Visavis- por Luciano Mondino
Alberto Nisman se transformó el 18 de enero de 2015 en una víctima más de ese terrorismo islámico que asestó su primer golpe en marzo de 1992, pero que venía planificando su accionar desde hacía muchos años antes.
Por estas horas transcurre el octavo año desde que el fiscal de la UFI AMIA, la unidad fiscal que investigaba uno de los hechos más trágicos de la historia reciente, dejara de dar señales al exterior desde uno de los departamentos de las Torres Le Parc, en Puerto Madero, Buenos Aires.
El fiscal Alberto Natalio Nisman llevaba investigando el atentado a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, desde que en el año 2004 le fuera designada la causa. Como fiscal nacional, Nisman debía dictaminar sobre quiénes y por qué habían atacado nuevamente en Buenos Aires con un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 víctimas sobrevivientes, algo que logró en una serie de dictámenes donde demostró la autoría intelectual de Irán y la ejecución de Hezbollah, una agrupación chiita del Líbano que responde al primero.
Era el responsable de perseguir la justicia que para ese momento era fuertemente ultrajada por la intromisión política, la impunidad y el estorbo a la verdad que todos los 18 de julio de cada año retrocedían los relojes hacia 1994 y volvían a detonar los mismos explosivos que habían impactado en la calle Pasteur.
Desde que el vehículo explosivo detonó en la entrada al edificio compartido por la AMIA-DAIA, pasaron 29 años. No hay que olvidarse tampoco que el 17 de marzo de 1992 el mismo fundamentalismo islámico asestó el primer golpe contra el territorio nacional y dejando un saldo de más de 100 víctimas fatales y 500 víctimas sobrevivientes si sumáramos los dos. Fueron dos ataques terroristas islámicos que tuvieron lugar en América del Sur y unos muy pocos años antes de que Al Qaeda atentara en Estados Unidos.
Así como el tiempo puede convertirse en aliado de la impunidad, también puede volverse condición necesaria para que las cosas se demuestren: el lamentable memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán en 2013 que creaba una Comisión de la Verdad; el asesinato del fiscal Alberto Nisman en 2015; la constante falta de cooperación judicial de Irán para detener a los acusados por la justicia argentina y ratificados por INTERPOL desde el 2007, son hechos encadenados de forma tal para hablar de una continuación temporal e histórica.
Cuando la justicia no llega, el problema se mantiene y la falla se produce en uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo que es la lucha ideológica.
Hasta el momento, la justicia argentina avanza sobre dos premisas: en primer lugar, que el fiscal murió por la denuncia que había realizado y después, que su muerte es investigada como homicidio. Lo que ocurrió esas horas entre el 17 y el 18 de enero de 2015 en las Torres Le Parc fue un capítulo más en la intrusión de Irán en América Latina, una región caracterizada por las fallas estructurales en sus poderes judiciales e instituciones.
La entrada de Irán a través de Venezuela, país bajo control del chavismo desde hace décadas y con funcionarios fuertemente vinculados a las altas esferas del poder iraní, le permitió al terrorismo islamista transnacional (el terrorismo que opera a través de las fronteras nacionales) una base operativa política en la cual el régimen de los Ayatollah desde hace tiempo encuentra un aliado internacional para su lavado de rostro.
La Triple Frontera que une a Brasil, Argentina y Paraguay es el hub criminal por excelencia donde confluye la zona gris del terrorismo. En América Latina no se puede desconocer que el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, funciona como estructura de financiamiento ilícito de grupos islámicos que operan en Ciudad del Este, la ciudad paraguaya donde se encuentra asentada una considerable cantidad de diáspora libanesa. Una zona gris, por lo tanto, unirá los intereses políticos que una organización terrorista persigue y los intereses económicos de las bandas criminales.
La agrupación terrorista Hezbollah es quien continúa operando en Ciudad del Este por intermedio de mecanismos de financiamiento ilícito con fachadas legales. Existen causas judiciales y detenciones tanto en Paraguay como en Brasil que hablan de esto. Se debe sumar también que, en Ciudad del Este, territorio en descontrol y anomia legal, operan los grupos criminales dedicados a la falsificación y distribución de documentación de viaje que es fundamental para perpetrar cualquier acto terrorista o criminal.
Alberto Nisman se transformó el 18 de enero de 2015 en una víctima más de ese terrorismo islámico que asestó su primer golpe en marzo de 1992, pero que venía planificando su accionar desde hacía muchos años antes. El ingreso al país de ciudadanos iraníes camuflados como activistas y personal diplomático comercial, la radicalización en las mezquitas y el reclutamiento, fueron parte de este entramado.
En el 2015 el responsable de cuidar al fiscal Nisman era el estado argentino cuyo gobierno había sido denunciado por liderar una confabulación criminal perpetrada para exculpar a Irán de las acusaciones y fabricar su inocencia. Siendo los principales apuntados la expresidente, Cristina Fernández, y su canciller o ministro de relaciones exteriores, Héctor Timerman, el asesinato del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA cobra una relevancia institucional de impacto no solo para el país sino también para la región.
Ocho años después, Argentina siguió siendo desesperante espectador del accionar de estos grupos implicados en los atentados de 1992 y 1994. En junio de 2022, la llegada de la aeronave venezolana iraní con matrícula YV3531 piloteada por elementos ligados a las Brigadas Quds y los servicios de inteligencia de Irán, despertó la alerta regional porque se materializaba algo que en el Medio Oriente es moneda corriente: el traslado de armamento por medio de las cargas comerciales hacia zonas de guerra, como Siria, o en apoyo a la agrupación libanesa Hezbollah.
Los vuelos de Irán en América Latina abrieron una nueva etapa en estas más de tres décadas de impunidad y olvido en donde el tiempo se convierte en el aliado de ambos. A pesar de las indicaciones del FBI y servicios de inteligencia regionales, la tripulación del avión venezolano iraní dejó finalmente el país en octubre de 2022 y en medio de las presiones de Nicolás Maduro.
El 18 de enero el fiscal Nisman se transformó en una de las víctimas más de un proceso iniciado en 1994 que se transformó en una cicatriz permanente, indeleble, sobre la cual los mismos temores renacen y donde el futuro se torna aún más incierto.
Luciano Mondino. Periodista. Analista de política internacional-seguridad-terrorismo y crimen organizado
