La acusación de genocidio contra Israel en Gaza no se ha consolidado como resultado de una demostración empírica rigurosa, sino como la culminación de un proceso inverso: primero se adoptó una conclusión extrema y, posteriormente, se acomodaron datos, supuestos y marcos interpretativos para sostenerla.
Así lo asegura un informe del Centro Begin-Sadat al señalar que las afirmaciones centrales que alimentan esta narrativa —hambruna deliberada, masacres sistemáticas de civiles y bombardeos indiscriminados— “no se basan únicamente en interpretaciones éticas o legales de datos en disputa, sino en un patrón continuo de dependencia de información empíricamente inexacta, predicciones incumplidas y falta de revisión crítica de las fuentes”.
La ilusión de un consenso factual
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es la existencia de auténticas cámaras de eco mediáticas e institucionales, en las que organismos internacionales, ONG y grandes medios citan cifras entre sí sin verificar su origen ni coherencia interna. Este circuito cerrado genera lo que los autores denominan una “ilusión de consenso factual”, donde la repetición sustituye a la comprobación y el volumen de citas reemplaza al análisis.
El caso de la supuesta hambruna deliberada ilustra con claridad este fenómeno. Durante meses, se difundió la afirmación de que Gaza necesitaba 500 camiones diarios de ayuda para evitar el colapso alimentario, partiendo del supuesto de que esa era la cifra previa a la guerra. Sin embargo, el informe demuestra que esta premisa es falsa: los datos de la propia ONU indican que antes del 7 de octubre entraban en promedio 292 camiones diarios, de los cuales solo una fracción transportaba alimentos. Aun así, la corrección de estos errores —cuando finalmente se produjo— “nunca fue anunciada públicamente ni reflejada en la cobertura mediática”.
El problema no es solo el error inicial, sino la resistencia a corregirlo. Incluso cuando las cifras originales fueron desmentidas o modificadas retroactivamente, la narrativa ya había quedado fijada en la opinión pública. Así, el informe no discute únicamente datos, sino que expone una quiebra más profunda: la sustitución del método empírico por una lógica de confirmación ideológica.
Guerra sin contexto: el adversario ausente
El informe, redactado por los investigadores Danny Orbach, Jonathan Boxman, Yagil Henkin, y Jonathan Braverman y publicado en el número 213 de Estudios de Seguridad y Política de Oriente Medio, analiza numerosos aspectos de una guerra que llevo a Israel a una nueva posición estratégica en Oriente Medio, pero que supuso una sonada derrota internacional en el campo mediático y diplomático.
Un segundo pilar de la narrativa del genocidio que analizan los investigadores es la evaluación de la conducta militar israelí en un vacío analítico casi absoluto. El informe identifica como “un defecto central” de las acusaciones más graves “la completa omisión de cualquier discusión sobre el adversario de Israel en el conflicto, a saber, Hamás, y sus tácticas”. Esta omisión no es un detalle menor: invalida de raíz cualquier juicio serio sobre proporcionalidad, distinción o intención criminal.
La guerra en Gaza, subrayan los autores, representa uno de los escenarios más complejos jamás enfrentados por un ejército occidental: combate urbano de alta densidad, infraestructura civil deliberadamente militarizada y la red de túneles subterráneos más extensa documentada en la historia militar. A ello se suma una estrategia declarada de Hamás que integra el uso de civiles como escudos humanos, el camuflaje de combatientes entre la población y la colocación sistemática de infraestructura militar en hospitales, escuelas y viviendas.
El informe es categórico: “Es imposible evaluar correctamente las acciones de las FDI —o de cualquier ejército— sin considerar las condiciones específicas bajo las cuales opera”. Ignorar este contexto conduce a conclusiones automáticas donde toda muerte civil se interpreta como prueba de intención criminal, sin analizar las circunstancias operativas que la rodean.
Este vacío contextual también afecta al análisis de los bombardeos. Lejos de encontrar evidencia de una política de ataques indiscriminados, el estudio documenta múltiples medidas adoptadas por las FDI para reducir daños colaterales, algunas “sin precedentes en la historia militar contemporánea”, incluso a costa de ventajas tácticas significativas.
La existencia de víctimas civiles —trágica e indiscutible— no constituye por sí sola una prueba de genocidio ni de una política sistemática de exterminio.
La hambruna que no fue: cuando la hipótesis sustituye al dato
Dentro del conjunto de acusaciones, la de hambruna deliberada ocupa un lugar central, tanto por su carga moral como por su capacidad de movilización política. Sin embargo, el informe concluye que esta acusación “no resiste el análisis empírico de los datos logísticos, nutricionales y demográficos disponibles”.
Los autores desmontan tres supuestos clave: la sobreestimación del volumen de ayuda previa a la guerra, la exageración del peso de la producción alimentaria local y la infravaloración de los suministros efectivamente ingresados durante el conflicto. A partir de datos de la propia ONU y organismos humanitarios, el estudio calcula que bastaban 82 camiones diarios de alimentos para igualar el suministro calórico previo al 7 de octubre, cifra que Israel superó durante la mayor parte de la guerra.
Además, el análisis histórico muestra que antes del conflicto no existían indicadores compatibles con una población al borde de la inanición: la esperanza de vida en Gaza aumentaba y la mortalidad infantil descendía a ritmos comparables con países vecinos. En este contexto, la idea de que la interrupción parcial de suministros condujera automáticamente a una hambruna masiva carece de base factual.
El informe no exime a Israel de críticas —señala como errónea la suspensión de ayuda en marzo de 2025—, pero distingue claramente entre decisiones discutibles y la imputación de una intención genocida. Confundir ambas cosas, advierten los autores, implica “subordinar el análisis fáctico a una posición política o ética previa”, con consecuencias devastadoras para la credibilidad del debate público.
Genocidio como consigna: el uso político de un término absoluto
Finalmente, el informe aborda una cuestión que trasciende el caso de Gaza: el uso expansivo y político del término “genocidio”. Tras revisar miles de incidentes, bases de datos y testimonios, los autores concluyen que “no existe evidencia de una política israelí sistemática de asesinato deliberado de civiles”.
Los pocos casos con indicios creíbles de crímenes de guerra aparecen como excepciones individuales, no como expresión de una estrategia estatal. La acusación de genocidio, sostienen, funciona como una acusación totalizante, impermeable a la refutación empírica. Cualquier corrección de datos se interpreta como negacionismo; cualquier matiz, como complicidad.
En este marco, el dato deja de ser una herramienta de comprensión y pasa a ser un obstáculo que debe ser sorteado, minimizado o ignorado. El informe del Centro Begin-Sadat no pretende cerrar el debate moral o legal sobre la guerra, pero sí plantea una advertencia clara: sin un anclaje riguroso en los hechos, términos como genocidio pierden su significado histórico y jurídico, convirtiéndose en consignas políticas. Y cuando el dato estorba, lo que se derrumba no es solo una narrativa, sino la posibilidad misma de un juicio informado ▪
