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El parlamento libanés votará mañana los derechos de los refugiados palestinos
TEXTO: DANIEL IRIARTE
En la entrada de Borj El-Barajne monta guardia una pareja de policías libaneses. «Están aquí para impedir que entre ningún material de construcción, cemento o tierra», comenta en un susurro el activista palestino Gabi As-Shamal. Aquí, como en el resto de campos de refugiados dispersados a lo largo de todo el Líbano, los palestinos tienen prohibido construir. El Líbano teme que esas edificaciones precarias se acaben convirtiendo en definitivas, y trata de evitarlo.
En Borj El-Barajne viven 16.000 palestinos y es el segundo campo más grande del Líbano donde, en total, malviven unos 400.000 refugiados. De todos los países que acogieron a los palestinos tras lo que ellos llaman la «nakba» («el desastre») —la salida de sus tierras tras la creación del estado de Israel en 1948—, el Líbano es aquel en el que su situación es peor. No tienen libertad de movimientos, ni derecho a la propiedad o al trabajo: existe una lista de más de 70 profesiones de alto rango que no pueden ser ejercidas por palestinos, entre ellas la de ingeniero, médico o abogado.
«Todos los problemas se derivan del hecho de que aquí los palestinos no están reconocidos por la ley, no hay un texto concreto en el que se diga quién o qué es un refugiado palestino en el Líbano», asegura Roha Badran, directora de la Organización Palestina de Derechos Humanos (OPDH), con base en Beirut. «La negación de derechos es la forma normal de tratar a los palestinos en el Líbano», afirma.
¿Prosperará la votación?
Ahora, esa situación podría cambiar. Está previsto que, si no hay demoras, mañana el parlamento libanés vote una propuesta del líder del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblatt, para garantizar un mínimo de derechos a los refugiados —entre otros, al trabajo y a la propiedad—, aunque no la ciudadanía. La iniciativa ha dividido a los diferentes grupos políticos del país en torno a estrictas líneas confesionales —algo, a pesar de las apariencias, extremadamente raro en el Líbano—. Musulmanes, tanto suníes como chiíes y drusos, apoyan la medida, mientras que los dos grandes partidos cristianos —Falange y Kataeb— se muestran unidos en su rechazo a ésta.
La iniciativa ha dividido a los diferentes grupos políticos del país
«No podemos darles a los palestinos derechos de los que carecen muchos libaneses, dado el déficit en el fondo nacional de la seguridad social», ha declarado el líder del partido Falange, Sami Gemayel. Los partidos cristianos temen que esta medida sea un primer paso hacia el «tawtin», la temida naturalización de los palestinos, que alteraría la demografía del Líbano a favor de los musulmanes.
«La comunidad cristiana no entiende por qué es importante dar derechos a los palestinos, así que los políticos cristianos temen que, si dan un paso en ese sentido, otro partido que se mantenga firme les quitará a sus votantes», explica Roha Badran. «Aunque el problema no son sólo los cristianos, hay muchos intereses en que los palestinos sigan en esta situación. Muchos musulmanes creen que si se le dan derechos a los palestinos, olvidarán su tierra y querrán quedarse. Por otro lado, hay muchos empresarios que explotan económicamente a los refugiados, que ahora están indefensos», asegura.
Delante de Borj El-Barajne hay un edificio custodiado por hombres armados con kalashnikovs. A los pocos metros otro y, después, otro. Cada uno pertenece a una de las diferentes facciones palestinas y sus subsiguientes escisiones: FDLP, FPLP, FPLP-CG, etc. Dentro de los campos, son las milicias palestinas las encargadas de mantener el orden. La policía no entra. Y algunos se aprovechan de eso.
Los campos de refugiados palestinos son «una bomba de tiempo», según Sahar Atrache, analista del International Crisis Group. «Hay muchos intereses en mantener los campos como zonas sin ley. Muchos criminales se ocultan allí, y los fundamentalistas islámicos también pueden organizar programas ilegales; entre los palestinos desesperados es muy fácil reclutar y radicalizar a la gente», explica Badran. En 2007, el grupo radical Fatah Al-Islam ya protagonizó una insurrección en el campo de Nahr El-Bared que se saldó con 400 muertos.
Un futuro poco optimista
En Borj El-Barajne las condiciones son terribles: las tuberías de agua y los cables eléctricos penden juntos, enmarañados, a pocos centímetros de las cabezas de los transeúntes. «Este chico, Ahmed Ali se electrocutó por este motivo hace cinco meses», dice Nazim Ad-Dirawi, encargado de asuntos sociales de la OLP en el campo, señalando la foto del muchacho que pende de una pared.
Muchos refugiados han dividido su parcela y construido una tienda en una de las habitaciones de la casa. Nemer Ibrahim ha conseguido enviar a sus hijos a la universidad, aunque está muy preocupado por su futuro: «No van a encontrar trabajo como ingenieros. Y en lo que encuentren, les van a pagar la mitad que a un libanés», dice con amargura.
Pero en Borj El-Barajne incluso los tipos como Ibrahim pueden considerarse afortunados. Gabi As-Shamal nos lleva a ver a Abu Walid, a quien le cortaron la pierna derecha por enfermedad. Ahora, la gangrena hace que la izquierda sea también insalvable. Su mujer está enferma y a su hija le han encontrado un glaucoma en los ojos. «No puedo pagar mis medicamentos. Hay gente que nos da tres dólares diarios, pero vivimos como mendigos», se lamenta. «Si estuviesen reconocidos por la ley, este hombre podría aspirar a un tratamiento médico público», explica As-Shamal, el activista palestino. Pero ni él ni Roha Badran son optimistas respecto a la votación. «El Líbano no está preparado para dar este paso», aseguran.
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