El atentado contra la sede de la AMIA, que terminó con la vida de 85 personas y dejó seriamente heridas e incapacitadas a centenares de víctimas, es el hecho criminal más grave sufrido en nuestro país. Y amenazaba, increíblemente, con convertirse en el encubrimiento criminal más desvergonzado, silenciado e impune de nuestra historia gracias a las complicidades de funcionarios políticos y judiciales que estuvieron siempre más comprometidos con el poder que con la ley.