Todavía siguen vigentes las ideas de dos
destacados intelectuales turcos, Pamuk y Dink, que ponen en cuestión la
negativa oficial a reconocer un horrible crimen contra la humanidad cometido
hace ahora cien años
“¿Quién habla hoy aún del exterminio de los
armenios?”. La frase de Hitler, pronunciada el 22 de agosto de 1939, aludía a
la inminente campaña de Polonia y anunciaba la dimensión genocida de su
política de guerra, culminada con la Shoah. Años atrás, la matanza de los
armenios había herido la sensibilidad de un joven judeopolaco, Rafael Lemkin,
quien en lo sucesivo empleará todos sus esfuerzos para crear una normativa
internacional dirigida a impedir la repetición de tales crímenes. Más aún tras
subir Hitler al poder. No lo consiguió y ello supuso que en Núremberg los
crímenes nazis fueran condenados desde la inseguridad de normas establecidas ex
post facto. Y a pesar de que Lemkin obtuvo la sanción por la comunidad
internacional del crimen de genocidio, tampoco ese logro personal significó la
puesta en marcha de una jurisdicción universal efectiva para su castigo, salvo
en casos de debilidad del Estado culpable (Ruanda, Serbia).
La tragedia armenia de 1915 responde
puntualmente a la definición del genocidio por Lemkin. Fue la puesta en
práctica de un conjunto de acciones criminales, con el propósito logrado de
destruir un pueblo, a partir de un plan preconcebido desde supuestos ideológicos
racistas y con medidas complementarias del aniquilamiento físico, tales como
una expropiación generalizada. El procedimiento empleado consistió en conjugar
la eliminación sistemática de la población masculina con una deportación masiva
de ancianos, mujeres y niños, obligados a recorrer a pie cientos de kilómetros,
en verano y en el secarral anatolio, sin apenas recursos y sometidos a las
agresiones de paramilitares, bandas kurdas y de los propios guardianes. Para
acabar en campos de concentración (Alepo) o de exterminio (Deir-es-Zor). El
balance más aceptado habla de 1,2 millones de muertos sobre una población
previa superior a dos millones. Al término de la Guerra Mundial, con el Imperio
derrotado, las autoridades otomanas hacían una estimación de 800.000 víctimas.
Mustafá Kemal admitió la cifra y condenó “el exterminio de los armenios”.
La determinación del genocidio correspondió al
Gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, quienes en la revolución
constitucionalista de 1908 parecieron compartir la idea de una ciudadanía
igualitaria con las minorías étnico-religiosas (griegos, armenios, judíos).
Hasta entonces, estas convivían bajo la autocracia del sultán en una situación
de pluralismo subordinado. Subordinado, porque del mismo modo que existía la
superioridad del estamento militar (askari) sobre la masa civil (reaya,
literalmente “el rebaño”), en el plano jurídico la población musulmana (turca)
prevalecía sobre las minorías, calificadas peyorativamente hasta hoy como
yaurs, infieles. La tolerancia otomana tenía además la contrapartida de que
cualquier disidencia frente a su dominación desencadenaba una acción punitiva
implacable. Las insurrecciones nacionalistas del siglo XIX en los Balcanes
fueron ocasión de comprobarlo, y generaron de paso una creciente desconfianza
frente a los armenios, cuyo núcleo principal de asentamiento, al margen de
Constantinopla, se encontraba aislado en Anatolia oriental. De ahí que cuando
el Congreso de Berlín, por el artículo 61, conminó al sultán Abdulhamid II a otorgar
reformas a los armenios y protegerles de kurdos y circasianos, el resultado
acabó siendo el contrario. Allí donde se esperaban reformas, lo que hubo en
1894-1896 fueron matanzas con decenas de miles de víctimas, repetidas en 1909.
Además el proyecto de modernización política
de los jóvenes turcos pronto rechazó el pluralismo, para imponer, desde un
nacionalismo militarista, una sociedad turca racial y culturalmente homogénea.
Turquismo e islamismo eran los dos pilares en la concepción del ideólogo del
movimiento, ZiyaGökalp, autor citado por Erdogan. Las minorías habían de
aceptar la superioridad del hombre turco; en caso contrario, la “nación
dominante” se liberaría de “elementos cuya deslealtad era evidente”,
protegiéndose así de “los pueblos extranjeros” habitantes del Imperio. El
principio de la política genocida quedaba asentado. Únicamente faltaba que la
derrota otomana por los Estados balcánicos en la guerra de 1912-1913 provocase
un éxodo de musulmanes a Anatolia y la consiguiente frustración del vértice
militar joven turco, para que el odio al yaur se tradujese en voluntad de
aniquilamiento. Así fue cómo sus líderes, Enver Pachá y Talât Pachá, en el
Gobierno tras la derrota y fieles a la ideología racista, vieron en la entrada
del Imperio en la gran guerra la oportunidad para su ejecución.
“¿Quién habla hoy aún de aquel exterminio?”,
se preguntaba Adolf Hitler en 1939
Tras “largas y serias deliberaciones” (Talât)
la dirección joven-turca, el Comité de Unión y Progreso (CUP) resolvió
definitivamente en marzo de 1915. Siguió la detención de cientos de notables
armenios en Constantinopla —de 200 a 650—, la noche del 24 de abril, deportados
o asesinados. La única mujer en la lista, la escritora ZabelYesayan, logró
huir; murió en 1940 en el Gulag. La comunidad quedaba descabezada. El 27 de
mayo, por iniciativa de Talât, ministro del Interior, el Gobierno decide la
deportación general para los armenios en Anatolia oriental. Pero el proceso se
inicia mucho antes, en enero-febrero de 1914, cuando Enver Pachá, ministro de
la guerra, crea la Organización Especial (OE), formación paramilitar
antiseparatista. Los griegos serían sus primeros blancos. En agosto de 1914, el
CUP activa la OE para ocuparse de “las personas a eliminar en la patria”,
cometido que queda verosímilmente perfilado para los armenios en objetivos y
procedimientos desde diciembre, con Talât y el responsable de la OE,
BahettinShakir, al frente. A partir de fines de 1914 se suceden hechos
precursores de un aniquilamiento masivo en el marco de las deportaciones, del
cual han quedado abrumadores testimonios de misioneros y cónsules neutrales,
incluso de los aliados alemanes. Talât Pachá se lo explicó al embajador
norteamericano Henry Morgenthau: “Hemos liquidado ya la situación de las tres cuartas
partes de los armenios”; “No queremos ver armenios en Anatolia; pueden vivir en
el desierto, pero no en otra parte”.
El 24 de mayo de 1815, Inglaterra, Francia y
Rusia habían anunciado al Gobierno otomano su propósito de castigar los
crímenes cometidos “contra la humanidad y la civilización”. Llegó la hora con
la derrota otomana. Como consecuencia, tras el armisticio de octubre de 1918,
los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para dichos
crímenes, ahora incrementados en número exponencialmente, pero los desacuerdos
en composición y base jurídica, anuncio de lo que ocurrirá en Núremberg,
anularon el intento. Tocó a la justicia otomana reconocer el carácter criminal
de las matanzas, su terrible volumen, y castigar a los culpables. Ya huidos,
fueron condenados a muerte en ausencia Enver, Talât, Çemal y Nazim Bey, y
ejecutado un responsable local, el llamado “verdugo de Yozgat”. Poca cosa,
compensada por una importante documentación probatoria, hoy en la Library of
Congress.
Más tarde no faltó el epílogo de los miles de
griegos y armenios asesinados y deportados tras la ocupación de la yaur
Esmirna, en septiembre de 1922, una vez vencida la invasión griega. Kemal fue
aquí testigo pasivo.
El Gobierno nacionalista fue el responsable de
la decisión que condujo a la masacre
Dos destacados intelectuales, el novelista
OrhanPamuk y el periodista turco-armenio HrantDink, se preguntaban hace una
década por la inexplicable negativa de la Turquía democrática a reconocer el
exterminio armenio. Admitirlo en 1920 hubiese sido suicida, puesto que
equivalía a legitimar la desmembración de Turquía, pero esa razón no era válida
un siglo más tarde. ¿Por qué identificarse con los crímenes de unos
antepasados, que además no fueron todos los antepasados, ya que la primera
condena de las matanzas y de sus culpables corrió a cargo de consejos de guerra
otomanos, e incluso Mustafá Kemal la refrenda en octubre de 1919 al exigir la
exclusión “de los unionistas y personas que se mancharon con los actos depravados
de la deportación y de la matanza?”. Pero Dink fue asesinado en 2007, y Pamuk
sufrió acusaciones y una durísima campaña como enemigo de “la dignidad de la
nación”. Sus ideas, no obstante, avanzaron. El alcalde de Kars, hoy turca,
antes armenia, levantó una “estatua de la humanidad” por la reconciliación de
ambas naciones. Erdogan impulsó su demolición, y ahora remite el tema a unos
archivos depurados desde 1918.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia
Política.
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