La Institución Nacional de Derechos Humanos nació para defender la libertad, la dignidad y los derechos de todas las personas, también de quienes piensan diferente. Sin embargo, una reciente Asamblea terminó marcada por la cancelación y el retiro de parte del público cuando tomó la palabra el director Marcos Israel. Ricardo Peirano cuestiona lo ocurrido y advierte sobre los riesgos de que el discurso de odio y la intolerancia se instalen precisamente en los ámbitos llamados a combatirlos.
Si hay alguna característica que debe ser signo distintivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es el respeto por cada persona, independientemente de lo que piensa, escribe o dice, de su sexo, raza o credo religioso.
Es ese un derecho intrínseco de cada persona, inherente a la naturaleza humana y recibido por el solo hecho de existir. Es un derecho anterior a cualquier concesión estatal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) de la Organización de las Naciones Unidas establece, en su Preámbulo, lo que será la base de todo el documento:
“la libertad, la justicia y la paz en el mundo de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Eso implica tres ideas centrales:
La dignidad es intrínseca (va unida a la persona misma; no se otorga por gracia).
Los derechos son iguales para todos.
Los derechos son inalienables: no se pueden ceder, vender ni quitar de forma legítima.
El texto presenta el “reconocimiento” de esos derechos como fundamento de la paz, no como su origen. Es decir: los derechos ya existen; lo que falta (y lo que la Declaración pide) es reconocerlos y protegerlos.
Y para ser más preciso, el Artículo 1 declara con contundencia: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
La palabra clave, aquí, es “nacen”: la libertad, la dignidad y los derechos se atribuyen desde el nacimiento, no desde que los consagre una ley, un contrato o una decisión política de un país determinado en un momento determinado.
Por tanto, el documento madre en materia de Derechos Humanos, la gran Carta Magna de estos derechos, los presenta como:
Universales: corresponden a todo ser humano, sin distinción.
Iguales.
Inalienables.
Anteriores y superiores a la organización política: el Estado no los crea; debe reconocerlos y protegerlos por un régimen de Derecho (otro “considerando” del Preámbulo).
Ligados a la dignidad intrínseca, ya que las personas están dotadas de razón y conciencia.
En resumen: la Declaración afirma que estos derechos ya existen en la persona (dignidad intrínseca, nacimiento en libertad e igualdad, carácter inalienable) y que el área de las naciones es reconocerlos y garantizarlos, no inventarlos. Estos conceptos parecen elementales y aceptables universalmente sin mayores discusiones. Lamentablemente no lo son.
Lamentablemente esos derechos se desconocen no solo por los Estados, que tienen la obligación de reconocerlos y garantizarlos, sino también por particulares en la vida privada.
Estas consideraciones son importantes para entender por qué es muy grave lo ocurrido el pasado 28 de agosto en la sesión de cierre de la XV Asamblea Nacional de Derechos Humanos convocada por el INDDHH, la institución creada precisamente para protegerlos.
La Asamblea correspondiente al año 2026 tenía tres ejes temáticos: infancia y adolescencia, salud mental y ambiente. En la sesión final, varias organizaciones que participaban de la Asamblea leyeron una proclama que nada tenía que ver con estos temas. Era un reclamo contra la creación de un Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo. Y contenía una crítica dura contra un director del INDDHH, el señor Marcos Israel, a raíz de declaraciones suyas sobre el conflicto de Gaza.
Conflicto que ha nublado la vista de amplios sectores de la izquierda uruguaya, que solo ve un culpable —Israel— y una víctima —los gazatíes— que gobierna una organización terrorista cuyo único fin es la destrucción del Estado de Israel.
Cuando Marcos Israel tomó la palabra, una buena parte del público se retiró, en un verdadero acto de cancelación, y profirió insultos aun antes de que Israel hiciera uso de la palabra.
El discurso de odio, la falta de tolerancia y más aún de respeto por el otro, sobre todo si piensa distinto, campean por el mundo. No es novedad. Y esto ocurre en manifestaciones públicas y en expresiones privadas.
Hay algo paradójico —y también irónico— en una institución dedicada a defender los derechos humanos que impida hablar a alguien precisamente porque piensa diferente.
La cancelación y el agravio de Marcos Israel son condenables de por sí. Pero más aún si se dan en el marco donde los mismos se produjeron.
Es precisamente el INDDHH quien debe dar el ejemplo del respeto con quienes piensan distinto. Porque esa es la base de la convivencia pacífica. Quien está para velar por los derechos humanos debe ser el primero en dar ejemplo. El buen ejemplo empieza por casa. Si la casa no está en orden, difícil será cumplir la misión de la Institución.
A ese fin fueron muy acertadas las palabras pronunciadas por el Dr. Juan Miguel Petit al asumir, en ese mismo acto, la presidencia de la Institución.
“Con humildad, con ubicación, sabiendo que los promotores de derechos humanos, quienes tenemos la tarea del monitoreo, debemos ser servidores de servidores, cultivando la asertividad de hacer denuncias, recomendaciones y señalamientos, pero sin herir y sin dañar, sin creernos superiores por la función, simplemente asumiendo la tarea de observación y promoción como un servicio más a la sociedad”
