Amnistía Internacional denuncia una nueva escalada en el uso de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes contra personas vinculadas con las protestas de enero de 2026. La organización señala que dos manifestantes fueron ejecutados públicamente el 28 de julio, después de que al menos otros tres fueran ejecutados durante la semana anterior.
Según Amnistía, al menos 60 personas más, entre ellas tres que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos que se les atribuyen, continúan en riesgo de ejecución.
La organización sostiene que, durante la primera mitad de 2026, las autoridades iraníes incrementaron el uso de acusaciones amplias relacionadas con la seguridad nacional —como espionaje o colaboración con Estados considerados enemigos— para condenar a muerte a personas detenidas durante las protestas. Desde comienzos del año, Amnistía afirma haber documentado al menos 26 ejecuciones de personas condenadas por delitos relacionados con aquellas manifestaciones.
También denuncia que muchas de estas condenas se produjeron después de juicios manifiestamente injustos, en tribunales revolucionarios, y en casos en los que se habrían utilizado confesiones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.
Entre los cargos utilizados aparecen conceptos jurídicos como “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Amnistía cuestiona que se haya aplicado la pena capital a personas acusadas de hechos como daños a bienes, bloqueo de carreteras, incendios o alteración del orden público, porque considera que esos delitos no alcanzan el umbral que el derecho internacional establece para aplicar la pena de muerte.
El informe menciona además la denominada Ley de Espionaje, aprobada después de la guerra de 12 días de junio de 2025. Según Amnistía, esta legislación permite criminalizar actividades que están protegidas por las normas internacionales de derechos humanos, como participar pacíficamente en protestas o proporcionar información sobre manifestaciones y violaciones de derechos humanos a medios de comunicación.
Casos concretos
El artículo detalla varios casos. Entre ellos están Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi, ejecutados públicamente el 28 de julio después de haber sido detenidos durante las protestas de Isfahán. Otros dos acusados en la misma causa, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi, habían sido ejecutados el 19 de julio. Otras ocho personas condenadas a muerte en ese proceso permanecen en riesgo de ejecución.
Amnistía también menciona a Mehdi Khaneki, Mohammad Amini Dehaghani, Javad Zamani, Abolfazl Saedi, Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia, quienes fueron ejecutados después de ser condenados por delitos vinculados con las protestas. En varios de estos casos, la organización afirma que las autoridades utilizaron “confesiones” obtenidas bajo custodia.
Otro caso destacado es el de Benyamin Naghdi, un atleta de artes marciales condenado a muerte. Según la información recopilada por Amnistía, fue detenido durante las protestas de Shiraz, permaneció más de 50 días en situación de desaparición forzada y su supuesta confesión fue difundida por la televisión estatal antes de su juicio.
También se menciona a Peyman Ganji, condenado a muerte por “enemistad con Dios” en relación con acusaciones que él niega. Según una fuente citada por Amnistía, habría realizado una confesión bajo tortura y posteriormente se retractó de ella durante el juicio.
Especial preocupación generan Erfan Amiri, Mansour Jafari y Matin Mohammadi, porque eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos que se les atribuyen. Amnistía recuerda que el derecho internacional prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de edad al momento del delito.
Escalada de las condenas
Amnistía afirma que, desde la recuperación del acceso a Internet en Irán el 26 de mayo de 2026, ha documentado un aumento de las condenas a muerte relacionadas con las protestas. Identificó al menos 15 nuevas condenas dictadas por tribunales revolucionarios y 13 confirmadas por el Tribunal Supremo en distintas provincias. La organización considera que la cifra real probablemente sea mucho mayor y cita a Iran Human Rights, que informó de más de 70 personas condenadas a muerte solamente en una prisión de la provincia de Isfahán.
El organismo también denuncia una campaña oficial que presenta las protestas como una “conspiración terrorista sionista-estadounidense” o como un “golpe de Estado”, mientras autoridades judiciales anuncian que acelerarán los procesos y amenazan con imponer penas severas.
Finalmente, Amnistía pide a las autoridades iraníes que detengan inmediatamente las ejecuciones previstas y establezcan una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
La organización también reclama a la comunidad internacional medidas diplomáticas coordinadas, la creación de un mecanismo internacional independiente de justicia para Irán y que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación iraní a la Corte Penal Internacional.
