeres fueron secuestradas y violadas en grupo mientras asistían a una fiesta privada”, informa el relator.
La votación contra Irán, celebrada el jueves 22 en el Consejo de Derechos Humanos, contó con el apoyo de 22 países (entre ellos Argentina, Brasil, Chile y otras democracias occidentales), la postura contraria de cinco (Qatar, Cuba, Bangladesh, China y Rusia) y la abstención de 20 países, entre los que se contó a Uruguay. Con este resultado, el ex canciller de Maldivas, que lidera la relatoría, cuenta con un año más para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos de Irán.
El régimen de Teherán reaccionó con acusaciones de intencionalidad de desprestigiar políticamente al gobierno islámico, pero días después fue Israel el que reaccionó con furia al conocerse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de enviar una misión para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en la Ribera Occidental y en colonias de Jerusalén Oriental. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de “hipócrita” al Consejo y consideró que debería “avergonzarse de sí mismo”. Horas después rompieron relaciones con el organismo que preside Uruguay. Por una votación de 36 a 1 (ese único voto correspondió a Estados Unidos), y 10 abstenciones, el Consejo decidió establecer una misión internacional que investigue la situación en los asentamientos. Entre los que apoyaron la moción estuvieron Chile, México, Perú y Uruguay.
NEGOCIOS Y PRINCIPIOS. Las posiciones de Uruguay frente a la cuestión de los derechos humanos en Irán siempre dieron motivo para el asombro. La relación comercial con esta república islámica comenzó en plena dictadura, a comienzos de los ochenta, y como respuesta al impulso de la industria arrocera. En el palacio Santos varios diplomáticos cuentan una historia de la época: luego de venderse los primeros embarques de arroz a Irán, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (así se llamaba por entonces) el encargado de Asuntos Políticos de aquella cancillería, Carlos Giambruno, votó en contra de Irán. Pocos días después el diplomático falleció, lo que no impidió a los iraníes que se quejaran duramente ante los militares. A continuación, partió una delegación hacia Teherán que presentó excusas y atribuyó el voto negativo de Giambruno a un precario estado de salud.
Ya en democracia, el país se abstuvo de reprobar a Irán por violar los derechos humanos las ocho veces que fue condenado por la Asamblea General de la ONU entre 1985 y 1994 (gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle). Luego de que Argentina rompiera relaciones con Irán por la participación de diplomáticos de ese país en el atentado a la AMIA, la cancillería uruguaya libró un memorando a su embajada en Teherán con escaso compromiso con las víctimas judías: “No deberíamos desperdiciar una oportunidad como esta, en la que un Estado islámico realiza tantos esfuerzos por acercarse a nuestro país”.
En círculos diplomáticos se asume que en el caso de Irán los intereses comerciales han primado sobre la promoción y la solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos, dado el peso que suponen las compras de arroz, lácteos y lanares. “Hemos sido más pragmáticos que principistas en esta relación que se remonta a la década de 1980 con los primeros negocios de arroz y manteca a cambio de petróleo, impulsado por las familias vinculadas a las plantaciones de arroz”, confió un diplomático de larga trayectoria. “En el discurso, Uruguay ha sido crítico con Irán, pero a la hora de votar hemos andado esquivando el bulto. Hasta nos hemos retirado de sala para no votar”, recordó otro.
Almagro, que fue secretario de la embajada en Irán en los noventa, afirma que los gobiernos islamistas “no presionan al gobierno uruguayo con la compra de alguna tonelada de arroz”, pero admite que históricamente ha primado la abstención. Sólo durante el gobierno de Tabaré Vázquez se votó en contra de Irán en Naciones Unidas, aunque fue ante un recrudecimiento de la represión contra la oposición. Frente a las críticas, el canciller defiende la seriedad de los planteos uruguayos en materia de derechos humanos: “ante hechos puntuales de graves violaciones masivas a los derechos humanos, Uruguay condena inmediatamente a los gobiernos, como sucedió en el caso de Siria o Sri Lanka, pero en situaciones de violaciones estructurales creemos en la progresividad y en la búsqueda de acuerdos para que los acusados cooperen con el sistema”. “Si el año pasado sostuvimos la abstención fue porque no nos parecía que un relator especial ayudara a resolver esta situación de larga data –subrayó- no vamos a cambiar ahora ante el mismo planteo, cuando además Irán acaba de invitar a la alta comisionada de derechos humanos a visitar el país. En la situación de Irán podría estar Arabia Saudita, o puede ser más necesario un relator para la situación de Libia, pero si usamos políticamente al sistema universal de derechos humanos lo vamos a terminar trancando”.
DIPLOMACIA CONTENIDA. La pregunta es si Uruguay no debería plantearse una política internacional de compromiso con los derechos humanos que exceda la actual pertenencia a varias instancias de prestigio en los organismos internacionales. Con las secuelas de la dictadura militar y una democracia consolidada, es posible plantearse una definición más permanente y previsible. Es cierto que la actual administración llevó la voz cantante en el tema sirio, recibió a las Damas de Blanco que defienden a la disidencia cubana y jugó un papel protagónico en la defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a los intentos de reforma impulsados por Brasil, Ecuador y Venezuela. Pero, ¿es suficiente?
La política exterior sueca por ejemplo tiene una definición de compromiso con la defensa de los derechos humanos y eso se traduce en la promoción de instituciones mundiales de defensa de diversos derechos, la permanente realización de informes por su país y la toma de posición internacional en consonancia con esos principios. Almagro apunta que en algunas oportunidades habló frente al cuerpo diplomático de la “diplomacia comprometida y responsable con los derechos humanos” y puso como ejemplo a Harald Edelstam, el diplomático sueco que en 1973, cuando las Fuerzas Armadas de Chile dieron el golpe de Estado, asumió la riesgosa decisión de rescatar a decenas de civiles, entre ellos a más de 40 uruguayos. No obstante, reconoce que el compromiso con los derechos humanos es un concepto que aún debe asumir el cuerpo diplomático, más allá de las directivas que dé un ministro puntual.
Otro diplomático que prefirió no ser identificado dijo a Brecha que la diplomacia comprometida con los derechos humanos es posible si la cancillería “tiene apoyo político” para desarrollar acciones de ese tipo. “Si ponemos una vara es para todos los casos. También tenemos que recibir a la oposición en Cuba, marcar las violaciones a los derechos humanos en China, en Oriente Medio o poder decir que Israel también hace mal las cosas”, explicó. En esta línea, hasta los empresarios y trabajadores deberían estar alineados con esa estrategia, porque hay que ser claros: se podría perder algún mercado y surgirían las dificultades propias de una acción comprometida.
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