“(…) la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador nunca al atormentado”. Elie Wiesel
Pasaron solo 24 horas de la emisión del fallo condenatorio del Tribunal Penal III de Roma que atendió una demanda de familiares de desaparecidos y asesinados de origen italiano. Su presentación fue en 1999 a cargo de un grupo de mujeres que vieron cerrado su reclamo de justicia y búsqueda de verdad en nuestro país.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en 1986 y ratificada por un plebiscito en abril de 1989. El artículo 4 estableció investigar pero no se cumplió. En el ámbito internacional el Juez español Baltasar Garzón investigó y desde España solicitó la captura del ex dictador Augusto Pinochet.
La justicia trasnacional impuso un nuevo ritmo y esperanzas al reclamo de no olvidar y hacer justicia frente a violaciones a delitos de lesa humanidad. Se enviaron decenas de miles de folios con pruebas documentales y fundamentalmente testimonios de familiares, vecinos de secuestrados y sobrevivientes víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos. Con el paso de los años se sumaron otros familiares, no solo de uruguayos sino del resto de nacionalidades víctimas de la coordinación represiva en el Cono Sur latinoamericano en las décadas del 70 y 80.
Luego del frustrado intento de extraditar al prófugo de la justicia uruguaya, Capitán de Navío Jorge Néstor Tróccoli, motivado por la irresponsabilidad profesional del entonces Embajador de Uruguay ante Italia (Dr. Carlos Abín – destituido de su cargo por el hecho) se sumó una nueva causa.
El Estado uruguayo junto a las centrales sindicales italiana y uruguaya se asumió como querellante por los crímenes cometidos por un ciudadano italiano en el marco del llamado Plan u Operativo Cóndor. La otrora causa por conocer la situación de un pequeño núcleo de ciudadanos nacidos en Uruguay pero con nacionalidad italiana se transformó en un megajuicio.
En febrero del 2015 el Tribunal Penal III de Roma abrió sus puertas para un juicio oral y público. Decenas de familiares, sobrevivientes, activistas de Derechos Humanos, asesores en historia, analistas y periodistas fuimos convocados a exponer vivencias y conocimientos. En esa instancia el Tribunal tuvo una integración mixta, profesionales y tribunos electos por sorteo entre los ciudadanos italianos. Los acusados eran militares, policías y civiles de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay. En las Audiencias se escucharon estremecedores relatos de torturas, bebes nacidos en cautiverio apropiados por militares negándoles su identidad biológica (casos de Macarena Gelman, Carlos D’Elía, Mariana Zaffaroni, Victoria Moyano), secuestros y asesinatos como el del Presidente Salvador Allende de Chile o los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestro y desaparición forzada de decenas de personas, incluido menores de edad, traslados ilegítimos y clandestinos entre países del Plan Cóndor, robos a la propiedad de víctimas y de sus familiares. Se proporcionó documentación recolectada por organismos de derechos humanos y también de archivos oficiales (militares y policiales), documentos desclasificados de organismos de seguridad de EE.UU. y del llamado Archivo del Terror de Paraguay. El relato de los sobrevivientes estremeció en más de una vez al llamado bunker de la cárcel de Rebibbia donde sesionó durante casi 2 años a razón de dos audiencias por mes.
Condenaron a cadena perpetua a 7 de los imputados, entre ellos al ex canciller de la dictadura Dr. Juan Carlos Blanco (condenado ya en Uruguay por dos causas con penas de 30 años cada una por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw, Barrera, Elena Quinteros, entre otros asesinatos) y al pago de 500.000 euros a las familias de las víctimas y pago de los costes del juicio. El resto de los 13 imputados uruguayos no fueron condenados penalmente, pero si responsables. El fallo reconoce la existencia del Plan Cóndor y el terrorismo de Estado, esperemos la fundamentación para conocer los motivos de la misma.
Todo parecería indicar que en esta instancia se optó por la condena a los “jefes” políticos de las dictadura no a los ejecutores de los crímenes. La memoria de situaciones dramáticas de asesinatos (politicidio como denominamos a lo sucedido en el Cono Sur) o genocidios (como el Holocausto al Pueblo Judío) vivieron (o viven) tiempos de negación, olvido, minimización de los hechos y también de recuerdo. La primera enseñanza del Juicio en Roma fue el avance en legitimación de una memoria en conflicto. Cada día será más difícil negar u olvidar. El Estado se asoció con otros para matar, secuestrar, desaparecer personas, apropiarse bebes como botín de guerra para “purificar” la raza y robar la propiedad privada de ciudadanos opositores. Hizo de la tortura una práctica cotidiana para generar miedo y silencio colectivo. Los 3 millones fuimos su víctima.
El fin de esta etapa judicial abre nuevas oportunidades para construir una mejor democracia con más libertad. Se apelará el fallo, y para su efectividad se habrá que presentar más pruebas documentales que demuestren la implicancia en los asesinatos por parte de los imputados, en especial del siniestro Tróccoli artífice de 32 desapariciones y decenas de torturas. La cadena perpetua a un civil (Dr. Blanco) demuestra una vez más que el proceso no fue solo militar sino muchos civiles intervinieron no solo como beneficiarios sino como promotores y gestores del terrorismo de estado. Hoy más que nunca decir apelar es decir Nunca Más. La memoria y la justicia sobreviven.
(*) Profesor de Historia egresado del IPA. Fue convocado a Roma por la Fiscalía del Tribunal Penal III como especialista en historia reciente y derechos humanos, participó en la Audiencia del 4 de junio de 2015.
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