Llevado a cabo en Buenos Aires, en el Palacio San Martín,
los Ministros Susana Malcorra (Canciller), Germán Garavano (Justicia) y
Patricia Bullrich (Seguridad), trabajaron junto a la DAIA en un seminario
internacional sobre lucha antiterrorista.
El CCIU participó del mismo a través de su secretario
general, Samy Canias. Asimismo estuvieron presentes autoridades de las
instituciones judías centrales de Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú y
España.
El evento fue presentado por Juan Félix Marteau, Coordinador
Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del
Terorrismo, y Gastón Schulmeister, director de Cooperación Regional e
Internacional del Ministerio de Seguridad. Asistió también el Vicedirector para
el Hemisferio Occidental del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
Michael Lieberman.
Infobae, por Silvia Mercado
Los costos de los ataques terroristas, eje de un debate de
especialistas
La Cancillería fue escenario de un Seminario Internacional.
Advirtieron que con montos muy menores se puede causar mucho daño
La existencia de «microemprendimientos del
terror», la constatación de que con montos muy menores se puede causar
mucho daño, la mutación permanente del fenómeno terrorista que solo en el 2015
provocó más de 29.000 muertos en el mundo es el dramático contexto en el que se
realizó hoy en la Cancillería el Seminario internacional sobre combate al
terrorismo y la financiación del terrorismo, organizado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, la DAIA y Presidencia
de la Nación.
En efecto, la pregunta acerca del costo de un atentado se
volvió crucial para los expertos porque no suele ser el control de fenomenales
sumas lo que lleva a detectar las células terroristas. El atentado en la
estación Atocha de Madrid, que provocó la muerte de 191 personas, costó entre
20 y 50 mil dólares y en general son varias veces menores los que se
perpetraron contra Charlie Hebdo en París o en el aeropuerto y la red de metro
de Bruselas, montos a veces insignificantes que se mueven sin llamar la
atención, lo que obliga a las autoridades a exacerbar los esfuerzos para
capturar a los terroristas antes de que actúen.
Para Juan Félix Marteau, coordinador nacional para el
Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y organizador
del inédito seminario, se trata de la «agenda del siglo XXI»,
caracterizada por el desafío de la cooperación internacional para enfrentar a
«lobos solitarios que se autoabastecen» en un marco de mutación cada
vez más complejo. Pero, más que nada, marca la necesidad de coordinación
interinstitucional entre las distintas oficinas públicas, desde Justicia hasta
Seguridad, pasando por la AFI, Aduana, Migraciones e incluso el Congreso.
«De otro modo, el Estado es impotente y la batalla está perdida de
antemano», dijo.
Las cifras apabullan. Javier Martínez, asesor legal de la
Oficina contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
dijo que ya se produjeron 73 mil atentados terroristas que provocaron a muerte
de 170 mil personas. ¿Cómo combatir semejante panorama? «Primero con un
nuevo armazón jurídico completo, en segundo lugar con la coordinación nacional
e internacional, siempre muy difícil, y por último con el respeto irrestricto a
los derechos humanos», explicó. Y agregó: «En esta lucha no hay
atajos».
Gastón Schulmeister, director nacional de Cooperación Regional
e Internacional de la Seguridad, sostuvo que «lo que cambió en la
Argentina es el compromiso con esta agenda, que supone monitorear los montos y
las asociaciones entre lo público y lo privado» que pueden terminar en
donaciones que financien el terrorismo. Lo que se necesita es «tener una
visión estratégica del problema y pedir ayuda a quienes tienen más experiencia
que nosotros».
Las «insignificantes cantidades de dinero» también
fueron un tema que abordó Michael Lieberman, vicedirector para el Hemisferio
Occidental del Departamento del Tesoro norteamericano, aunque reconoció que las
vías de financiamiento lícitas son innumerables, no solo por donaciones a
organizaciones civiles, como ya se mencionó, sino incluso por impuestos
comunes, como es el caso de los cobrados en los territorios controlados por
Hamas.
Por su lado, Ely Karmon, investigador senior en el Instituto
Internacional contra el Terrorismo Herzliya, de Israel, coincidió en que
«no se necesita gran cantidad de dinero para organizar una célula
terrorista». Explicó que con apenas 50 mil dólares, Hezbollah organizó un
grupo en Ciudad del Este, que luego se trasladó a Iquique, Chile.
Dio un panorama francamente pesimista. Dijo que hay 900
grupos en todo el mundo en permanente mutación y con transformación de
alianzas, aunque en realidad se trata de pocas personas: 5000 personas en toda
Europa, de las cuales hay 1000 en Francia, 800 en Alemania. Detalló que hay 280
en los Estados Unidos. «El 17 por ciento de los reclutados son mujeres»,
especificó.
El seminario fue abierto por el viceministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Foradori, y el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.
Luego de las ponencias centrales los participantes pudieron elegir entre tres
mesas redondas y muy especiales, «El régimen legal sobre terrorismo y
financiación del terrorismo», «El sistema de seguridad e inteligencia
para prevenir el terrorismo y la financiación del terrorismo» y «El
contexto cultural y la concientización sobre los riesgos del extremismo y la
violencia». Fue la ocasión de discutir mano a mano con los expertos
internacionales invitados para la ocasión en grupos que no pasaban las 20
personas.
El cierre estuvo en manos de la ministro de Seguridad,
Patricia Bullrich, quien resaltó los avances de su área a través de un nuevo
vínculo con la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, que
incluye la nominación de Leandro Despouy en la estratégica Comisión de Ficheros
(donde se hace el seguimiento de las alertas rojas) y la incorporación paulatina
en las entradas y salidas del país de la información de los
«buscados» internacionales, de la que hasta ahora se carecía.
Marteau aprovechó para confirmar que en el mes de marzo el
Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma de la ley
antiterrorista, con modificaciones integrales al sistema de represión del
terrorismo y su financiamiento, entre otros tópicos. El Gobierno podrá
discutirlo con Jean Paul Laborde, director ejecutivo de la Oficina contra el
Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que vendrá
especialmente al país para analizar ese asunto crucial.
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