La nueva ley aprobada por el Parlamento de Israel el
miércoles por la noche merece no pocas críticas pero no convierte a Israel en
Irán ni en un estado apartheid.
Destacar lo que está mal y resulta nocivo en la «ley de
nacionalidad» no tiene que llevar a afirmaciones totalmente exageradas,
que no reflejan la realidad.
Por primera vez en sus 70 años de historia, el Estado de
Israel promulgó una ley que apunta a definir su identidad nacional, los
atributos y símbolos de la misma. Se trata de la «Ley Básica:
Israel-Estado Nación del pueblo judío».
Una ley de este tipo, que apunta a dejar grabada para la
eternidad la definición misma de Israel como Estado del pueblo judío, debería
haber sido elaborada de modo que llegue a votación como producto del consenso
más amplio posible entre gobierno y coalición. Que una ley de contenido tan
fundamental se convierta en una tormentosa polémica, estaba de más.
En sus primeros incisos, la ley señala que Israel «es
el hogar nacional del pueblo judío en el que realiza su derecho natural,
cultural, religioso e histórico a la autodeterminación». Lo que es
considerado por muchos como una afirmación obvia desde la creación del Estado,
no estaba incluido explícitamente en una ley fundamental, hasta ahora.
Según Netanyahu
«en los últimos años ha habido quienes intentaron poner en duda que este
es nuestro país». Con ello cabe suponer que se refería también a voces
entre los propios diputados árabes en el parlamento israelí, que han llamado a
que Israel sea formalmente «Estado de todos sus ciudadanos», lo cual
borraría el carácter judío del país, aunque es el único Estado judío del mundo.
Es oportuno recordar que según un estudio de hace algo menos
de un año, del Instituto Centro de Investigación PEW, 43 países del mundo
tienen una religión oficial (la mayoría de ellos musulmanes), mientras otros 40
tienen una actitud preferencial respecto a una religión, generalmente a
diferentes expresiones del Cristianismo. La ley israelí, de todos modos, no
habla de la religión del Estado, sino de la dimensión nacional del pueblo judío
en su «tierra histórica».
Especial polémica desató el inciso que recalca que el
derecho de autodeterminación nacional es prerrogativa únicamente del pueblo
judío. Consideramos que esto debe interpretarse como una aclaración implícita
de que la minoría árabe, que asciende a un 20% de la ciudadanía de Israel, no
puede proclamar un Estado nacional separado dentro de Israel o una autonomía
nacional.
Sin embargo, según la interpretación de la Unión Europea, el
inciso en cuestión se refiere al bloqueo de una futura autodeterminación
palestina en el marco de un acuerdo entre las partes.
Volviendo a los árabes ciudadanos de Israel, este inciso no
significa que vayan a ser discriminados como tales, sino que como colectivo, no
pueden recibir reconocimiento nacional dentro de Israel.
El Primer Ministro se
refirió explícitamente en el Parlamento a «la igualdad de derechos de
todos sus ciudadanos». Pero uno de los puntos más criticados de la ley es
que igualdad no está mencionada en forma explícita.
«El problema no radica en lo que dice la ley, sino en
lo que calla», nos dice la jurista
Suzie Navot, experta en Derecho Constitucional. «Está perfecto anclar en
la ley el hecho que Israel es el Estado nación del pueblo judío e inclusive
recalcar que el pueblo judío es el único que puede concretar en Israel su
autodeterminación nacional. Pero no está bien que no aparece explícitamente el
principio de la igualdad ante la ley».
El Dr. Amir Fuchs del Instituto Israelí de Democracia nos
dijo que «era necesario reiterar lo que ya está en la Declaratoria de
Independencia y también en otras dos leyes fundamentales: la plena igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley».
Justamente por tratarse una ley de peso constitucional,
debería destacar las dos partes de la definición que siempre acompañó al Estado
de Israel: no sólo Estado judío sino también democrático.
La nueva ley proclama varios atributos y símbolos del
Estado, conocidos como tales desde hace décadas, pero anclados ahora
formalmente en su cédula de identidad nacional: el nombre «Israel»,
la descripción de su bandera y su emblema, y el hebreo como idioma oficial.
Este último punto es uno de los que más polémica ha
desatado, dado que el árabe ya no aparece, como hasta ahora, como otro idioma
oficial sino que se determina que el único idioma oficial es el hebreo y que el
árabe gozará de una posición «especial» que será determinada por ley. Un inciso puntual aclara que ello no
cambiará nada en el lugar del idioma árabe tal cual tenía hasta la promulgación
de la ley. Entonces…¿para qué ofender gratuitamente a todos los ciudadanos de
habla árabe? No se ganó absolutamente nada con ello.
En general se considera que la nueva ley es más que nada
declarativa y que no cambiará nada en la realidad de la vida diaria . Aunque
era legítimo promulgar una ley sobre elementos básicos de la identidad nacional
de Israel, la razón de fondo de la
misma parece ser la competencia política
entre el Primer Ministro Biniamin Netanyahu y el jefe del partido «El
Hogar Judío» Naftali Bennett, por quién aparece como mayor defensor de los
valores nacionales de Israel.
Lo interesante y contradictorio es que esa contienda se haga
con una ley que deja una sensación distinta de la realidad en el terreno. Antes
de fin del 2015, el gobierno de Netanyahu aprobó un plan de presupuesto
quinquenal para la minoría árabe, por un monto de 15 mil millones de shekel
(casi 4 mil millones de dólares), calificado con razón como
«histórico» por la incidencia que tendría en la educación,
infraestructuras, y la economía en general.
Por otro lado, la tensión política interna ha ido en
aumento, por una combinación entre el tono radical de los diputados árabes en
el Parlamento y el carácter nacionalista de la coalición. Esto, aunque en el
terreno, la situación de la ciudadanía árabe es cada vez mejor. Si bien hay
desafíos pendientes, la minoría árabe ha obtenido grandes logros, y está
presente en todas las áreas de actividad de la sociedad israelí, con alto nivel
de preparación académica, altísimo porcentaje de estudiantes en todas las
universidades y una marcada presencia de profesionales, por ejemplo, en todos
los hospitales de Israel.
La nueva ley crea innecesariamente una impresión distinta, arrojando un
resultado nocivo y divisorio y una sensación de ofensa a las minorías no
judías. Eso incluye también a los drusos, que hacen el servicio militar
obligatorio y han sufrido numerosas bajas en la lucha por la defensa de Israel.
Este jueves, los medios israelíes comentaron, sin dar nombres, que altos
jerarcas de la Cancillería israelí criticaron en marcos cerrados la ley,
recordando que hay hoy en día en el servicio exterior israelí más de 20
diplomáticos no judíos, tanto drusos como musulmanes, entre ellos inclusive un
embajador y dos vice embajadores.
Aún sin minimizar todos estos puntos, resulta increíble
escuchar algunas de las reacciones de figuras palestinas a la nueva ley
israelí, desde el ex negociador Saeb Erekat diciendo que «formaliza el
apartheid en Israel», hasta Hanan Ashrawi acusando como siempre a Israel
de todos los crímenes del universo y el portavoz de Hamas Fawzi Barhum
afirmando que Israel es un Estado racista y discriminador que quiere «eliminar
a los palestinos».
Los únicos que han intentado hacer una limpieza étnica en el
territorio de lo que es desde hace 70 años el Estado de Israel, han sido los
árabes, en varias guerras cuyo declarado objetivo fue la eliminación del Estado
judío. No es cuestión de interpretación subjetiva, sino de declaraciones categóricas formuladas por diversos
gobernantes y líderes árabes. Y formalmente, sigue siendo también la aspiración
de Hamas, la organización terrorista que usa a sus civiles para hacer
terrorismo contra la población civil de Israel.
Sí, la ley nos parece criticable. Pero entre eso y un Estado
apartheid, hay años luz de distancia. Lo volvimos a ver este jueves, al viajar
a una serie de entrevistas al hospital Barzilai de Ashkelon. Allí, el Jefe del
Servicio de Anestesiología del hospital, el médico uruguayo-israelí Dr. Pablo
Boksenbojm, nos contó de una fuerte vivencia de hace tan solo unas semanas,
cuyo protagonista fue un palestino de 16 años, miembro de Hamas, que tras
tratar de violar la barrera fronteriza con Israel, fue baleado por soldados
israelíes para frenarle y llegó finalmente al hospital para ser atendido. El
tratamiento inicial lo recibió de los paramédicos militares en el terreno. Cuando lo fueron a desvestir en el hospital
para atenderlo debidamente, notaron que llevaba dos granadas en sus bolsillos,
lo cual podría haber matado a varios miembros del equipo médico.
Fue llamado de inmediato personal especializado para
desactivar las granadas y acto seguido, se procedió a seguir atendiéndolo como
si no hubiera pasado nada. El palestino fue operado cuatro veces, recibió 35
volúmenes de sangre y estuvo en rehabilitación aproximadamente 3 semanas antes
de ser devuelto a Gaza. Y ni siquiera es seguro que la Autoridad Palestina
pague por su tratamiento, ya que el individuo es de Hamas y las heridas se las
causó Israel cuando intentó frenarle. Nadie dudó, sin embargo, si atenderlo o
no.
Minutos antes de escuchar
el relato, en el corredor aledaño al quirófano se cruzaban los médicos
israelíes, mexicanos, un guatemalteco, un español y un palestino de Hebron que
se está especializando en el hospital.
Por más críticas que merezca la nueva ley -a nuestro
criterio no por lo que dice sino por lo
que calla-, Israel sigue siendo un país libre que nada tiene que ver ni con el
apartheid de la ex Sudáfrica, ni con el régimen asesino de Irán.
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