Fue poco después de la caída del Muro en Berlín. Yo
conversaba con uno de los intelectuales polacos de Solidarnosc. Los orígenes
familiares de mi interlocutor lo situaban en el punto de cruce trágico entre
judaísmo y comunismo. Me vino a la cabeza, de inmediato, el drama del
antisemitismo polaco. Lo dejé caer, con esa torpe ingenuidad del que no espera
que lo obvio pueda herir a nadie.
Me equivoqué. Por supuesto. Hay obviedades cuya evocación
hiere aún a los más inteligentes. Y el hombre con el que estaba hablando lo
era. «No hay antisemitismo en Polonia», zanjó. Pensé que era una broma. Hice
una fugaz referencia a la matanza de 1648, precursora de los genocidios
modernos. «Polonia no tuvo nada que ver con eso. Fue cosa de los ucranianos».
Entendí que era aquel un drama vetado en la conciencia de un polaco. Y me
abstuve de retornar al siglo veinte y a la escena que Claude Lanzmann transmite
en Shoá, a través de la voz de un superviviente de los trenes de la muerte: los
gestos de burla de los aldeanos polacos hacia el ganado humano que se encamina
a Auschwitz, los pulgares que trazan un semicírculo en el cuello, celebrando su
destino. No, no vale nunca la pena recordar algo que la censura moral exige que
se borre. Y, además, el hombre con quien yo hablaba era un tipo decente que
había sufrido con coraje la represión de la dictadura. No era ni el lugar ni el
momento para hablar de aquello. Lo es ahora. Y no ante un resistente. Sino ante
políticos que no sólo ofenden la verdad y la decencia; que apuestan, sobre todo,
por falsear la historia. Y manufacturar una memoria a la medida.
La semana pasada, el presidente polaco, Andrzej Duda,
anunció la firma de una patriótica ley de memoria: de «memoria histórica»,
diríamos aquí; esto es, de invención sentimental del pasado. Sus objetivos son
claros: aplicar el código penal a quien, «acuse, públicamente y contradiciendo
los hechos, a la nación polaca o al Estado polaco de ser responsables de los
crímenes nazis cometidos por el III Reich alemán». Las penas en las que incurriría
un historiador que no se plegase a este interdicto podrían alcanzar hasta los
tres años de cárcel.
Polonia ha sido un país masacrado; siempre al acecho del mal
que viene de Rusia. Se entiende la amargura que volver los ojos atrás acarrea
para sus ciudadanos. Pero esa amargura en nada altera los hechos. Y menos aún
justifica legislar el modo de alterarlos. Claro está que Polonia vivía bajo
jurisdicción alemana; claro está que la decisión de instalar en su suelo los
campos de exterminio se tomó en Berlín. Nadie en su sano juicio cuestiona eso.
Como ningún historiador en el sano uso de su disciplina cuestiona el entusiasmo
con que una gran parte de la población polaca acogió el exterminio de sus
judíos. La lectura del reciente libro de Fernández Vítores, Mira, Palmero y
Sánchez Tortosa sobre el Holocausto es demoledora al respecto.
El pogromo de la aldea polaca de Jedwabne fija el canon: «Un
día de julio de 1941, la mitad de una pequeña población del Este de Europa
asesinó a la otra mitad, unas 1.600 personas, entre hombres, mujeres y niños.
Lo más curioso es que aquel día el cuartel de la gendarmería alemana fue el
lugar más seguro para los judíos. Fueron unos polacos normales y corrientes los
que mataron a los judíos». Quemándolos vivos. Lo narra -sobre las actas de la
comisión investigadora de 1945- el historiador Jan T. Gross. Hoy, escribir lo
mismo lo llevaría a la cárcel. A eso llaman memoria. Histórica.
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