Todos defendemos la libertad de expresión, pero muchos entendemos que ésta no puede amparar al discurso de odio. El discurso de odio está en la base de todas las formas de racismo y discriminación y debe ser sancionado por el Estado.
La omisión del Estado en perseguir estas conductas tiene consecuencias de diverso grado de gravedad bien conocidas en el mundo entero, al punto de que han sido objeto de preocupación incesante de organismos internacionales.
Fiscalía Uruguay
Jorge Díaz Almeida
