La entidad, creada por ley en diciembre de 2008, recién comenzó a funcionar este año, luego de que el Parlamento aprobara las venias para los cinco miembros de su directorio, que además de González Guyer, componen la exfiscal Mirtha Guianze, los abogados Ariela Peralta y Juan Faroppa y el exlegislador nacionalista Juan Raúl Ferreira.
Según la ley 18.446, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tendrá la función de actuar en «defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional», a la vez que deberá prestar asesoramiento al Parlamento en la temática.
González Guyer dijo a El País que si bien el número de denuncias presentadas es importante, está dentro de lo esperable porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo «está respondiendo a una necesidad que tiene la ciudadanía que requiere un espacio para plantear sus problemas».
La jerarca señaló que las denuncias presentadas obedecen a demoras en trámites estatales, así como a casos de discriminación en entidades públicas.
González Guyer dijo que el organismo (que provisoriamente funciona en un despacho del edificio anexo al Palacio Legislativo) elaborará un informe sobre el fenómeno la migración que llega a Uruguay y las características de los empleos que realizan. «Es bueno como sociedad tomar conciencia de esa temática y que la gente que llega al país conozca los derechos que tiene», dijo.
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