29-1-2012
Editorial
Sergio Abreu
El diario Página 12 de la prensa argentina publicó una despreciable caricatura nazi que tuvo como reacción del editor una simple disculpa al día siguiente.
Esta actitud merece un repudio público y una alerta sobre las expresiones de discriminación que avanzan en tantos sentidos, y que no se reducen exclusivamente al tema racial, aunque en el caso, la agresión contra la colectividad judía no puede interpretarse como un hecho casual.
El gobierno y el Frente Amplio han ignorado este hecho, cuando en realidad las conductas discriminatorias que de ellos surgen avanzan en forma disfrazada a distintas esferas de la vida social.
En estas circunstancias, la lucha por la justicia social y la equidad es un tema vinculado a la gestión, conducción y aplicación de políticas públicas eficientes. De modo que, no sólo la comunidad israelita siente la ausencia de respaldo, sino que cientos de miles de personas en el Uruguay, muchas veces sin darse cuenta, viven sometidas a una permanente discriminación.
La reforma educativa que se intenta impulsar no despierta la conciencia nacional sobre las 250 escuelas rurales que carecen de agua potable, y menos aún, en las cerca de 300 que no tienen luz eléctrica, a lo que debe agregarse las 870 escuelas rurales que disponen de un solo maestro para todos los grados. Esta discriminación se profundiza por las dificultades de inserción que tienen los jóvenes del interior, tanto en los niveles superiores de educación como al mercado laboral que exige cada día un empleo más calificado.
Por otro lado, la discriminación aumenta en los barrios urbanos más pobres de la capital, al comprobarse que las escuelas públicas allí instaladas muestran una altísima rotación docente y un ausentismo superior al mínimo razonable.
El ciudadano de pocos ingresos no puede pagar alarmas, colocar rejas en sus casas o contratar seguridad privada, por lo que el gobierno lo somete a una discriminación que afecta su calidad de vida, ya que su ineficiencia en combatir la delincuencia ha llegado a niveles inimaginables.
Por otro lado, el asistencialismo sin contrapartida (el Mides) discrimina contra los que trabajan, pagan cada día más impuestos y se desviven por mantener con dignidad a su familia. Pero eso no le importa al gobierno porque sabe que con esta discriminación obtiene réditos electorales en un clientelismo político puesto de moda en muchos países de la región.
La mayoría de los ciudadanos también es discriminada, porque no tiene un sindicato que la defienda, no se puede quejar contra la burocracia, ni de los costos de los servicios, ni del maltrato que recibe en las oficinas públicas cuando viaja especialmente desde el interior a Montevideo.
El gobierno, aunque no lo diga, ignora que los derechos humanos son iguales a los «izquierdos» humanos, y como la ideología es su manual de acción, no ha asumido que para evitar una discriminación generalizada hay que avanzar paso a paso en la prestación eficiente de todos los servicios públicos.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo está más preocupado por administrar sus afinidades con el Presidente Chávez, con el gobierno de Irán y en ceder en forma preocupante ante nuestros vecinos en perjuicio del interés nacional.
En suma, la discriminación se ha instalado en nuestra sociedad en perjuicio de los más débiles y no despierta el interés del gobierno porque éste vive ocupado en solucionar los conflictos ideológicos entre los sectores del Frente Amplio y muestra una gestión impredecible y contradictoria.
El silencio oficial sobre la publicación de Página 12 es más que preocupante, porque demuestra que el gobierno aplica un criterio selectivo en materia de los derechos humanos, y que la pasividad es parte de sus respuestas. Esto lo ha erigido en el principal agente de inequidad de la sociedad en contradicción con los postulados igualitarios y reivindicativos que la izquierda ha pretendido privilegiar históricamente.
Por eso tenemos que decirle basta a toda manifestación de discriminación, no sólo por el rechazo que nos provoca sino por el avance cotidiano que se produce en toda la sociedad, tanto por la ineficiencia generalizada del gobierno en conducir al país, como por su intención manifiesta en algunos temas particularmente sensibles.
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