Doble moral

22-3-2012
Columna
Por Claudio Paolillo
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió en marzo de 2011 designar a un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Votaron a favor del nombramiento de Ahmed Saheed –un hombre de origen musulmán- 22 democracias (Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Guatemala, Hungría, Japón, Maldivas, México, Noruega, Polonia, Moldavia, Corea, Senegal, Checoslovaquia, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Irlanda del Norte, Estados Unidos y Zambia), votaron en contra siete dictaduras o regímenes autoritarios (Bangladesh, China, Cuba, Ecuador, Mauritania, Pakistán y Rusia) y resolvieron abstenerse 14 dictaduras, regímenes autoritarios y una democracia (Bahrein, Burkina Faso, Camerún, Djibouti, Gabón, Ghana, Jordania, Malasia, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita, Tailandia, Uganda y Uruguay).
El 6 de marzo, el relator Saheed divulgó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Allí, el relator de la ONU concluyó que el régimen iraní, que preside Mahmud Ahmadineyad y dirigen los ayatolas fundamentalistas, viola en forma sistemática e “impactante” los derechos humanos más elementales de las personas.
Luego de gigantescos fraudes electorales para perpetuarse en el poder, el gobierno iraní impide que exista un mínimo escrutinio público sobre lo que hace, abusa de su poder y discrimina abiertamente contra las mujeres, las minorías étnicas y las minorías religiosas. El Código Penal Islámico reserva al Poder Ejecutivo la posibilidad de echar a los miembros del Parlamento si no respetan lo que llaman la “Carta Moral de los Representantes”, limita severamente o, directamente, prohíbe la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, intimida de las maneras más repugnantes a quienes osan discrepar (amenazándolos, por ejemplo, con que si siguen adelante con su prédica las familias pagarán las consecuencias), tiene presos políticos y de conciencia en sus cárceles y centenares de personas proscriptas para ejercer la actividad política.
El informe del relator, disponible en la web, dice que las fuerzas regulares y parapoliciales del régimen, encabezadas por el temible Basij (una réplica de las SS nazis) invaden las universidades para atacar a los estudiantes que se oponen a la tiranía, encapuchan a los prisioneros políticos y los torturan durante los interrogatorios (confinamientos solitarios, picana eléctrica, terribles golpizas, amenazas de violación), asesinan a disidentes (tanto sea a balazos, en la horca o mediante el sistema de lapidación –en este momento hay al menos 15 hombres y mujeres condenados a morir a pedradas por el delito de “adulterio”-), encarcelan y a veces ejecutan a niños y adolescentes, y, también, hacen “desaparecer” gente.
En Irán están prohibidos los sindicatos independientes de trabajadores, hay 42 periodistas presos (es el país con más cantidad de periodistas encarcelados en el mundo), 150 huyeron escapando de la represión y de las persecuciones, rige una estricta censura de prensa y la Oficina del Líder Supremo es la que dice qué se puede publicar y qué no.
El relator de la ONU recibió informes sobre la detención de cientos de personas, 57 de las cuales fueron sentenciadas recientemente a 26 años de prisión y a recibir 1.390 latigazos cada una.
Los transexuales, los bisexuales, las lesbianas y los homosexuales carecen de todo derecho, incluido el derecho a vivir. El artículo 109 del fascista Código Penal Islámico de Irán dice que “las dos partes en una relación gay son igualmente responsables desde el punto de vista penal y pueden enfrentar castigos severos, incluyendo la pena de muerte”.
Esto y muchas otras cosas terribles dice el informe divulgado hace dos semanas por el relator especial de la ONU.
Cuando el año pasado hubo que nombrar al relator especial de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en Irán, el gobierno de Uruguay se abstuvo, separándose de las democracias y juntándose con los déspotas. Ahora, el gobierno, por medio de su canciller, ha anunciado que Uruguay volverá a abstenerse cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ponga a votación la prórroga por un año del mandato del relator.
El canciller dice que para que Uruguay cambie de posición tiene que haber “argumentos serios” y sostiene que, hasta ahora, no existen. ¿No existen? ¿Qué más precisa el canciller Luis Almagro para encontrar lo que él llama “argumentos serios”? ¿No le parecen suficientemente serios los argumentos que desgrana el relator especial de la ONU en su informe del 6 de marzo?
¿Qué más quiere el canciller Almagro? Tiene con ese informe –como tenía antes con tantos otros informes de Amnistía Internacional y de las propias Naciones Unidas- un arsenal completo de violaciones a los derechos humanos en Irán: fraude electoral, persecución encarnizada a los disidentes, inexistencia de la separación de poderes, censura de prensa, supresión de las libertades de expresión, reunión y asociación, discriminación contra las mujeres y contra las minorías étnicas y religiosas, torturas sistemáticas, picana, plantones, arrestos arbitrarios, latigazos, penas de muerte por adulterio, lapidaciones, asesinatos políticos y hasta desaparecidos.
No hay ninguna razón política, económica, comercial o diplomática que justifique este tristísimo posicionamiento de Uruguay en este asunto.
Y es, por lo menos, llamativo que el mismo gobierno que ayer miércoles 21 asumió la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Uruguay hace 30 o 40 años, sienta tanto pudor cuando se le pide, no ya que condene a un régimen que arrasa con esos derechos, sino apenas que vote a favor de que alguien designado por el organismo de derechos humanos de la ONU averigüe que pasa en Irán.
Este doble rasero resulta humillante. ¿Por cuánto tiempo más le dará el rostro al canciller para medir con varas tan diferentes las violaciones a los derechos humanos según donde ocurran, según quién las perpetre y según quiénes sean las víctimas? Los derechos humanos tienen una dimensión universal y no hay particularidades culturales, ni características nacionales, ni singularidades religiosas que justifiquen que las mujeres iraníes tengan menos derechos que las mujeres uruguayas simplemente por ser iraníes, ni que los políticos iraníes opuestos a ese régimen tengan menos derechos que los políticos uruguayos por el solo hecho de ser iraníes.
¿Hasta donde llega el relativismo moral del canciller para decir que pide perdón por las violaciones a los derechos humanos en Uruguay y, al mismo tiempo, ni siquiera da su consentimiento para que un funcionario de las Naciones Unidas investigue lo que ocurre aquí y ahora en la misma materia con otros hombres y mujeres sometidos a salvajadas iguales o peores?
Cuando el año pasado Uruguay se abstuvo en la designación del relator especial de la ONU para Irán, el argumento del canciller fue que “había una intención de marcar políticamente a Irán” por parte de la comunidad internacional. ¡Pero claro que la había! ¿Qué otra cosa puede hacer el mundo civilizado que “marcar políticamente” a un régimen despótico, totalitario y violador de los derechos más elementales de cualquier ser humano?
¿Qué hubiera dicho el canciller si pudiera meterse en el túnel del tiempo y el relator de la ONU, en lugar de ser para Irán, hubiera sido para el régimen de Pinochet, o para la dictadura de Franco, o para la satrapía de Videla? ¿Hubiera dicho “Uruguay se abstiene porque hay un intento de ‘marcar políticamente’ a Chile, a España o a Argentina”?.
Seguramente no. Seguramente, puesto en alguna de esas circunstancias, el canciller Almagro hubiera, ya no votado, sino impulsado el envío del relator para que hiciera una investigación a fondo sobre el estado de los derechos humanos en aquellas dictaduras. Pero, por razones inescrutables, para el canciller de Uruguay, Irán es diferente.
Cuando están en juego valores tan fundamentales para la convivencia entre los seres humanos y, sobre todo, cuando un régimen de esa calaña está poniendo el pie en América Latina gracias a los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, la indiferencia no es una opción. O, quizá, sea la peor opción.