Autor: Super Admin

Desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en el mes de febrero se ha desatado en Egipto una feroz lucha política según la tónica ideológica, generacional y de clase correspondiente. La caída del muro autoritario, alzado hace más de medio siglo, ha dado lugar a un nuevo despertar y a un resurgimiento de la política de comunicación y movilización social. El desafío planteado a las actuales autoridades militares de Egipto es un ejemplo de ello. Después de décadas de ser proscritos y perseguidos, los activistas religiosos, o islamistas, han aflorado como una fuerza fundamental, movilizando abiertamente a sus partidarios, que se cuentan por millones, y reclutando nuevos miembros. Entre todos los islamistas, los Hermanos Musulmanes poseen una amplia base social, alrededor de medio millón de miembros, y una imponente maquinaria política. Fundada en 1928, la organización islamista no participó activamente en las protestas que derrocaron a Mubarak, pero desde entonces ha movilizado a sus seguidores en un recién constituido partido político, Libertad y Justicia.

Las autoridades libias no permitirán que Saif al Islam sea juzgado en La Haya. Trípoli no entregará a Saif al Islam a La Haya. Así lo ha sentenciado el ministro libio de Justicia y de Derechos Humanos, Mohamed Allagui. «En una sola palabra: no vamos a entregarlo», ha sentenciado el titular. El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) había aterrizado este martes por la mañana en Trípoli para entrevistarse con las nuevas autoridades libias pocos días después del arresto de Saif al Islam, hijo del fallecido dictador Muamar Gadafi.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió la renuncia del presidente Bashar al Assad para evitar lo que calificó como un mayor derramamiento de sangre. “Por la salvación de su pueblo, de su país y de la región, deje ahora el poder”, clamó desde Ankara. Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas hizo escuchar su voz al condenar, mediante una resolución difundida ayer, la represión y persecución que el gobierno sirio implementa para contrarrestar las manifestaciones en contra del régimen de Assad. Según el texto de la resolución, que fue llevado al recinto por la Comisión de Derechos Humanos, la ONU invitó al gobierno de Damasco a que ponga en práctica el plan de acción de la Liga Arabe.

Sameh Attallah era parte de esa «mayoría silenciosa» que confiaba en que el ejército dejaría el lugar a un gobierno civil después de las protestas que terminaron por derrocar a Hosni Mubarak en febrero. Durante nueve meses, Attallah se quedó en su casa mientras otros ganaban las calles para exigir rápidas reformas. Eso cambió. Ahora, convencido de que la junta militar pretende aferrarse al poder, Attallah se sumó a las protestas, que ya costaron la vida de más de 35 personas.