Infobae- por Patricia Blanco
Este martes, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión para el ex comisario Carlos Castañeda, quien debía custodiar desde la Policía Federal pruebas claves de la causa AMIA en los primeros momentos de la investigación.
La Justicia lo encontró responsable por la desaparición de más de 60 casetes con escuchas telefónicas y el borrado del contenido de la agenda de Carlos Telleldín, el reducidor de autos que fue absuelto dos veces en la causa por la voladura de la mutual judía, que provocó la muerte de 85 personas. El próximo lunes se cumplirán 28 años del aquel atentado que no tiene culpables condenados. Las únicas sentencias son por el encubrimiento de la investigación.
En una resolución a la que accedió Infobae, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron un recurso que había presentado la defensa de Carlos Antonio Castañeda contra la sentencia que lo había encontrado culpable por la destrucción de pruebas. Aquel fallo, en el que se había sostenido la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el atentado, había sido dictado en junio de 2005 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6.
Castañeda fue encontrado responsable del delito de sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, en forma reiterada -dos hechos- a cuatro años de prisión. El fallo ordenó su captura una vez que la sentencia fuera ratificada, que ocurrió en octubre de 2007. En ese momento fue preso, por lo que la decisión de la Corte no implica su arresto, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Ahora, aguarda saber su suerte en el segundo juicio en su contra por encubrimiento.
Lo que se dio por probado en el caso que dejó firme la Corte Suprema fue que entre el 28 de julio y el 23 de septiembre de 1994 Castañeda, en su calidad de Jefe del Departamento Protección de Orden Constitucional (D.P.O.C.) de la Policía Federal Argentina, sustrajo diskettes de computadora y casetes de video que fueran secuestrados ese mismo 28 de julio, a diez días de la voladura de la mutual judía, en el allanamiento que se hizo en la casa de Carlso Telleldín, en Villa Ballester. También desaparecieron rollos de fotos de un departamento de la calle Carlos Calvo en la Capital Federal. Todo eso constituía prueba para la investigación del atentado y Telleldín aparecía como uno de los principales sospechosos, porque -sostenía la acusación- por sus manos habría pasado la camioneta bomba.
No fue lo único que desapareció y debía estar bajo la órbita de Casteñeda, quien dejó de estar al frente del DPOC el 16 de noviembre de 1994. Según se determinó, “entre el 27 de julio de 1994 y una fecha que no se puede determinar, Castañeda, en su calidad de Jefe de dicha dependencia policial, sustrajo sesenta y ocho (68) casetes conteniendo todos ellos conversaciones telefónicas grabadas”, que había ordenado el entonces juez Juan José Galeano en la línea telefónica de la casa de Telleldín.
“En toda esta maniobra existió cuanto menos la intención de encubrir a alguien”, sostuvo en su momento el fiscal Alberto Nisman, cuando impulsó la condena del ex jefe policial. De los allanamientos de esos primeros días no desapareció dinero ni joyas ni valores. Lo que desapareció fue lo más preciado: información.
¿Qué había en esos materiales? Nunca se supo, pero está claro que se trataba de una prueba valiosa que registraba llamados al teléfono de Telleldín cuando el reducidor de autos decidió escapar y negociar, más tarde, su entrega. Por su casa pasaron desde agentes de la Policía Bonaerense hasta personal de la SIDE.
Telleldín fue juzgado dos veces por su conexión con el atentado. Se lo acusó de haber manipulado la Trafic que vendió ocho días antes del atentado y que más tarde se usaría como coche bomba. En el primer juicio fue absuelto junto a un grupo de policías a los que él había acusado luego de un pago de 400 mil dólares que negoció con el entonces juez Galeano en 1996. Apelaciones mediante de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie los dos primeros años de investigación antes de aquel pago. Fue llevado a un nuevo juicio en donde tanto fiscalía como querellas pidieron que fuera condenado a penas de 20 años a perpetua. Pero, a 26 años y medio del ataque, el Tribunal Oral Federal 3 concluyó que durante el proceso no se probó que Telleldín supiera el uso que iba a tener la camioneta Trafic.
En el juicio oral por el encubrimiento, Telleldín también estuvo en el banquillo de los acusados, junto al juez Galeano, los fiscales, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy o el propio Castañeda, que recibió tres años de prisión por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y falsedad ideológica, tal como lo había solicitado la UFI AMIA en su acusación.
Si en las pruebas que destruyó Castañeda había algo que podría haber servido para la investigación, nadie lo podrá saber. Durante el proceso Castañeda eligió el silencio, mientras que el otro acusado, Jorge Gelabert, número dos del POC rechazó los cargos en su contra y dijo que era inocente. La fiscalía y la querella de AMIA habían reclamado duras penas contra los imputados: se pidió seis años y medio de cárcel para Castañeda y tres años y medio para Gelabert. El primero fue condenado a cuatro años; el segundo, absuelto. Castañeda apeló la sentencia hasta llegar a la Corte Suprema que hoy rechazó, a través de un llamado “280″, su planteo y dejó firme la condena.
