Hay hechos que por su
complejidad histórica no terminan de ingresar al pasado sino mucho después de
ocurridos. Insisten largo tiempo en reivindicar su actualidad. Su discusión y
su análisis no decaen. Su densidad problemática es tal que se tarda en
diagnosticar su naturaleza y apaciguar la polémica que suscitan. Requieren,
para que cese su debate, un momento propicio, una hora adecuada. Y a veces esa
hora puede tardar siglos en llegar. Es lo que parece haber sucedido en España
con el edicto de expulsión de los judíos firmado en marzo de 1492 por Fernando
e Isabel, reyes de esa nación en sus horas fundacionales.
En junio pasado, el
gobierno de Mariano Rajoy logró que se aprobara la ley que puso fin a la
vigencia formal de aquel remoto documento al otorgar nacionalidad española a
los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV. Ganó concreción así
un anuncio formulado en 1992 por el entonces rey Juan Carlos I. Al rememorar lo
sucedido 500 años atrás, afirmó: «No debemos decir que los judíos en
Sefarad [topónimo de España en hebreo] se sienten como en casa, porque los
hispanos judíos están en su casa».
Cuenta una leyenda
acuñada hace ya mucho que los judíos echados de España, tras habitar su suelo
durante más de mil años, guardaron al partir una copia de las llaves de sus
hogares. Esas llaves, al igual que la lengua ladina que con ellos se llevaron,
fueron legadas de generación en generación. Así dieron sostén simbólico a la
esperanza de regresar algún día a su añorada Sefarad. Herrumbradas esas llaves
por el tiempo, no lo fueron por el olvido. La memoria de lo perdido no se
debilitó en esa larga descendencia. La posibilidad del retorno, finalmente, se
ha hecho realidad. Quien así lo desee y pueda probar razonablemente que
proviene de un expulsado del siglo XV recibirá un pasaporte español. Entre las
palabras «llave» y «pasaporte» no hay, en esta ocasión,
mayor distancia. Más aún: ellas pasan a ser sinónimos para los sefaradíes de
nuestro tiempo que, residiendo en distintas partes del mundo, aspiren a obtener
la nacionalidad española. Una y otro están hechos para facultar el ingreso,
recordar una proveniencia y legitimar una identidad.
Isaac Querub preside la
Federación de Comunidades Judías de España. En ella se encuentran registradas
50.000 personas, sefaradíes en su mayoría. Viven en España sin que para eso
fuese necesario un decreto habilitante. Allí están desde los años del
franquismo. La nueva ley, en consecuencia, responde a otro imperativo que
facultar el restablecimiento de los judíos en el país. Se trata de una
reparación moral. Se trata de saldar una cuenta pendiente que la memoria
política de España mantenía consigo misma.
A juicio de Querub, la
ley ahora aprobada por el Parlamento español «rectifica un error histórico
y [con eso] se hace justicia». Me pregunto si se trata de un «error
histórico». ¿Podemos juzgar con parámetros actuales decisiones tomadas más
de cinco siglos atrás? Por supuesto, no se trata de justificarlas, y menos aún
de coincidir con ellas. Se trata de entender las circunstancias y las
perspectivas en juego que les dieron origen. ¿Hubiera podido la España católica
del siglo XV alcanzar su cohesión interna y desplegar luego sus ambiciones
imperiales entre fines de ese siglo XV y casi todo el siguiente sin que mediara
en ese proceso el ideal de la homogeneidad religiosa? La historia contrafáctica
alienta la especulación imaginativa, pero también promueve una desmesurada
propensión a creer que los hechos de ayer podrían haber sido de otra manera. No
es así. Son como fueron y sus causas tienen la explicación que les brindan su
momento y su contexto. Nada nos obliga a coincidir con ellas. Pero no se las
puede relativizar especulativamente ni se las puede desconocer. Lo mismo vale
para el presente. España llega a reconciliarse formalmente con los judíos en el
siglo XXI porque ya es una nación plenamente constituida y democrática. A diferencia
de lo que sucede en otros Estados europeos, ninguna de sus fuerzas políticas
necesita recurrir al antisemitismo para afirmarse en el escenario del poder.
De igual modo, también el
catolicismo en el siglo XX supo buscar la reconciliación con los judíos. Fue
decisivo su pedido de perdón a quienes condenó y persiguió incansablemente. Y
eso tuvo lugar porque la Iglesia ha reconocido cuáles son hoy las fronteras de
su credibilidad pública y los desafíos tanto teológicos como políticos que en
el presente le plantea su porvenir. Por eso, a mi entender, la España moderna
no podía rehuir la necesidad de invalidar la vigencia simbólica que aún seguía
teniendo aquel decreto de 1492. Debía hacerlo mediante una ley de igual
envergadura. Y así fue. Con eso, no alteró su pasado. Lo que hizo fue modificar
la incidencia simbólica de ese pasado sobre su presente al declarar españoles
reconocidos a quienes provienen de aquellos judíos que fueron desconocidos como
españoles.
También en Israel produjo
conmoción esta ley de reparación moral. Se estima allí en 3.500.000 a los
potenciales beneficiarios de la resolución. Es decir, casi la mitad de la
población del país. Es factible que no falten entre ellos quienes se
entusiasmen con la idea de contar con doble nacionalidad. Más tarde o más
temprano podrían hacer uso de ese privilegio. El panorama económico y laboral
sigue siendo más propicio en Israel que en España. Pero la guerra, que no deja
de minar la fe de muchos en una vida normal para el Estado judío, podría obrar como
un factor determinante en la valoración de ese pasaporte inesperado.
Por lo demás, es preciso
no olvidar lo que se hizo si se quiere apreciar debidamente lo que ahora se
hace. Sólo así la trascendencia de esta medida podrá ser ponderada en su real
magnitud. Más de 150.000 judíos se vieron forzados a abandonar España entre el
31 de marzo y el 31 de julio de 1492. Dejaron el reino tras soportar las
imposiciones de la persecución, el tormento físico, la degradación moral y la
extorsión económica. La expulsión fue aconsejada a los reyes por el Santo
Oficio. Torquemada, jefe de la empresa inquisitorial, concluyó que su faena no
había surtido los efectos buscados. Los conversos seguían secretamente apegados
a su vieja religión. Dos mil judíos quemados en plaza pública entre 1480 y 1492
no aleccionaron a esa comunidad «empecinada en el mal». La brutalidad
de los procedimientos empleados por la Santa Inquisición llegó a oídos del
papa. El Tribunal de Sevilla, escribe escandalizado Sixto IV a los reyes
católicos, bien lejos está de obrar con «el fervor por la fe y la
preocupación por salvar almas». Todo lo contrario, afirma el papa. Para
pesar de la Iglesia, lo mueven en su proceder, además de la crueldad, «la
codicia y el espíritu de lucro». De nada sirvió esa queja que fue también
una denuncia. Torquemada jamás perdió el respaldo de los reyes.
No faltaron en la época
las plumas prestigiosas de quienes aplaudieron los procedimientos aplicados por
Torquemada y la firmeza con que Fernando e Isabel expulsaron a los judíos.
Pico de la Mirandola,
celebrado humanista italiano, no dudó en afirmar que «aquel rey cristiano
entre los cristianos [Fernando de Aragón] se sitúa [por lo que hizo] por encima
de todas las alabanzas». Maquiavelo tampoco ahorra elogios a los reyes por
librarse de los «marrani». Ya se sabe que, para el autor de El
príncipe, la religión no fue otra cosa que una herramienta de la política.
Asegura Maquiavelo que Fernando el católico la utilizó como nadie. Fue el
creador del gran Estado español. Y para lograrlo y superar el odioso obstáculo
judío, no vaciló en recurrir a la «pietosa crudeltà».
La ley del pasado mes de
junio opera, como dije, en un orden simbólico. Pero también lo hace en un plano
político. Sus efectos sociales son evidentes. Y aun sus efectos psicológicos.
Impide que la última palabra de la monarquía en torno a los judíos la siga
teniendo, formalmente hablando, un edicto que acumula más de medio milenio de
antigüedad y que menoscaba la significación de los judíos como parte constitutiva
de la ciudadanía española. Se trata de un paso gigantesco. No derrota el
prejuicio antisemita, pero lo impugna rotundamente mediante una voz innovadora.
No solicita el perdón de quienes descienden de los judíos afectados, pero se
reconoce en ellos y los nombra como expresión de su propia identidad nacional.
Hace lugar, repito, a una reparación moral y revela una conciencia autocrítica
profunda. Una revalorización innegable de los condenados de ayer en la persona
de quienes hoy perpetúan su memoria. Evidencia, en suma, la decisión de
reconocerlos como expresión de una España plural, abierta a su propia
heterogeneidad.
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