El atentado contra la sede de la AMIA, que
terminó con la vida de 85 personas y dejó seriamente heridas e incapacitadas a
centenares de víctimas, es el hecho criminal más grave sufrido en nuestro país.
Y amenazaba, increíblemente, con convertirse en el encubrimiento criminal más
desvergonzado, silenciado e impune de nuestra historia gracias a las
complicidades de funcionarios políticos y judiciales que estuvieron siempre más
comprometidos con el poder que con la ley.
Mucho, demasiado tiempo se ha perdido en la
búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en la AMIA, el 18 de julio de 1994. A
esa injustificable ausencia de justicia para con los deudos de las víctimas y,
en definitiva, para con todos los argentinos, y cuando ya se creía que nada más
ominoso podía ocurrir en ese largo, sinuoso y manoseado expediente, se sumó, el
14 de enero de 2015, la denuncia del fiscal Alberto Nisman respecto de que la
firma del memorándum con Irán tuvo por objeto lograr que Interpol levantase las
alertas rojas de captura internacional que pesan sobre los diplomáticos y ex
funcionarios iraníes sospechados de haber cometido el atentado.
La historia que sigue es harto conocida.
Nisman nunca llegó al Congreso Nacional para explicar su grave y fundada
imputación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de
sus funcionarios, entre ellos, su canciller, Héctor Timerman. Faltando pocos
días para presentarse ante los legisladores, el fiscal fue hallado muerto en su
domicilio con un tiro en la cabeza. Más de dos años después, un peritaje
oficial de la Gendarmería aseguró que a Nisman lo mataron tras haberlo drogado
y golpeado.
Ayer, en atención a la investigación de esa
denuncia, el juez Claudio Bonadio ordenó los procesamientos por los delitos de
traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado contra la AMIA del
ex secretario legal y técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, del referente de
la comunidad islámica en la Argentina Jorge Khalil y del dirigente piquetero
Luis D’Elía, a quienes mandó detener. También procesó y pidió el desafuero con
prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y la
detención de Timerman, a quien concedió prisión domiciliaria por su delicado
estado de salud, entre otras medidas.
Antes de Bonadio, otro juez, Daniel
Rafecas, había seguido el camino exactamente inverso, al desestimar la denuncia
de Nisman en un trámite velocísimo, con el que a su turno estuvieron de acuerdo
el fiscal de Justicia Legítima Javier de Luca y los camaristas federales Jorge
Ballestero y Eduardo Freiler, este último recientemente destituido por actos de
corrupción y por no poder justificar su patrimonio.
Para ninguno de ellos existió delito en la
firma del memorándum con Irán. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal
declaró inconstitucional el acuerdo con Teherán por entender que violaba
facultades del Poder Judicial. El kirchnerismo apeló. El actual gobierno no lo
hizo y quedó firme dicha inconstitucionalidad. Y en diciembre del año último,
la Cámara Federal de Casación dispuso reabrir la valiente denuncia del
fallecido fiscal.
En su resolución, Bonadio sustentó su
decisión de procesar, detener y pedir un desafuero ante la posibilidad de que
los acusados obstruyan la investigación o se fuguen, en virtud de que
permanecieron durante un prolongado período en las más altas esferas de
influencia del poder estatal, con el cual conservan nexos, lo que incrementa
las posibilidades de que se evadan o de que dificulten la marcha de la
investigación. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, está claro que un
juez no mandaría detener a un ex presidente y a altos ex funcionarios si no
contase con pruebas suficientes de su culpabilidad.
Cuando Rafecas cerró la causa por la
denuncia de Nisman, tal como hemos dicho desde estas columnas y lo reiteramos
ahora, cometió un hecho aberrante. Una acusación tan grave como la de encubrir
a los autores de un atentado, dirigida a una presidenta, jamás debió
desestimarse. Todo lo contrario, debió haberse abierto una investigación y
hecho una cuidadosa valoración de la prueba con la que se contaba, además de la
búsqueda de nuevos elementos.
Durante los últimos tiempos, a través de
diversos medios, se ha podido conocer que lo que el memorándum proponía
respecto de las autoridades iraníes es precisamente lo que esas autoridades
reclamaban en privado de parte de nuestro gobierno de entonces. Cualquier
ciudadano puede acceder hoy a las escuchas que se analizan. LN Data reveló
oportunamente 40.000 audios que forman parte de la denuncia de Nisman y que
pueden ser consultados por quienes así lo quieran
(http://www.lanacion.com.ar/1976325-dos-anos-de-analisis-de-las-escuchas-de-nisman).
Desde el gobierno kirchnerista se usaron todo tipo de ardides y recursos -que
incluyeron escenarios diplomáticos y judiciales inexistentes- para apurar al
Congreso con la sanción del tratado. Un convenio que, por otro lado, nunca tuvo
su correlato de parte de Irán, ya que jamás lo ratificó.
Se ha hablado con insistencia del presunto
intercambio de petróleo por cereales entre ambas naciones. En los Estados
Unidos, en 2011, una alta funcionaria dijo que Hugo Chávez habría intercedido
ante la Argentina en favor de Irán para la obtención de tecnología nuclear.
También un reconocido instituto internacional sostuvo que existían fuertes
razones para creer en esos pactos de negocios espurios. La propia Cristina
Kirchner anunció un cambio de rumbo en la causa AMIA al manifestar en 2010 ante
la ONU su decisión de proponer a Irán que la investigación por el atentado se
dirimiese en un tercer país. No había ninguna necesidad para ello. No eran
válidas las excusas sobre no extradiciones que agitaban desde la Cancillería.
El memorándum no hacía falta. Frente a tal cúmulo de versiones y dudas dentro y
fuera del país, ¿cómo se explica que Rafecas haya dado por sentado que no
existió ningún tipo de delito, que en este asunto no había pasado nada?
Ante su cuarto procesamiento judicial y el
pedido de desafuero en su contra, ayer Cristina Kirchner volvió a calificar de
despropósito el avance de la denuncia del fiscal Nisman y de «exceso»
las medidas de Bonadio. En su ya conocida autodefensa frente a todas las acusaciones
judiciales que pesan sobre ella, volvió a victimizarse y acusó al actual
presidente de ser el autor de una insólita persecución contra opositores, y al
juez Bonadio, de ser su brazo ejecutor.
Nada concreto respondió al periodista de LA
NACION Gabriel Sued cuando le preguntó sobre qué esperaba que sucediera en el
Senado con el pedido de desafuero en su contra. Tal vez no ha querido ser
coherente con su propio proceder cuando le tocó definir sobre un caso similar.
En 2001, la también entonces senadora Kirchner rechazó con énfasis el ingreso a
la Cámara alta de Raúl Romero Feris, quien contaba con varios procesamientos y
una condena. «Incorporarlo sería un escándalo difícil de superar y heriría
de muerte las posibilidades de reconciliar al Senado con la sociedad. La
República necesita no sólo nuevos senadores, sino un nuevo Senado», había
dicho entonces la señora de Kirchner.
Por lo que se ha visto con la escandalosa
defensa que el Senado ha hecho de la continuidad en ese cuerpo del doblemente
condenado Carlos Menem, Cristina Kirchner podría seguir amparándose en sus
fueros.
La Justicia ha dado ayer un paso importante
en contra de la impunidad. Falta ahora que se definan los senadores. Los fueros
no han sido pensados para convertir las cámaras legislativas en aguantaderos de
algunos personajes que jamás deberían siquiera pisarlas.
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