Una investigación
periodística de AP revela que casi 40 tuvieron el subsidioJakob Denzinger es un
antiguo guarda del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz
(Polonia). Tiene 90 años y vive en su Croacia natal. En 1989 abandonó
voluntariamente Estados Unidos al que había llegado tras la Segunda Guerra
Mundial, pero hoy sigue cobrando una pensión de jubilación que le paga EEUU.
Recibe alrededor de 1.500 dólares (1.170 euros) al mes -casi el doble del
sueldo promedio de un trabajador croata-, fruto de su contribución al fisco
estadounidense. Denzinger no hace nada ilegal: se beneficia de que ninguna ley
establece que un delincuente que no ha sido expulsado formalmente de EE UU
tenga que dejar de recibir ayudas del sistema de Seguridad Social.
Este anciano es una de
las decenas de personas con un pasado nazi que cobraron o siguen cobrando sus
pensiones tras ser forzadas a abandonar EE UU, cuyos casos han sido destapados
por una investigación de dos años de la agencia de noticias Associated Press
(AP). Desde 1979, al menos 38 de los 66 sospechosos nazis que salieron de EE UU
mantuvieron los subsidios. Y de éstos, al menos cuatro -incluido Denzinger-
siguen vivos y residen en Europa, según los resultados de la investigación
difundidos el lunes. Los pagos de las arcas norteamericanas ascienden a
“millones de dólares”.
Ninguna ley establece que
un delincuente que no ha sido expulsado formalmente de EE UU tenga que dejar de
recibir ayudas públicas
La revelación desató
reacciones inmediatas. La Casa Blanca lamentó que los pagos sean legales.
“Nuestra posición es que no creemos que estos individuos deban estar recibiendo
estos beneficios”, dijo el portavoz Eric Schultz. El Departamento de Justicia
se mostró “abierto” a considerar cualquier propuesta de cambio legislativo.
Algo que una congresista demócrata avanzó que hará. Hace más de una década
fracasó en el Capitolio una propuesta de ley que hubiese hecho que cualquier
colaborador del régimen nazi (1933-1945) perdiera las ayudas sociales al salir
voluntariamente de EEUU.
Según algunas
estimaciones, hasta 10.000 participantes del horror nazi emigraron a este país
tras finalizar en 1945 la Segunda Guerra Mundial. De entre casi la cuarentena
de casos destapados por AP que siguieron cobrando ayudas sociales tras
abandonar EE UU, hay agentes de las SS que protegían campos de concentración;
un guarda que participó en la masacre del gueto de Varsovia en la que murieron
unos 13.000 judíos; un colaborador que ayudó en el arresto y ejecución de miles
de judíos en Polonia o un científico de misiles para los nazis.
La Oficina de Investigaciones
Especiales (OSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, creada
en 1979, es el ente encargado de localizar en EE UU a personas que colaboraron
con el nazismo. Para la OSI, según apunta la investigación periodística, que
los criminales nazis mantuvieran sus pensiones tras abandonar EE UU era
percibido como una suerte de mal menor, ya que permitía acelerar su salida del
país. Lo que a su vez aumentaba teóricamente las posibilidades de que fueran
llevados a los tribunales en Europa, pues en EE UU no podían ser juzgados.
Según la investigación
periodística, el Departamento de Justicia usó el mantenimiento de las ayudas
para ganar tiempo al persuadir a los sospechosos nazis de que salieran
voluntariamente de EE UU
Muchos de los colaboradores
nazis habían conseguido la ciudadanía estadounidense. Y revocársela podría
acarrear hasta diez años de batalla legal si se demostrara, por ejemplo, que
mintieron a las autoridades de migración al ocultar su pasado oscuro. En
paralelo, la deportación y la extradición también eran complejas dado que
ningún país quería aceptarlos y muy pocos habían presentado cargos contra
ellos.
Según documentos y
declaraciones de diplomáticos obtenidas por AP, la OSI utilizó el mantenimiento
de la pensión de jubilación como una herramienta para persuadir a los
colaboradores nazis de que salieran voluntariamente de EE UU y aceptaran la
pérdida de ciudadanía. Un extremo que negó el lunes el Departamento de
Justicia, aunque admitió que esos individuos se marcharon voluntariamente. La
investigación revela que estas prácticas enfurecieron al Departamento de
Estado, a la Administración de la Seguridad Social y a varios países europeos.
Pero hasta el lunes eran totalmente desconocidas para la opinión pública.
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