El ocultamiento de la
verdad y la utilización política de la causa AMIA han sido una constante en los
20 años transcurridos desde el atentado que costó la vida de 85 personas.
Tan sólo dos preguntas
nos permiten sospechar que probablemente la verdad sea muy distinta a la que
durante este tiempo nos han impuesto. La más obvia: ¿cuál sería el motivo por
el que miembros de la Justicia, incluyendo al juez que instruyó la causa desde
1994 así como a los fiscales, los oficiales de la Policía Federal a cargo de la
investigación e importantes miembros de la SIDE y del gobierno del presidente
Menem, colaboraron para entorpecer, desviar y encubrir un atentado cometido por
un grupo extremista extranjero? Nadie encubre y se arriesga a destruir pruebas
en beneficio de quien no conoce, salvo que exista una fuerte razón que lo
amerite.
En segundo término, ¿cómo
podemos dar por cierta una investigación iniciada por quienes fueron apartados
del caso por encubrir y a pesar de eso convalidar su trabajo en la instrucción
de la causa? Para decirlo más claro: se apartó de ella a quienes ocultaron
pruebas, entorpecieron la investigación y encubrieron, pero se dio por cierta,
sin dudar, la instrucción que realizaron.
Desde el inicio, aun
antes de poder comprender lo que pasó en el edificio de la calle Pasteur y que
el polvo de la explosión se depositara sobre las terrazas del barrio de Once,
alguien nos sopló al oído el nombre del culpable. A partir de allí todo aquello
que no encajaba con esa teoría era descartado, ocultado y destruido.
El presidente de la DAIA,
comprometido económicamente con el gobierno del presidente Menem, convalidó la
teoría oficial. Desde entonces, no importa cual fuera el gobierno de turno, con
mayor o menor vehemencia se siguió por un camino que llevó el caso al estado en
que hoy se encuentra. Pero ocurrieron algunas cosas que merecen ser conocidas
por la opinión pública. Aunque tal vez no sirvan para esclarecer el atentado,
pueden al menos ayudarnos a entender por qué nunca se investigó seriamente.
Muchos años antes del
atentado, la Policía Federal decidió plantar un “topo” en el seno de
la comunidad judía. El oficial de inteligencia confesó al autor de esta nota,
ante dos periodistas más, sus sospechas de que la información que elevó a sus
superiores durante sus largos años como infiltrado dentro de las organizaciones
de la comunidad pudo haber sido utilizada para cometer el atentado.
Sus sospechas pueden ser
ciertas o no, pero el solo hecho de que la Policía Federal, es decir, el Estado
argentino, haya ordenado infiltrar a las organizaciones israelitas dependientes
de la DAIA nos indica que su intención fue, más que protegerlas, debilitarlas.
Esto revela también que quien tenía la obligación de investigar el atentado en
realidad nos estaba investigando.
Esta revelación ayuda a
reconocer que ninguna organización que tenga la capacidad de entrenar con la
eficiencia con que este verdadero espía fue entrenado puede cometer los errores
que se cometieron durante todo el proceso de investigación. Podemos pensar que
han utilizado la supuesta ineficiencia para proveernos de un relato que
justifique por qué seguramente jamás sabremos quién cometió el atentado.
Lo que le da actualidad
al problema es que la existencia de este espía fue conocida de manera cabal por
la cúpula del actual gobierno y, a pesar de eso -si bien ya antes había sido
reemplazado por otro en sus tareas dentro de la comunidad-, sigue revistando
como “pluma” (servicio) en la Policía Federal.
Podemos entonces concluir
que en estos veinte años jamás existió dentro del Estado argentino verdadera
voluntad política para resolver el atentado y juzgar a los culpables. El Estado
argentino, más allá de las complicidades, ingenuidades y complacencias que
puedan haber tenido de algunos miembros de la comunidad judía, es el único
responsable por la investigación y el estado actual de la causa.
El autor, periodista, acaba de reeditar, en
versión ampliada, AMIA. La ley bajo los escombros (Sudamericana).
