Señora presidenta: en momentos en que participábamos
de la 137.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, aquí, en Montevideo, unos
desconocidos atacaron con pintadas el monumento Memorial del Holocausto,
ubicado en la rambla Presidente Wilson, frente al Club de Golf. Esas pintadas
niegan el Holocausto y pretenden atenuar los crímenes diabólicos del nazismo.
Uruguay
sancionó oportunamente la Ley nº 17817, que declaró de interés nacional la
lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación,
verdaderos flagelos, todos estos, de tipo moral y social.
Esa ley fue producto del mejor sentir de
nuestro país, pero también el resultado de la incidencia de toda la comunidad
internacional expresada en un buen número de convenciones y tratados
ratificados por la república.
La propia ley dispone la existencia de una
Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de
Discriminación, que tiene varios cometidos. El primero de ellos es analizar la
realidad nacional en esta materia y, eventualmente, proponer nuevas disposiciones
al respecto. Un punto muy importante de la ley es difundir y monitorear la
legislación penal que nos hemos dado al respecto, porque en el Código Penal
uruguayo el racismo, la xenofobia y la discriminación son considerados delitos
contra la paz pública –ese no es un detalle menor en todo este asunto–, tal
como se expresa en sus artículos 149 bis y 149 ter.
Con esa medida el Parlamento marcó un rumbo
claro y contundente en la custodia de principios fundamentales. Sin duda, en
ella hallamos una firme determinación en defensa de los derechos humanos, pero
el Parlamento también ha coadyuvado a crear y fortalecer un sistema educativo
que concurra en el sentido de promover realmente el pluralismo, el diálogo, la
tolerancia y el respeto interreligioso e interétnico.
La propia ley dispone competencias para
diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del
pluralismo social, cultural y religioso, así como a la eliminación de actitudes
racistas, xenofóbicas o discriminatorias, y el pleno respeto a la diversidad.
En estos temas tan sensibles nunca debemos
bajar la guardia; ese es el único modo de preservar la paz y de ganar la
confianza de nuestros ciudadanos, que tienen que ver a sus parlamentarios
unidos y comprometidos en esta lucha por la justicia y la igualdad.
Por
otra parte, la Ley n.º 18768 declaró el 27 de enero de cada año como el Día de
Recordación de las Víctimas del Holocausto, para honrar la memoria y la
dignidad de las víctimas. Además, el articulado de esa ley consideró de interés
general la divulgación de la Resolución 60/7 de las Naciones Unidas, relativa a
la recordación del Holocausto, que crea un programa que rechaza el negacionismo
parcial o total del Holocausto como hecho histórico. Por medio de esa ley,
Uruguay ha adoptado y divulgado ese programa, que también censura y condena
todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o
violencia contra personas o comunidades, basadas en el origen étnico o las
creencias religiosas, se den en el lugar que se den.
Sin
duda alguna, el aspecto educativo de este asunto es muy importante. Para aquellos
que alteran la paz pública, instigando al odio racial –como en el caso
de las pintadas–, étnico o religioso, es necesario que se hagan saber, se
difundan y se publiciten, por la vía que corresponda, los alcances claros y
terminantes que nuestro Código Penal marca sobre estos delitos, a los efectos
de dar a conocer la posición de nuestro país y qué castigo deben tener quienes
los cometen.
Solicito
que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de
Educación y Cultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, a las Juntas Departamentales, a la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo, al Comité Central Israelita del Uruguay, a la
Presidencia de la Unión Interparlamentaria y a la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Representantes.
Muchas
gracias, señora presidenta.
Links de interés
