DERECHOS HUMANOS El esqueleto completo fue enviado a un lugar secreto por seguridad
El Observador – 24.10.2011
El esqueleto humano completo hallado el viernes en el Batallón 14 de Toledo, presuntamente de un desaparecido de la dictadura, ya fue retirado del lugar y llevado por orden judicial a un lugar secreto, custodiado por la Policía.
El hallazgo se produjo en momentos en que el Frente Amplio (FA) insiste en el Parlamento con un proyecto de ley que se propone evitar la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a El Observador que el sitio donde fue depositado el esqueleto se mantendrá en reserva “por una cuestión de mínima seguridad”.
A fines de 2005, cuando se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa en una chacra cercana a la ciudad de Pando, y los de Fernando Miranda en el Batallón 13 de Montevideo, fueron llevados al Instituto Técnico Forense (ITF) para su análisis.
Breccia adelantó que en las próximas horas se extraerán varias muestras para ser analizadas en más de un laboratorio a fin de cotejar resultados y tener mayor certeza en los datos.
Así como se hizo con los restos hallados en noviembre y diciembre de 2005, lo más seguro es que una muestra de lo encontrado ahora en el Batallón 14 sea enviada a un laboratorio en Argentina.
Lo primero será identificar el ADN, lo que llevará cerca de 20 días, según explicó el jefe del equipo de antropología forense de la Facultad de Humanidades, José López Mazz.
La información obtenida será cotejada luego con la base de datos de los detenidos desaparecidos y con sus familiares.
Según supo El Observador, la primera comparación se hará con Macarena Gelman, la hija de María Claudia García de Gelman. Es que el hallazgo del viernes en el campo militar de Toledo se hizo dentro de la causa que investiga el juez penal Pedro Salazar por la desaparición en 1976 de la nuera del escritor argentino, Juan Gelman.
Caducidad
El proyecto de ley del Frente Amplio que propone eludir la ley de Caducidad y evitar que prescriban los delitos cometidos en dictadura se pondrá a consideración mañana en el Senado. Se aprobará únicamente con los votos del oficialismo: 16 senadores en 31.
El proyecto pasará de inmediato a la Cámara de Diputados para ser aprobado el miércoles, también con los votos de la izquierda.
En los hechos este texto deroga la ley de Caducidad de 1986 y establece que para la prescripción de los delitos de la dictadura no se contabilizarán los años en que estuvo vigente esta norma, es decir, desde el 22 de diciembre de 1986 hasta hoy.
El proyecto también propone declarar de lesa humanidad los crímenes de la dictadura. Los delitos así calificados no prescriben nunca, según los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Uruguay es parte.
Todo esto se hará antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescriben los delitos cometidos en la dictadura, según la tesis jurídica predominante en el sistema judicial. Es que hasta el momento los militares, policías y civiles procesados con prisión por crímenes de la dictadura fueron hallados culpables de homicidio. No se consideró un delito calificado de lesa humanidad. El homicidio prescribe a los 20 años. En estos casos no se contabilizó el período dictatorial (1973-1985), y se agregaron seis años y medio más por ser delitos especialmente graves.
La oposición advierte que el proyecto de ley del oficialismo desconoce el pronunciamiento de la ciudadanía, que por dos veces mantuvo vigente la ley de Caducidad, en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009.
También señalan que el proyecto es inconstitucional porque tiene efectos retroactivos. Blancos y colorados se apoyan en la opinión de la mayoría de los juristas que fueron al Parlamento para dar su parecer sobre el proyecto. Solo Alberto Pérez Pérez dijo que el texto es constitucional. El resto de los constitucionalistas de la Universidad de la República, de la Católica y de la Universidad de Montevideo, sostienen que es ilegal pretender aplicar con retroactividad un ley más dura que la vigente. El principio rector es el de aplicar la ley más benigna, en este caso la de Caducidad, si se la compara con el proyecto propuesto que habilita a juzgar a militares hasta ahora amparados en la ley de Caducidad.
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