El diputado por Paysandú Walter Verri, del
Partido Colorado, presentó un proyecto de ley para que la negación del
holocausto y los genocidios sea considerado como un delito bajo las
circunstancias consagradas en el artículo 149 bis del código Penal.
Verri pretende que se modifique dicho
artículo «(Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas
personas»), que quedaría redactado de la siguiente forma: «El que
públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare
al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra
una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen
nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con
tres a veinticuatro meses de prisión. Se consideran comprendidos en el presente
artículo, la negación, banalización o menoscabo del genocidio armenio acaecido
en la segunda década del siglo XX, el holocausto judío y romaní bajo la égida
del régimen nacionalsocialista, el genocidio camboyano sucedido a partir de
1975 y el genocidio de Ruanda de 1994».
En la exposición de motivos señaló que
comparte la corriente extendida, en el derecho comparado, que sanciona
penalmente la negación de tales episodios, «no para establecer un límite a
la opinión, sino con el propósito de evitar el desprecio a la condición humana
y a la esencial igualdad que comprende a todos los individuos de nuestra
especie».
La presentación se realiza al cumplirse un
año del asesinato del comerciante de origen judío David Fremd en Paysandú.
El diputado recordó que fue la propia
Alemania la que propuso convertir la negación del Holocausto en delito en la
totalidad de los países miembros de la Unión Europea.
«Se trata de poner, una vez más, de
manifiesto que los campos de exterminio nazis son hechos tan notorios como
execrables y como tales su existencia está absolutamente probada. Es decir que
el debate jurídico no se centra en si los campos -y por extensión, el
Holocausto- existió, sino más bien en si el negacionismo debe sufrir el máximo
reproche que la sociedad reserva para una conducta antisocial: su tipificación
como delito», remarcó, tras señalar que el Holocausto «es uno de los
hechos mejor documentados en la historia».
En Francia desde 1990 una ley prevé al
menos tres años de cárcel a los negacionistas del exterminio judío. En Austria,
en 1992, promulgó una ley similar que contempla hasta diez años de cárcel hacia
estas personas. La «Ley belga sobre Negacionismo (1995)» prohíbe el apoyo,
justificación o negación pública del Holocausto. Otros países que tipifican
esta conducta como delito en su ordenamiento jurídico son: Suiza (artículo
261bis del Código Penal) Eslovaquia, Lituania, Polonia, Canadá, Liechtenstein,
Nueva Zelanda, Países Bajos, Rumania, Sudáfrica e Israel.
Por su parte, Verri recordó que la Asamblea
General de las Naciones Unidas considera que la recordación del Holocausto
«es crucial para prevenir nuevos actos de genocidio y que, por éste motivo
se rechazan las tentativas de negar el Holocausto… que, al ignorar el
carácter histórico de esos terribles sucesos, aumentan el riesgo de que se
repitan… todos los pueblos y Estados tienen un interés vital en que el mundo
esté libre del genocidio», y que recomienda «la inclusión por los
Estados Miembros en sus programas educativos de medidas para hacer frente a los
intentos de negar el Holocausto o restarle importancia».
«La idea es evitar, por la vía de la
prohibición y consiguiente sanción, el menoscabo malintencionado y falaz de
realidades que no pueden ser olvidadas y que sólo pueden mover a la
sensibilidad, la solidaridad y el horror. La propuesta se inscribe en una
trayectoria constante de nuestro Estado, el primero que, en el mundo, reconoció
el genocidio armenio, por ejemplo», concluyó Verri.
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