11-11-2011 Dip. Doreen Javier Ibarra
Las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2009, en su 65ª Sesión Plenaria, en la Resolución aprobada por la Asamblea General Nº 64/169, proclama Año Internacional de los Afrodescendientes, el año que comenzó el 1º de enero de 2011, buscando fortalecer «en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos…». Esta declaración fue acompañada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
En nuestro país se ha realizado una serie de eventos, no únicamente vinculada al Año Internacional de los Afrodescendientes, sino en el seno del Poder Legislativo y distintas actividades organizadas por el Poder Ejecutivo.
Políticamente, el concepto de «afrodescendiente» fue acuñado con fuerza en el año 2000, cuando las organizaciones sociales se movilizaron en torno a la preparación de la Conferencia de Durban.
En el plano internacional, nos encontramos con cumbres, reuniones, declaraciones, tratados y demás instrumentos, en los cuales se fijan metas, plazos y objetivos en referencia al colectivo afrodescendiente.
Quizás los hitos más relevantes en este sentido hayan sido la Conferencia Mundial de Durban del año 2001 y los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, mientras que a nivel regional se destaca la formación del Parlamento Negro en el año 2005, espacio creado para coordinar políticas específicas.
Los más recientes estudios de la Cepal, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentan un panorama desalentador de la afrodescendencia en América Latina, en cuanto a logros sociales y a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Investigaciones específicas como las de Rangel (2006) y Antón y Minda (2008) demuestran con indicadores sociales que entre afrodescendientes y no afrodescendientes existen enormes brechas, que impiden que los primeros alcancen las Metas y los Objetivos del Milenio.
Los últimos censos del año 2000, confirman que Brasil y Cuba alcanzan una significativa proporción de población afrodescendiente, entre el 45% y el 35%. En Colombia y Ecuador representarían un 11% y un 5%, respectivamente y en el resto de los países examinados, menos de un 2%. Para este conjunto de países alcanza casi los 85 millones de personas.
El colectivo afrodescendiente en la República Oriental del Uruguay constituye el 10,4% del total de la población, de los cuales el 51,8% son mujeres, en una población de 3.400.000 habitantes; los distintos grupos de afrodescendientes estiman una oscilación de población con origen afro de entre 340.000 y 500.000 personas.
El V Congreso de la fuerza política que gobierna la República Oriental del Uruguay, donde se plasmo el plan de gobierno que le presentó a la ciudadanía, establecía sobre el tema Equidad de Género, Generaciones, Razas y Etnias: «La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la visibilización del problema, atender los factores culturales que los sostienen e instrumentar mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidad».
En Uruguay la mayor concentración de población que dice tener, según las encuestas realizadas, ascendencia racial afro, se encuentra en el Departamento de Artigas con un 16% y en Salto y Tacuarembó se ubica en el 15%.
En los últimos años se han aprobado leyes que buscan eliminar todo tipo de discriminación.
La bancada del Frente Amplio está planteando en la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre la necesidad del reconocimiento de la población afrodescendiente en Uruguay y la disposición de las acciones afirmativas, que contribuyan a garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos de todos los habitantes de la República, entre otros conceptos de gran valor.
Esperemos que en el próximo año 2012 veamos cristalizado el mencionado proyecto.
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